La Procuraduría General de la Nación pidió respuestas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y a los operadores Afinia y Air-e, sobre irregularidades en la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
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De acuerdo con la entidad, han recibido denuncias de pequeñas agremiaciones, vocales de control, personeros municipales y de la comunidad en general, en las que alertan sobre suspensiones e interrupciones del servicio, inconformidades en la facturación, falta de claridad en el procedimiento de cobro y preocupación por las conexiones fraudulentas que implican que esos consumos lleguen a los usuarios legalizados.
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Por otro lado, la Procuraduría advirtió que los ciudadanos tenían gran expectativa por la llegada de los nuevos operadores en reemplazo de Electricaribe y que, a pesar de esto, sigue existiendo una gran desconfianza por parte de las comunidades, pues no perciben cambios en las condiciones del servicio. Asimismo, dio a conocer inconformidades de varios sectores con respecto a la instalación de medidores inteligentes, pues ha habido cobros de hasta $1 millón para familias de estratos dos y tres.
Un reporte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) reveló que el servicio de energía eléctrica fue el que recibió mayor número de reclamos en 2021, con cerca de 110.000 solicitudes. Las compañías Afinia y Air-e de la región Caribe, así como Codensa y EPM fueron las que más tuvieron quejas.
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Las zonas del país con el mayor número de reclamos por la prestación del servicio de energía eléctrica fueron Bogotá, Atlántico, Bolívar, Valle de Cauca, Santander y Antioquia.