La fuga de 34 reclusos de alta peligrosidad, registrada durante el motín del pasado lunes en el Centro Transitorio Norte de Santa Marta, mantiene en vilo a la ciudad y bajo presión a las autoridades, que aún no logran ubicar a los internos que huyeron en medio del desorden. Aunque la situación fue controlada hacia el mediodía del martes, el impacto en la seguridad sigue latente.
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De acuerdo con reportes oficiales, los privados de la libertad aprovecharon los momentos más críticos del disturbio —marcados por enfrentamientos, incendios y pérdida de control de las autoridades— para salir sin mayores obstáculos.
Si bien en un inicio el número de fugados fue mayor, varios regresaron por su cuenta, pero 34 permanecen prófugos y ya fueron plenamente identificados por las autoridades.
El episodio no solo dejó en evidencia la fragilidad en la custodia de este tipo de centros, sino que también generó alarma entre la ciudadanía.
Testigos y comerciantes relataron escenas inusuales durante la emergencia, como la salida de algunos reclusos hacia la Bahía para bañarse en el mar y su posterior regreso sin ningún tipo de restricción.
Mientras tanto, el temor se ha extendido entre los habitantes, especialmente por el perfil de los fugados, varios de ellos vinculados a delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y hurto agravado. La incertidumbre sobre su paradero ha obligado a reforzar la presencia policial en distintos sectores.
Recompensa y despliegue operativo
Ante la magnitud de la fuga, la Policía Metropolitana de Santa Marta activó un plan de búsqueda en toda la ciudad y sus alrededores. Como parte de la estrategia, se divulgó el cartel con los rostros de los 34 prófugos y se anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que permita su captura.
Entre tanto, el alcalde Carlos Pinedo Cuello confirmó que los fugitivos están plenamente identificados y aseguró que las autoridades trabajan sin descanso para lograr su recaptura.
“Los 34 fugados del Centro Transitorio Norte ya están plenamente identificados. Con la Policía Metropolitana desplegamos operativos en toda la ciudad para su recaptura”, dijo el mandatario.
Además, reiteró el incentivo económico para acelerar resultados: “Ofrecemos hasta 5 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicarlos. Aquí no hay espacio para la impunidad”.
También hizo un llamado directo a la ciudadanía: “Invitamos a denunciar de manera segura y oportuna cualquier información”, indicando que el apoyo ciudadano será clave en el proceso de recaptura.
Llamado urgente al Gobierno nacional
En medio de la crisis, el mandatario distrital hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para atender de fondo la situación carcelaria que enfrenta la ciudad.
Según indicó, el Distrito cuenta con los recursos necesarios para avanzar en el traslado de los sindicados, pero requiere la articulación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Justicia. “El Distrito está actuando con toda su capacidad para atender la contingencia, pero esta situación evidencia la crisis estructural del sistema carcelario en el país”, advirtió.
En ese sentido, insistió en la necesidad de acciones urgentes desde el nivel nacional: “Santa Marta cuenta con los recursos para avanzar en el traslado de los sindicados, pero es urgente coordinar acciones de fondo”.
Impacto en el comercio y la vida urbana
El motín y la posterior fuga también golpearon la dinámica económica del centro de Santa Marta. Durante más de 15 horas, comerciantes de la carrera Quinta y sectores aledaños se vieron obligados a cerrar sus locales ante el temor de saqueos y nuevos disturbios.
La parálisis en una de las principales zonas comerciales de la ciudad dejó pérdidas económicas y reavivó un reclamo recurrente: el traslado del Centro Transitorio Norte fuera del perímetro urbano. Los comerciantes aseguran que este tipo de episodios no solo afecta sus ingresos, sino que pone en riesgo su integridad.
Una crisis que sigue abierta
Más allá de la recaptura de los fugados, lo ocurrido en Santa Marta vuelve a poner sobre la mesa las fallas del sistema de detención transitorio en Colombia.
Espacios diseñados para estancias cortas operan hoy como cárceles improvisadas, con altos niveles de hacinamiento y sin las condiciones necesarias para garantizar seguridad.
Mientras avanzan los operativos, la ciudad enfrenta las consecuencias de un sistema desbordado, con una institucionalidad que insiste en que la solución requiere una respuesta de fondo desde el nivel nacional.