Los pequeños propietarios de la zona rural de la capital antioqueña quemaron los recibos como protesta en la Plaza Botero, en el centro de la ciudad.
Desde el pasado sábado, 2 de marzo, en el Valle de Aburra se realizó una asamblea con la comunidad campesina para definir temas de agenda política que manejarían las organizaciones agrícolas paisas para este 2019. Allí los pequeños y medianos campesinos expresaron su descontento con el incremento en el cobro del impuesto predial hasta dos y tres veces más de lo que venían pagando.
El valor que deben pagar los agricultores es de dos millones de pesos, y seis millones en el caso más grave. En años anteriores a la administración actual, los recibos llegaron por sumas iguales a los 600.000 pesos. La situación, en algunos casos, se viene presentando desde el 2017 y alcanza valores de cobro por 12 millones de pesos.
Héctor Manuel Lugo, fundador de la corporación Penca de Sábila, afirma que es una situación que tiene en contingencia a las familias del sector rural pues “no se puede pagar ese valor a punta de cebolla y café”, lo que desajusta la economía de estas familias que viven de producción a pequeña escala.
Los campesinos denuncian que la Secretaría de Hacienda hace caso omiso a sus peticiones de reajustar el valor catastral del predio. Lugo aseguró que la respuesta de la alcaldía es realizar el pago -de los 6 millones- para proceder a solucionar el reclamo de los propietarios.
La otra dificultad hasta el momento es que, adicionalmente al problema del pago del impuesto, el 70% de los predios se encuentra en condición de informalidad, por lo que muchos propietarios manifiestan la dificultad para realizar reclamaciones, pues, tendrían que pagar los costos de formalización e, igualmente, el impuesto predial para acceder a la reclamación.
“La alcaldía está valorando estos predios como zona comercial sin contar con su vocación agrícola y sin la exención del 50% que el concejo de la ciudad había aprobado por 10 años en el 2016 para los propietarios de tierra en la población rural”, dijo el fundador.
De 30.000 hectáreas de territorio que posee Medellín, un tercio pertenece a población rural. Dicho espacio es conformado por cinco corregimientos y 53 veredas.
Sin embargo, y pese a la insistencia de la alcaldía de incrementar el impuesto de los predios de las zonas, los habitantes tienen una asignación presupuestal mínima en el plan de desarrollo. Las comunidades aseguran que hay escuelas sin acceso al agua potable, y en veredas como La Sucia, la desconexión con la ciudad es innegable. Para salir del lugar, se debe hacer uso de moto y el costo del pasaje puede alcanzar los 25.000 pesos.