Procuraduría suspende a alcaldesa de Socorro por irregularidades en contratación
Claudia Luz Alba Porras fue suspendida por cinco meses. La mandataria deberá separarse del cargo de manera inmediata por contratar a una corporación para la atención de 120 adultos mayores que no tenía ninguna idoneidad para esa actividad.
Claudia Luz Alba, alcaldesa de Socorro (Santander), fue suspendida de su cargo por cinco meses. La Procuraduría Regional de Santander comprobó que la mandataria local suscribió el Convenio de Asociación No. 20030103, con la corporación Rayos de Esperanza, para la atención de 120 adultos mayores, a pesar que la institución no tenía la idoneidad y experiencia exigida para la ejecución del contrato, dada su reciente creación.
De acuerdo con la entidad, el proceso contractual fue por un valor de $125.756.280. La defensa de la alcaldesa intentó justificar la elección de esa corporación, pero no fue suficiente porque las hojas de vidas de los empleados vinculados al proyecto no concordaban con el perfil que se necesita para atender a adultos mayores. Por ejemplo, estudios en gerontología u otro conocimiento especial para el cuidado de adultos mayores.
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La Procuraduría expuso que Alba tenía la responsabilidad de garantizar el aislamiento de las personas de la tercera edad y respetar las directrices dadas por ella misma, luego de los decretos que ordenó para evitar la propagación del COVID-19. Siendo consecuente con el decreto, no se podía contratar actividades que pudieran poner en riesgo la vida de los adultos mayores o permitieran la vinculación de entidades que no cumplían con los requisitos de ley.
Por ahora, la defensa la alcaldesa puso un recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.
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Claudia Luz Alba, alcaldesa de Socorro (Santander), fue suspendida de su cargo por cinco meses. La Procuraduría Regional de Santander comprobó que la mandataria local suscribió el Convenio de Asociación No. 20030103, con la corporación Rayos de Esperanza, para la atención de 120 adultos mayores, a pesar que la institución no tenía la idoneidad y experiencia exigida para la ejecución del contrato, dada su reciente creación.
De acuerdo con la entidad, el proceso contractual fue por un valor de $125.756.280. La defensa de la alcaldesa intentó justificar la elección de esa corporación, pero no fue suficiente porque las hojas de vidas de los empleados vinculados al proyecto no concordaban con el perfil que se necesita para atender a adultos mayores. Por ejemplo, estudios en gerontología u otro conocimiento especial para el cuidado de adultos mayores.
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