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La tutela presentada por los habitantes de Providencia y Santa Catalina, para que se acelerará el proceso de reconstrucción de la isla, fue negada por el Tribunal Superior del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La sentencia de segunda instancia estuvo a cargo del magistrado Javier de Jesús Ayos Bautista y confirma así la actuación previa del Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrés, que negó esta acción jurídica el 15 de marzo.
El Huracán Iota afectó el 98% de la estructura del archipiélago en noviembre del año pasado. Tras el desastre natural, el presidente Iván Duque se comprometió públicamente a reconstruir las islas en un plazo de 100 días. Sin embargo, de las 1.074 casas que prometió el gobierno nacional, sólo se han construido 2 en más de 200 días.
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El panorama es aún más grave para los habitantes de la zona si se tiene en cuenta que desde el pasado 1° de junio las condiciones climáticas vienen empeorando debido al comienzo de la temporada de huracanes que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), va a tener este año una actividad mayor a la de los años pasados. Según la Universidad Estatal de Colorado (CSU) la actividad ciclónica podría presentar 17 tormentas, ocho podrían pasar a ser huracanes. Además, cuatro tienen probabilidades altas de convertirse en ciclones de gran categoría.
Debido a las demoras en la reconstrucción de las casas la mayoría de las familias siguen viviendo en carpas y alimentándose a punta de enlatados.
Las casas son uno de los puntos más relevantes para la comunidad, respecto a la reconstrucción, sin embargo los avances son casi nulos. Según la comunidad isleña y la Contraloría, La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter), ha terminado dos viviendas de las 1.134 que fueron decretadas con pérdida total. En un informe entregado por Prosperidad Social, aseguran que son ocho las casas que fueron entregadas a la comunidad. Además, insisten en que han intervenido las cubiertas de 632 casas, de las 865 que tuvieron algún daño en su infraestructura. La Contraloría informó que se demolieron 129 terrenos para la construcción de 60 estructuras, 37 de las cuales ya tienen rediseño.
A raíz de esto, la población interpuso una acción de tutela en la que solicitaron, en primer lugar, que se declarara la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la vida digna, a la salud, la consulta previa, entre otros. Además, también pidieron que se le ordene a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres UNGRD que cumpla con lo establecido en el decreto 1472 del 2020, el cual fue expedido por la Presidencia, en el que se declaró la existencia de una situación de desastre natural.
La tutela interpuesta también manifestaba que el modelo de las viviendas diseñadas no respondía a las necesidades de la comunidad, a la vez que aseguraba que “la construcción de las mismas se ha convertido en un proceso muy lento y poco transparente, pues no se han construido estas viviendas y sólo se han entregado techos a algunas viviendas menos afectadas, los cuales no cumplen con las condiciones anti-huracanes”.
Sin embargo, en la respuesta a las solicitudes mencionadas, se determinó que ante la declaración de la vulneración de derechos fundamentales no se puede tutelar debido a que no existe una amenaza real frente al derecho de la vivienda. Menciona que aunque los isleños tuvieron que refugiarse en carpas debido a la situación, las familias ya están restablecidas en sus casas “gozando de un ambiente sano y en un sitio habitable”.
En el fallo de primera instancia, el juzgado Segundo Penal “fundó su decisión en que no existe una amenaza real frente al derecho a la vivienda de la comunidad isleña, pues según se desprende del informe aportado por la entidad encargada de la atención de este tipo de situaciones, se ha aunado en esfuerzos para atender las necesidades de la comunidad, dedujo el Despacho que la mayoría de las familias que en su momento tuvieron que dormir en las carpas inicialmente dadas por el Gobierno Nacional, a través de la UNGRD, supuestamente de mala calidad, muy seguramente ya han retornado a sus viviendas, y por tanto, no existe amenaza real y cierta de los bienes jurídicos a la vida digna ni a la salud”, según se lee en la sentencia del Tribunal.
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En respuesta a la vulneración del derecho a la salud, el fallo del Tribunal responde que en el lugar se instaló un hospital de campaña, según la información de la Secretaría de Salud del municipio. Así que por esto, al “no reunir ninguno de los requisitos exigidos por la ley” no se puede tutelar esta acción.
Sin embargo, esta misma semana, Susana Correa, encargada de la reconstrucción del Archipiélago, reconoció, en una entrevista con W Radio, que sólo se han terminado dos viviendas nuevas, a la vez que aseguró que 39 están en ejecución, se tienen materiales de construcción para 69 y hay en lista de espera 129 lotes para demolición.
La funcionaria comentó que a finales de junio tendría alrededor de 84 viviendas nuevas listas, lo que no es suficiente, debido a que en los planes iniciales se tenía presupuestado tener 100 a finales de mayo. Las razones de estos atrasos serían varias e irían desde la dificultad para llevar a cabo estas casas por la tecnología escogida, que los planos no concuerdan con los tamaños de los lotes, la falta de materiales y hasta la falta de mano de obra.
Por otro lado, Correa destacó que, a pesar de que la construcción de casas nuevas está demorada, la reparación de casas va bastante adelantada. “A julio 31 vamos a tener 1000 casas reparadas. Hay 877 viviendas para reparar, 673 listas y 146 en ejecución que deben terminarse en este mes”,
Ante la sentencia del Tribunal, la comunidad manifiesta que está preparando una solicitud de selección para que la Corte Constitucional revise el proceso y haga las correcciones necesarias.