La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informó este martes que, por imposibilidad jurídica, no tiene competencia para suspender la intervención a la Essmar, ordenada el pasado 22 de noviembre de 2021. La Superintendencia argumentó su posición a partir de un principio general del derecho reconocido por la jurisprudencia colombiana, conforme el cual “nadie está obligado a lo imposible” en el cumplimiento de acciones de tutela.
El comunicado viene aproximadamente un mes después del fallo de tutela, emitido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito, en el que se dejó sin efecto la resolución por medio de la que se ordenó la intervención de la Essmar. La tutela fue interpuesta por el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, quien consideró que la orden de suspensión vulneró el debido proceso.
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La Superintendencia argumenta que “los términos en que está expresado el cumplimiento de la orden de suspender los efectos de la toma de posesión llevarían a la superintendencia a exceder sus competencias y a violar la Constitución y la ley”. La entidad agregó que no es competente para suspender un acto administrativo.
Este acto administrativo, expedido el 22 de noviembre de 2021, ordenó la toma de la Essmar por parte de Superservicios al determinar que la Empresa de Servicios Públicos no tiene las capacidades requeridas para garantizar la calidad, cobertura y continuidad en Santa Marta. La Superintendencia informó que encontró que el agua que reciben los hogares en la ciudad no es apta para el consumo humano y podría generar un riesgo para la salud. Esto lo concluyó el organismo después de dos años de seguimiento, desde que la Essmar inició sus operaciones en 2019.
La intervención ha sido criticada por algunos sectores del gobierno municipal. Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, indicó que el Gobierno “no hace, ni dejan hacer”. Este martes la alcaldesa expresó nuevamente su desacuerdo con la intervención, tildándola de ilegal.
El exalcalde Rafael Martínez también anunció que presentó una denuncia penal contra de la superintendente de Superservicios, Natasha Avendaño, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, prevaricato por acción, abuso de autoridad y por acto arbitrario e injusto. Manifestó que: “En cuanto se conoció que el fallo fue favorable a los intereses del pueblo, la agente interventora Natasha Avendaño emprende una estrategia dilatoria para tratar el mantener el control de la Essmar, empresa pública de los samarios, y solicita aclaración del fallo”.