Soldados retenidos por guardia indígena en el Chocó fueron liberados

El ministro de Defensa pidió interponer acción judicial contra responsables de este hecho en Carmen de Atrato.

Foto: Cortesía

Los nueve militares retenidos por la guardia indígena de la comunidad Consuelo Bajo, zona rural del municipio de Carmen de Atrato (Chocó), fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la retención causó un enfrentamiento entre organizaciones de pueblos originarios que defienden su autonomía en los territorios y la aplicación de la justicia indígena; y el Gobierno que, a través del Ejército, aseguró que pondrá una denuncia por secuestro en la Fiscalía.

Los uniformados se encuentran en buenas condiciones de salud física, aunque fueron trasladados hasta Quibdó para recibir la atención médica y psicológica correspondiente. Al tiempo, con la etiqueta #JusticiaIndígenaNoEsSecuestro, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), rechazó el calificativo que el Ejército le dio a esta acción.

El origen de esta controversia se dio cuando nueve militares fueron retenidos y posteriormente amarrados por indígenas mientras se adelantaba un operativo en contra de alias Alexis del Eln.

La guardia indígena asegura que ellos confundieron a los militares con miembros de los grupos armados ilegales. Sin embargo, el general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, contó que tras la confusión, lograron que los militares fueran desamarrados, pero continuaron retenidos desde el lunes 8 de marzo hasta este martes 9, cuando se dio la liberación.

Alfonso Queragama, gobernador indígena, le dijo a Blu Radio que la captura se dio luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de hombres armados, que, según dijo, dispararon e hirieron a dos miembros de la guardia. De hecho, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), alertó en un video sobre el desplazamiento de 17 familias de la comunidad El Consuelo, parte baja en Carmen de Atrato. Según denuncian, seis hombres armados habrían disparado en su contra dejando un herido.

Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), salió en defensa de las comunidades y aseguró que las dudas de los indígenas eran evidentes. “En una zona de guerra ¿Qué hacían solamente nueve soldados? ¿Los soldados ahora usan botas de caucho? ¿Ahora los militares son barbados? ¿Esas insignias son del Ejército?”, fueron las preguntas que puso a consideración.

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“Los pueblos indígenas estamos ante el recrudecimiento de la violencia y ante los graves señalamientos por parte del Ejército Nacional y de altos funcionarios del gobierno de Iván Duque”, dijo la Onic para invitar a participar en la twiteraton a la que convocaron.

El ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a este caso, señalando que “nadie puede obstaculizar a la Fuerza Pública en cumplimiento de función constitucional de proteger a los colombianos”.

Las comunidades indígenas argumentan que ellos solo actuaron en defensa de sus territorios. Sin embargo, parece que esa no es una excusa validad para el Ejército. “No hay ninguna norma que le permita a la guardia indígena retener a una persona en contra de su voluntad, amarrarla, humillarla no permitirle cumplir con sus deberes, que en este caso son funcionarios públicos (...) Es un secuestro, asonada contra la fuerza pública, porque se identificó violencia contra servidor público. Y estamos verificando el posible delito de tortura, porque al amarrar a una persona eso puede generar ese delito”, afirmó el comandante de la Séptima División del Ejército.

Otro de los lideres indígenas que se sumó a la twiteraton fue Feliciano Valencia, congresista e indígena Nasa, quien mencionó que “las prácticas y procedimientos propios que regulan la vida social de los pueblos y naciones indígenas son legítimos”.

Frente a estos hechos, el Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, apoyó la idea de llevar el caso a la Fiscalía. “Indígenas secuestradores de soldados son parte de red de valor de narcotráfico. Delincuentes que se amparan bajo jurisdicción indígena, convertida en garantía de impunidad, y que se esconden en algunos resguardos transformados en santuarios del crimen. Urge reforma constitucional”, escribió en su cuenta de Twitter.

A su turno, la Onic rechazó los señalamientos de Guarín y aseguraron que sus declaraciones estigmatizan y ponen en grave riesgo la vida y seguridad de las comunidades indígenas.