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El Tribunal Administrativo de Santander suspendió de forma provisional la ordenanza que creó la tasa especial de seguridad en el departamento. La decisión responde a una demanda de nulidad presentada por el representante Cristian Avendaño, los concejales Carlos Parra y Camilo Machado, y el diputado Danovis Lozano.
La medida cautelar detiene el cobro que la Gobernación pretendía aplicar desde septiembre a hogares de estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial. Los recursos serían destinados a programas de seguridad en Bucaramanga y Barrancabermeja.
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La suspensión recae sobre la Ordenanza No. 15 del 29 de abril de 2025, aprobada por mayoría en la Asamblea de Santander. El magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra firmó la resolución del tribunal.
“El Tribunal nos da la razón, porque aparte de inconveniente, tenía múltiples vicios de procedimiento”, dijo Cristian Avendaño. Señaló que no se realizó un análisis de impacto fiscal y que durante el trámite del proyecto se hicieron modificaciones como excluir al estrato 3 del cobro, lo que a su juicio reflejaba improvisación.
La demanda de nulidad con medida cautelar fue interpuesta ante el alto tribunal en mayo. Los demandantes pidieron suspender el cobro antes de que se tomara una decisión definitiva, ya que este comenzaría a aplicarse en septiembre. El tribunal accedió a la solicitud y ordenó la suspensión inmediata.
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El gobernador Juvenal Díaz había defendido la tasa como una herramienta para fortalecer la seguridad ciudadana. “Una tasa que nos va a permitir invertir en tecnología, en movilidad y en convivencia. Ya el decreto está firmado y vamos a iniciar una campaña para informar a la opinión pública”, afirmó en su momento.
El cobro excluía a las viviendas de estratos 1, 2 y 3. La ordenanza fue aprobada con el respaldo de la mayoría de diputados, pero encontró una rápida oposición de sectores políticos que calificaron la medida como regresiva e inconsulta.
Por ahora, la Gobernación de Santander no podrá iniciar el recaudo de esta tasa hasta que se emita una sentencia definitiva. “Habrá que esperar esa decisión final y por los argumentos ya expuestos, seguramente salga a nuestro favor”, advirtió Avendaño.