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La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez envió unas cartas a las autoridades locales y nacionales en la que solicitaba que se realice la investigación correspondiente a las denuncias sobre los presuntos casos de "alquiler" de niños que serían utilizados para pedir limosnas en las calles de Bucaramanga.
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“Para el Gobierno Nacional, la protección de la infancia y la adolescencia es una prioridad y es inaceptable que este tipo de situaciones se presente pues debemos velar por que se propicien ambientes sanos para el desarrollo de nuestros niños y niñas, lejos de la criminalidad y de esquemas de microtráfico y abusos”, se lee en el documento.
Una de las cartas fue dirigida a Mario Gómez Jiménez, fiscal delegado para la Infancia y Adolescencia. En ella, Ramírez solicitó un informe detallado sobre las acciones adelantadas por la Fiscalía en la investigación del caso denominado "Niños de Alquiler".
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“Esta clase de actos no pueden tener complacencia por parte de ninguna autoridad; la articulación, coordinación y presión harán que estos criminales se disuadan de la comisión de delitos”, le asegura la vicepresidenta en la carta.
En la denuncia señalan que los menores serían drogados para resistir las jornadas en las que son usados para pedir dinero. “Los menores son sometidos a la medicación de diferentes tipos de drogas sin ningún tipo de prescripción médica, como el clonazepam y la levomepromazina, medicamentos que están vendiendo en algunas droguerías sin prescripción médica”, indicó Jaime Andrés Beltrán, exconcejal que dio detalles del caso a Blu Radio el pasado lunes. El programa que inicialmente denunció esta dramática situación fue Los Informantes.
La vicepresidenta también le pidió a Aurelio Enrique Mejía, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Viceministerio de Salud Pública que “se evalúe la viabilidad de establecer restricciones (legales o administrativas) para la comercialización del medicamento levomepromazina, pues su uso no controlado está generando afectaciones a la salud de los menores de edad de la ciudad, usuarios de este fármaco”.
“Queremos hacer un llamado a la comunidad para que cuando tengan conocimiento o identifiquen un caso donde vea que hay una posible utilización de menores con cualquier finalidad se ponga en conocimiento de las autoridades judiciales, el ICBF o de la Policía para que nosotros podamos actuar”, dijo Juliana Cortés, directora de Protección del ICBF.