Con 24 votos a favor avanzó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto que busca asegurar que el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas quede en manos del Estado. De esta manera, el acto legislativo, que forma parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, pasa a su último debate en la plenaria de esa corporación.
En su artículo principal, la iniciativa señala expresamente la prohibición de la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial o privado de grupos ilegales armados y organizados, lo que incluye a paramilitares, autodefensas y guerrillas.
Fue la propuesta presentada por los representantes Pedro Pereira, Jaime Buenahora y Clara Rojas, entre otros, la que finalmente determinó el texto del articulado al incluir también a los grupos guerrilleros.
Asimismo, se excluyó la palabra “tolerancia” dentro de las prohibiciones y se eliminó un último párrafo que señala que “la ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes”.
Precisamente eran esos los asuntos que más preocupaban a la oposición, encabezada por el Centro Democrático, pues inicialmente no estaban incluidos los grupos guerrilleros y porque el término “tolerancia” dentro del artículo motivaría la persecución contra quienes estuvieran en desacuerdo con lo firmado entre el Gobierno y las Farc.
De hecho, el representante Álvaro Hernán Prada calificó como “imbécil” la iniciativa al considerar que el monopolio de las armas por parte del Estado es un asunto que ya ha sido determinado por la propia Corte Constitucional.
Las críticas no sólo llegaron por parte del Centro Democrático. El representante Albeiro Vanegas, de la U, también hizo reparos al cuestionar si era necesario o no un acto legislativo de esa naturaleza.