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Las cifras documentadas de ataques contra periodistas durante 2024 reflejan un récord negativo y trágico. Se registraron un total de 530 ataques dirigidos a 330 comunicadores en todo el país, lo que representa un aumento de 70 casos respecto a 2023. Entre ellos, se incluyen 215 amenazas, 20 casos en los que periodistas se vieron obligados a desplazarse forzosamente para proteger sus vidas, cuatro exilios, dos secuestros y el asesinato de tres comunicadores: dos en Norte de Santander y uno en Sucre. Este es el año más crítico de la última década y confirma que los principales agresores de los periodistas son los grupos armados, que son responsables, en los casos que es posible identificar al agresor, del 73% de las amenazas. Además, resalta la tendencia que desde la firma de los Acuerdos de Paz, los ataques mantienen un aumento progresivo cada año.
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Más allá de las cifras y el impacto individual de estos hechos, este panorama refleja una censura generalizada en varios departamentos y el temor que sienten decenas de periodistas para abordar temas como la contratación local, los vínculos entre autoridades locales y organizaciones criminales, asuntos medioambientales o temas de la política local.
Anatomía de las amenazas contra la prensa
La amenaza continúa siendo una de las formas más comunes de atacar a la prensa. En 2024 registramos 215 casos. Estas intimidaciones estuvieron concentradas en censurar y frenar investigaciones relacionadas al conflicto armado, la seguridad a nivel local y a la comisión de presuntos actos de corrupción.
Las personas responsables de este tipo de violencia contra la prensa suelen permanecer en el anonimato para controlar la línea editorial de los medios de comunicación y silenciar a las y los periodistas. En el 43% de los casos, las amenazas se hicieron a través de plataformas digitales y redes sociales. La forma de efectuar las intimidaciones cambia: en ocasiones es vía mensajes de texto, por WhatsApp, mientras que otras ocurren mediante llamadas o videollamadas, en las cuales los agresores mencionan a sus familiares de las y los periodistas.
En otros casos, grupos armados publican comunicados advirtiendo que las y los periodistas han sido declarados objetivos militares o anunciando que son blanco de un plan pistola en su contra, como consecuencia de investigaciones que los involucran.
En los casos en los que se pudo identificar el origen de la amenaza, los responsables fueron actores armados en el 73% (94) de los casos. Esto demuestra una estrecha relación entre las intimidaciones y los temas que los periodistas cubrían al momento de ser amenazados: seguridad y el conflicto armado en sus territorios.
Por otra parte, en el 13% (28) de los casos, las amenazas provinieron de particulares, es decir, personas que no ocupan cargos públicos ni roles políticos. La mayoría de ellos (16 de los casos) utilizaron las redes sociales Facebook y X para amedrentar a comunicadores de manera pública. Por ejemplo, en marzo de 2024, un influencer hizo comentarios misóginos en sus redes sociales, desacreditando el trabajo de mujeres periodistas. Esto incitó a su audiencia a acosarlas con centenares de mensajes que incluyeron amenazas de muerte y de violencia sexual.Otras amenazas ocurrieron durante manifestaciones en diferentes ciudades, cuando personas inconformes con la presencia de periodistas o medios específicos, les amenazaron con atentar contra su vida e integridad si no abandonaban el lugar. Esto lleva a que, como medida de prevención, muchos comunicadores eviten identificarse con vestimenta de sus medios y, si son abordados, decir que son periodistas alternativos o independientes.
Las amenazas ocurrieron en 28 de los 32 departamentos del país. Los departamentos en los que no registramos amenazas contra la prensa son Casanare, Meta, Risaralda y San Andrés y Providencia. Aunque históricamente Bogotá suele liderar este registro, al ser la capital y concentrar gran cantidad de periodistas y medios, este año destaca de manera preocupante el caso de Norte de Santander, que nunca había figurado entre los primeros lugares en cuanto a amenazas contra la prensa hasta ahora.
Norte de Santander
Con 58 ataques, entre esos dos asesinatos, este departamento alcanzó la cifra más alta de agresiones desde que la FLIP comenzó a reportarlas. El 89.6% de estos incidentes se concentraron en Cúcuta, la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia.
En Cúcuta, el 94% de las amenazas contra periodistas y medios de comunicación provinieron de miembros o cabecillas de bandas criminales que tienen presencia en la ciudad, e incluso algunos operan desde cárceles. Estos individuos advirtieron a los comunicadores que tomarían represalias si continuaban investigando y publicando sobre la situación de seguridad y narcotráfico en el departamento.
En febrero del año pasado, dos comunicadores fueron amenazados a través de llamada telefónica por alias ‘El Porras’, líder de la banda criminal Los Porras o la ‘Familia P’, actualmente recluido en prisión. El criminal les exigió dejar de mencionarlo en sus publicaciones o, de lo contrario, atentaría contra sus vidas.
En otro caso, la banda criminal AK-47 envió un comunicado público a varios periodistas a través de WhatsApp, anunciando que iniciaría un plan pistola contra aquellos que compartieran información sobre sus actividades delictivas.
Aumento alarmante de desplazamiento forzado
Ante las constantes amenazas y la falta de investigación expedita por parte de las autoridades para identificar y sancionar a quienes intimidan a las y los periodistas, algunos se han visto obligados a suspender sus labores investigativas, mientras que otros se ven obligados a desplazarse, de manera temporal o permanente, a otras zonas del país para proteger su vida.
Durante 2024, documentamos el caso de 20 periodistas (16 hombres y 4 mujeres) de medios de comunicación independientes y digitales que se vieron obligados a salir por falta de garantías de seguridad. Este es el número más alto de desplazamientos forzados que hemos registrado en la última década.
Todos los desplazamientos se dieron luego de que los comunicadores fueran blanco de amenazas y hostigamientos por parte de diferentes grupos armados ilegales como bandas criminales (5), las disidencias de las Farc (8) y el ELN (1). En el 65% de los casos, los periodistas cubrían temas relacionados con el conflicto armado.
Este es el caso de una periodista antioqueña, quien recibió amenazas de muerte por parte de las Autodefensas Gaitanistas después de publicar un reportaje sobre un operativo del Ejército en contra de esta estructura criminal. De manera similar, otro periodista en Huila se vio obligado a abandonar el departamento tras ser víctima de secuestro. Además, tres periodistas de Atlántico, Antioquia y Cesar tuvieron que abandonar sus territorios tras recibir amenazas de muerte, en las que se les exigía salir del municipio en un plazo determinado.
Funcionarios siguen liderando agresiones contra la prensa
Por cuarto año consecutivo, los funcionarios y servidores públicos se mantienen en el top de agresores contra la prensa con un total de 124 casos. Ha sido recurrente que las agresiones ejercidas sean estigmatizaciones, acosos judiciales y obstrucciones al trabajo periodístico y el acceso a la información; sin embargo, durante el 2024 a estas agresiones se suman cuatro amenazas que se dieron contra periodistas, situación que agudiza la vulnerabilidad en la que quedan las y los periodistas.
Las agresiones de funcionarios se dieron una vez se publicaba o se tenía conocimiento de investigaciones adelantadas por periodistas. Temas como ordenamiento territorial, gestión de recursos para saneamiento en los municipios o el uso del erario en instituciones educativas, fueron algunos de los temas que detonaron las agresiones. Como consecuencia, se mantiene una pretensión de censura por parte de los servidores, lo que afecta gravemente la relación entre prensa y Estado e impide visibilizar y tener un control ciudadano sobre los poderes públicos.
¿Qué instituciones agreden?
En comparación con el año pasado, se registró un aumento del 44% en la cantidad de agresiones ejercidas por miembros de la rama ejecutiva. Principalmente, alcaldes y gobernadores usaron su posición de poder para estigmatizar la labor periodística. El uso de redes sociales como Facebook y X fueron los medios predilectos de los mandatarios; no obstante, las agresiones también fueron llevadas a cabo en eventos públicos y ruedas de prensa.
Asimismo, desde la Presidencia de la República se registraron agresiones, algunas de las cuales fueron estigmatizaciones directas del Presidente contra medios de comunicación y periodistas.
Los ataques por parte de congresistas también aumentaron: 55% más de casos respecto al 2023. Se mantuvo el patrón de estigmatizaciones, acoso judicial y exclusiones, entre otras, las cuales fueron principalmente cometidas por concejales y congresistas, quienes agredieron a la prensa cuando esta informó temas relacionados con la gestión de los servidores y, en algunos casos, sus vínculos con actos de corrupción. Concejales y congresistas hicieron uso de sus espacios en debates propios para agredir a la prensa.
Estos aumentos contrastan con las agresiones ejercidas por miembros de la rama judicial, con una reducción de más del 50% con respecto al año anterior. Sin embargo, las estigmatizaciones, los acosos y la obstrucción al trabajo periodístico, entre otros, se siguen presentando principalmente por miembros de la Fiscalía General de la Nación; no obstante, es de resaltar que se dio una mejora en la relación de esta entidad con la prensa, pasando de 17 casos en 2023 a 6 casos en 2024.