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En dos procesos distintos, la Fiscalía General de la Nación imputó a cuatro policías de Medellín por el delito de concusión.
En el primer caso, fueron enviados a la cárcel los patrulleros de la Policía Nacional Juan Antonio Mejía Serrano y Luis Alberto Fernández Pelufo. De acuerdo con la investigación, los uniformados habrían exigido $10 millones a un comerciante el pasado 5 de mayo, a cambio de no capturarlo por ser un presunto hackeador y clonador de tarjetas.
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“Poco antes de ser abordado por los uniformados, la víctima había retirado una suma superior a los $30 millones en cajeros electrónicos del barrio Laureles de Medellín”, señaló el ente acusador. Todo parece indicar que mientras uno de los policías cobraba la suma de $10 millones en un vehículo, el otro patrullero los acompañaba en una motocicleta oficial. La defensa de los procesados apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín.
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En el segundo caso, la Fiscalía apeló la decisión de un juez de control de garantías de Medellín en la que dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros dos patrulleros de la Policía, presuntamente implicados en un caso de concusión ocurrido el 3 de marzo.
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Se trata de los patrulleros Gleimer José Ballesteros y Andrés Camilo Arredondo Soñett, señalados de exigir $2 millones a una persona para devolverle una moto que ellos mismos habrían inmovilizado de manera arbitraria en el corregimiento San Antonio de Prado.