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El Gobierno tuvo que rendir cuentas ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por la crisis humanitaria que afronta el departamento de La Guajira por cuenta de la sequía, la falta de agua potable, de saneamiento básico y, también, por la desnutrición infantil que afecta, principalmente, a la comunidad indígena wayuu.
El debate, convocado por el representante Germán Carlosama, del partido Autoridades Indígenas de Colombia, y secundado por Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, arrojó conclusiones que comprometen la acción del Ministerio de Vivienda y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el extremo norte del país.
De acuerdo con el representante Carlosama “el Minvivienda no ha cumplido con la entrega de viviendas con enfoque diferencial. También, es una burla con la comunidad de La Guajira que se esté apoyando solo hasta este momento la construcción de cinco pozos de agua subterránea para los municipios de Riohacha, Manaure y Uribia. Es necesaria la construcción de más pozos y de una política que articule las necesidades y especificidades del pueblo de La Guajira en torno al agua, específicamente de la población indígena, que es la que más ha padecido la falta de agua”.
Los contrastes de la región son abrumadores. De acuerdo con Carlosama, el complejo minero de El Cerrejón (en territorio guajiro) gasta 17 millones de litros de agua para riego diario de caminos, mientras que, según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), un habitante del mismo departamento gasta 0,7 litros de agua no tratada al día para satisfacer todas sus necesidades básicas.
En las respuestas presentadas por el Ministerio para el debate de control queda consignado un plan de obras, la mayoría por terminar, por un valor que supera los $92 mil millones, cuyo propósito es el suministro de agua para once comunidades, cinco de ellas pertenecientes a la etnia wayuu. Sin embargo, advierte que la responsabilidad de prestar servicios básicos corresponde a los municipios y gobernaciones, mientras que la del gobierno central es diseñar políticas públicas y apoyar a las autoridades del territorio.
Además, Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, se comprometió a ejecutar $101.500 millones con recursos del Plan Departamental de Agua, que se destinarán a los acueductos y alcantarillados en Maicao, Riohacha, Fonseca, Uribia, Albania, Dibulla y Manaure.
Pero la falta del servicio de acueducto no es lo más preocupante para los guajiros. Según la representante Robledo, la crisis social es enorme. “El 70% de la población guajira vive en la pobreza y una de cada tres personas sobrevive a la indigencia. En algunos municipios, los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son casi del 100%. Según el DANE, la cobertura de alcantarillado no alcanza ni siquiera al 8%; el 90% no cuenta con agua potable; el analfabetismo en la región es el más alto del país: 60% en la población rural, 13 veces mayor que en Bogotá”.
Sin duda, según las cifras presentadas durante el debate, la niñez es el sector de la población con más urgencias. “En La Guajira, 2.969 niños murieron de física hambre en el lapso de seis años; es decir, dos niños por día (DANE 2008-2013), sin contar el subregistro. El 70% de los niños indígenas sufre de desnutrición crónica (12% para todo el país). Por ejemplo, la prevalencia de anemia en Manaure duplica el promedio nacional: 82%. De acuerdo con el ICBF, la mitad de los niños indígenas sufren de desnutrición o riesgo de desnutrición”, sostuvo Robledo.
De acuerdo con ambos congresistas, el ICBF no está articulando su acción en el territorio con las autoridades indígenas y, además, está llevando proveedores de servicios que desconocen la región. Al respecto, Cristina Plazas, nueva directora de la entidad, sostuvo que estará atenta a recibir todas las denuncias y que los niños de la región serán una prioridad durante su administración.
Al final del debate, congresistas y Ejecutivo coincidieron en que, más que recursos, lo que necesitan los guajiros es transparencia en la destinación e inversión de los recursos. La pregunta la planteó Robledo: ¿A los bolsillos de quién han ido a parar los casi $7 billones que La Guajira recibió en los últimos 12 años?