“Salvajes, aborígenes, menores de edad, incapaces”, así describe Germán Aguilar Epieyú, reconocido pütchipü (palabrero), la concepción que hasta hoy tiene el Estado colombiano de los pueblos indígenas. “Y tal como lo piensan, escriben la ley”, concluye. Según él, es esa visión excluyente y sus consecuencias de corrupción y abandono la raíz profunda de la crisis wayuu.
Perteneciente a la casta más numerosa, la Epieyú, y miembro de una familia de palabreros, Aguilar Epieyú creció entre la ranchería y los colegios de los capuchinos negociando mecanismos de reconciliación de identidades contrapuestas. Ya bachiller viajó a Bogotá para hacerse matemático de la Universidad Nacional y fue allí donde una dieta de aguapanela con pan le enseñó los rigores del hambre, carencia desconocida para un wayuu de su generación. La muerte prematura de su padre le redefinió la ruta y terminó convertido en economista de la Universidad Cooperativa y auditor de la Contraloría General.
Tras quince largos años en la capital, su cuerpo cedió al frío y Aguilar Epieyú regresó a La Guajira, en donde comenzó a viajar con sus mayores aprendiendo el delicado arte del diálogo y la reparación. Su capacidad para navegar tanto “la norma” colombiana como “la palabra” wayuu lo ha destacado en ambos mundos y es desde esta fluidez que conversó en exclusiva para El Espectador sobre la crisis humanitaria que atraviesa la nación indígena más grande del país y cómo el destino de Colombia está necesariamente ligado a la suerte de los pueblos originarios.
La desnutrición, la muerte infantil, la sequía y el abandono estatal no son nada nuevo en La Guajira. ¿Qué disparó las alarmas en los últimos meses?
La Guajira es cabeza del mapa colombiano y como cabeza debería ser el modelo que todos los demás imiten. El Estado lo reconoce, pero no lo aplica. En estos momentos el pueblo wayuu está siendo azotado por una crisis humana por parte del Estado y una crisis de la naturaleza, que antes nos permitía sobrevivir. Nosotros teníamos nuestra economía tradicional, a través de la artesanía, el pastoreo, el cultivo de la tierra, se sembraba patilla, melón, teníamos el árbol de la aceituna, la cereza, el guamacho, y demás árboles a orillas del río Ranchería, y los animalitos que cazábamos, el venado, el conejo y las aves que podían comerse, hasta lobitos, pero ya no existen. Al no haber agua, ¿qué vamos a sembrar? Ya no hay árboles que comer, no hay animales, ni siquiera pastoreo de chivos, ovejas y vacas. Es lo que yo les he dicho a los funcionarios de Bienestar Familiar: dennos agua y de lo demás nos encargamos nosotros. Pero que no vengan a hablar de reservorios, de molinos y pozos, porque esos se vuelven propiedad individual y no resuelven lo colectivo.
Una de las explicaciones de la desnutrición y las muertes infantiles es que ciertos rasgos de la cultura wayuu, como el embarazo adolescente, han agudizado el problema y dificultan la implementación de políticas públicas. ¿Qué opina de esto?
Que es una cortina de humo para tapar la situación lamentable del pueblo wayuu, porque nos están vulnerando derechos humanos. El Gobierno no nos ha llevado la infraestructura para nosotros quedarnos tranquilos en las rancherías y nos hemos visto obligados a buscar el casco urbano. Somos desplazados de la necesidad, no del fusil. La mayor parte de los niños mueren en el casco urbano al ser desplazados de la ranchería. Si de verdad nos quieren ayudar tienen que hacerlo en la comunidad, en el entorno, y no obligar a la mamá a que les entregue el niño. ¿Qué mujer wayuu va a entregar un hijo a una enfermera cuando nos han demostrado que la civilización lo que hace es robar niños? Si nos conocieran, si se sentaran con nosotros a concertar, tenga la plena seguridad de que la solución sería definitiva.
Mucho se ha hablado de que la represa del río Ranchería en el sur del departamento es la principal causa de la sequía. ¿Qué piensa usted?
Nosotros tenemos una costumbre y es que el wayuu se traslada de acuerdo al tiempo. Si en la Alta Guajira tengo un rebaño y no hay agua, pero en el río Ranchería sí, miro a quién tengo cercano, amigos y primos, y me acerco con mis animales que se están muriendo para que me permitan estar ahí transitoriamente a cambio de un tributo. Es una norma que está vigente. Igual, el que trabajaba en Manaure, en las charcas, llevaba sal en mula hasta el río Ranchería y hacía el trueque con aquel que era cazador y cultivador. Y el que pastoreaba llevaba la carne seca, la cecina, o el animal vivo, y los cambiaba por productos agrícolas. Por eso yo decía que no [a la represa], porque yo veía el proyecto con otra visión, como parte de mi territorio, porque lo transitorio también es mi territorio. El río era de todos nosotros.
Pero consulta y concertación tuvo que haber, porque es ley.
Ellos les plantearon el proyecto a unos pocos a título personal, y las personas que estuvieron al frente también pensaron de manera personal. Nunca se pensó el impacto que se nos venía encima como pueblo. ¿Qué clanes autorizaron y permitieron que eso sucediera en su territorio para yo mandarles la palabra? No pensaron en el vecino, ni siquiera en su siguiente generación, en su herencia territorial y familiar, y mira por dónde va el daño. Porque ya ni siquiera es el pueblo wayuu sino el pueblo del departamento de La Guajira, wayuu y no wayuu, el que está siendo perjudicado. Esa represa beneficia a los dueños del sistema de riego del sur de La Guajira, para eso se diseñó. ¿De la represa va a haber un acueducto que atraviese el territorio wayuu para que tengamos agua? No, eso no está contemplado.
Lo que usted acaba de hacer es una autocrítica a los propios wayuus.
Obviamente. Y es la crítica que también le hago al Estado. Lo digo con propiedad porque yo me senté con los asesores jurídicos del Cerrejón, cuyo concepto era desvirtuar mi derecho. Así fue cuando trazaron la vía férrea, se sentaron de manera individual ofreciendo prebendas económicas, beneficios personales.
Pero nadie les ha llevado la palabra a los wayuus de esa zona.
Porque los mismos wayuus estamos débiles en la representación de clanes, en esa figura llamada autoridad. No hay a quién llevarle la palabra.
¿Y Cerrejón? Sus voceros hablan de minería responsable.
Eso es una política corporativa que no va dirigida a nosotros sino al mundo entero. Donde se sentaran con nosotros yo les diría que son unos falsos. ¿Por qué no toman fotos de Cuatro Vías [cruce histórico de caminos entre la Alta y la Baja Guajira], de las arepas y el asado de chivo contaminados de carbón? ¿Por qué no toman fotos de Puerto Bolívar hasta el Cabo de la Vela, donde mueren los pescados porque los ahuyenta el carbón? ¿Y los chivos y los indígenas que mueren a diario en la vía férrea? ¿Y la política de no pagar indios cuando uno se les acerca a pedir que reparen los muertos? Esa es la ley wayuu, pedir reparación, pero ellos no la reconocen.
Profundizando en esa idea de la concertación como solución, ¿qué cree usted que puede aprender el país de “la palabra” en el derecho wayuu en la búsqueda de paz?
Hablar de conflicto es complejo, porque no solamente es muertos y armas. Aquí hay conflicto hasta en la forma de educar, en la salud, en el manejo de los recursos económicos, en el modelo de desarrollo. En la ley wayuu la idea no es sólo dialogar sino prever hacia el futuro, que el posconflicto sea nueva convivencia, nuevas reglas de respeto mutuo. Yo no sé si Iván Márquez y los que están allá serían los tíos que garantizan el acuerdo. ¿Tendrán potestad sobre los demás guerrilleros que están en el monte? Otro aspecto: en la ley wayuu la primera condición es cese de hostilidades, así toque reanudar el conflicto después. Aplicando el sistema wayuu, yo diría que la palabra en La Habana es muy débil, no cumple con los procedimientos adecuados para garantizar un resultado positivo. Ojalá el presidente nos preguntara qué opinamos; nosotros le daríamos fortaleza en la palabra.
¿Y cómo ve las posibilidades de reconciliación en el hipotético caso de un posconflicto?
Si analizamos la trayectoria del Estado colombiano, el pacto que se hizo con el M-19, la Unión Patriótica, con los paramilitares, ¿en qué terminaron? En exterminio, el Estado falló. Las bacrim. Ese fue el posconflicto. En el Congreso no hay garantía presupuestal para enfrentar una situación caótica. En la educación está la solución, y para hablar de educación hay que pensar en infraestructura, así como están pensando en 4G y carreteras. Porque cuando esos jóvenes que están cargando los fusiles salgan del monte corren el riesgo de retornar si al llegar aquí no hay dónde estudiar y con qué generar nuevos ingresos. Desde mi perspectiva veo el fracaso de la Constitución del 91, tan hermoso como se escribió. Cuánto derramamiento de sangre indígena para que nos reconocieran. ¿Qué futuro nos espera? Fortalecer las fuerzas oscuras por necesidad urgente, seguir en lo mismo cambiando de nombre.