Durante 20 años, la plegaria con que se identificaron los familiares de las personas que murieron en la aeronave HK-1803 de Avianca, que explotó en el aire por orden de Pablo Escobar, fue una sola: que este crimen atroz no se estancara en la impunidad. Ahora que Clara Eva Montoya Castaño, fiscal 26 especializada de Medellín, notificó que esta barbarie es un delito de lesa humanidad y no prescribirá, una tenue luz se ha encendido en medio de la oscuridad en la que se sumergieron las vidas de estas víctimas desde hace dos décadas.
“Que el caso continúe es un avance, pero que hayan esperado hasta lo último es inconcebible jurídica y humanamente”, reclama Federico Arellano, hijo del tenor y compositor vallecaucano Gerardo Arellano. Federico, que tenía 12 años de edad cuando ocurrió el siniestro, recuerda vívidamente el día de la tragedia : “Encontré a mi mamá desconsolada, tirada en el piso llorando. En la radio, Yamid Amat estaba leyendo la lista de los muertos en orden alfabético. Mi padre fue mencionado entre los primeros”.
Gerardo Arellano tomó el vuelo de Avianca de las 7:00 a.m. de Bogotá hacia Cali porque planeaba asistir a una misa en memoria de su padre, fallecido 20 años atrás. Pero ese 27 de noviembre de 1989 en la noche, era su familia la que transportaba su cuerpo dentro de un ataúd, en un turbulento vuelo que cubría la misma ruta de aquel avión del cual la torre de control tuvo noticia por última vez a las 7:15 a.m., para llevarlo a Buga y enterrarlo en su ciudad natal. “Yo no sé si lo que enterré eran los restos de la humanidad de mi padre”, manifiesta Federico.
A algunos sólo les quedó inhumar el recuerdo de sus seres queridos ante la imposibilidad de hacerlo con un cadáver. Entre ellos están Magdalena Gómez, su padre Jaime Gómez y los cuatro hijos que Magdalena tuvo con José Ignacio Vargas, un instructor del Sena que alguna vez vistió sotana y se identificó con la teología de la liberación. Cuando un hermano de Magdalena y uno de José Ignacio llegaron a Soacha (Cundinamarca), a reconocer los restos del profesor de 50 años al que todos llamaban cariñosamente Nacho, lo único que encontraron fueron los zapatos.
Cuando Magdalena empieza a hablar de quien fue su esposo por 13 años, se le quiebra la voz. “Fue un hombre justo, preocupado por la juventud. Los que lo conocimos, lo amamos y lo admiramos. Nunca quise volver a casarme, porque su memoria es irreemplazable”, dice entre lágrimas. Sentado a su lado oyéndola hablar, don Jaime se une al llanto de su hija y recuerda a Nacho, su gran amigo, su casi hijo. Ella expresa que perdonó a Pablo Escobar el día que murió, pero su padre disiente. Mueve la cabeza y refuta que él jamás perdonará al hombre que partió la historia de su familia en dos.
David Cantillo tampoco ha encontrado el perdón para Escobar y así lo deja claro. Tenía 4 años de edad cuando su padre, el abogado Ángel Alberto Cantillo Munive, tomó el fatídico vuelo de Avianca. “De nuestros dos hijos, David fue el más marcado con ese evento”, señala su madre, Catalina Rocha, quien luego de la muerte de su marido entró a estudiar derecho con el único propósito de establecer un panorama más preciso sobre la tragedia que había caído sobre ellos. Ella describe lo difíciles que han sido “moralmente” estos 20 años para ella y sus hijos, pero dice sentirse tranquila.
Las personas que murieron en el avión que Pablo Escobar ordenó hacer explotar en pleno vuelo suelen tener sentimientos encontrados frente a la figura del capo. Pero ahora que algunos de ellos se reunieron para crear la fundación Colombia con Memoria, creen que el perdón es la primera apuesta en la que debe sumirse el país. Y la más difícil. “Tenemos que llegar a la reconciliación algún día, para que este país pase la hoja y construya una sociedad en paz”, comenta Federico Arellano, presidente de la fundación. “Debemos perdonar, es el único camino”, afirma Tatiana Vargas, otra de las víctimas.
El atentado a la aeronave HK-1803 de Avianca, tal como lo anticipó El Espectador en su edición del pasado 20 de noviembre, fue declarado crimen de lesa humanidad. Pero éste, según lo advirtió la Fiscalía, será el primero de los tantos delitos cometidos por el Cartel de Medellín que podrían, eventualmente, ser calificados de igual modo en espera de que algún día la verdad salga a flote. El organismo investigativo aseguró que en su radar figuran el asesinato de Álvaro González Santana, padre de la magistrada que ordenó medida de aseguramiento contra Escobar y su socio Gonzalo Rodríguez Gacha, ocurrido el 4 de mayo de 1989.
En la providencia de 26 páginas, la Fiscalía deja claro que también tiene en la mira los secuestros de Maruja Pachón de Villamizar y Beatriz Villamizar; el secuestro de Andrés Pastrana, el 18 de enero de 1988; el plagio y muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero de 1988; la muerte de periodistas como Diana Turbay, hija del ex presidente Julio César Turbay; el bombazo contra la sede del Departamento Administrativo de Seguridad, el 6 de diciembre de 1989; los atentados contra la sede de El Espectador, el 2 de septiembre de 1989, y contra tres empleados de este diario en Medellín, ocurridos el mismo año; entre otros.
Por su parte, la Procuraduría anunció la designación de un grupo de agentes especiales en Bogotá y Medellín para investigar los mismos 21 hechos que llaman especialmente la atención de la Fiscalía. Fue esta la entidad que el pasado 18 de noviembre le solicitó a la Fiscalía 26 Especializada de Medellín que calificara como delitos de lesa humanidad varias de las acciones que cometió el Cartel de Medellín entre los años 80 y los 90. Fernando Pareja, fiscal (e), señaló que no puede haber impunidad por violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Los familiares de los 107 pasajeros de aquel infortunado vuelo de Avianca sienten alivio de saber que el caso de los suyos nunca prescribirá. Sin embargo, esperan que la justicia no se tarde otros 20 años para comenzar a actuar.
Para conocer más sobre la fundación, visite la página web www.colombiaconmemoria.org.
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