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4 Sep 2020 - 3:06 a. m.

Defensoría del Pueblo alertó sobre riesgo en el Bajo Cauca por grupos armados

Personal de salud, periodistas, líderes, miembros del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, comunidades indígenas, entre otros, se encuentran en riesgo por los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Bloque Virgilio Peralta Arenas de la organización conocida como Los Caparrapos.
Comunidades del Bajo Cauca están en riesgo por enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Bloque Virgilio Peralta Arenas de la organización conocida como Los Caparrapos.
Comunidades del Bajo Cauca están en riesgo por enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Bloque Virgilio Peralta Arenas de la organización conocida como Los Caparrapos.
Foto: Agencia AFP

Las comunidades en Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza se encuentra en riesgo por los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Bloque Virgilio Peralta Arenas de la organización criminal Los Caparrapos. También hay presencia del Eln y disidencias de las Farc.

En una Alerta Temprana, emitida el 31 de agosto, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo que corre el personal de salud, los periodistas y docentes que son intimidados por grupos armados en relación con su trabajo, a través de amenazas y desplazamientos forzados. También estarían en peligro comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinos, docentes, jóvenes, mineros, mujeres, niños y niñas, población migrante, adolescentes, servidores públicos, transportadores y población socialmente estigmatizada.

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De acuerdo con la Defensoría, el escenario de riesgo en la subregión del Bajo Cauca tiene una perspectiva estructural y otra coyuntural. “El escenario estructural se encuentra definido por una exclusión histórica de la subregión del Bajo Cauca de los proyectos de desarrollo y bienestar social nacional y regional, lo que ha llevado a concebir este territorio como propicio para desarrollar economías de enclave formales e informales, que han aportado un muy reducido beneficio directo para estas comunidades”, señala la Alerta.

Destaca que estos municipios hacen parte de las primeras fundaciones en el departamento de Antioquia, pero el nivel de desarrollo está muy por debajo de la media regional, “con déficit estructural en la inversión pública, que es bastante precaria en los seis municipios de la subregión, que están ubicado en quinta y sexta categoría”. Tal abandono por parte del Estado es aprovechado por los actores armados.

Desde 1950, el territorio del Bajo Cauca fue un área de conflicto entre colonos liberales y conservadores. En 1980 las Farc, el Eln y Epl realizaron control territorial sobre varias zonas rurales. Diez años después, los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia ganaron el control “en un amplio terreno de sabana, piedemonte y los centros poblados, control legado a los grupos sucesores del paramilitarismo que quedaron después de la desmovilización de los bloques de las AUC que operaron en el territorio”.

La Alerta explica que entre 2008 y 2012 hubo un conflicto entre estas estructuras, denominadas en ese entonces Águilas Negras, Rastrojos, Paisas y Oficina de Envigado. Dicho conflicto terminó con la intervención de carteles mexicanos dedicados al narcotráfico. Entre 2012 y 2017 hubo un ambiente de tregua “y de mutua sociedad en las rentas ilegales” entre los actores armados que operaban en la zona, incluidas las guerrillas que controlaban las principales zonas de cultivo de la hoja de coca.

La Defensoría explica que la excarcelación de algunos exintegrantes de las AUC han avivado la violencia en la subregión en los últimos dos años y medio.

Actualmente, además del conflicto entre estas estructuras, hay presencia de otros grupos como el Eln y el Frente 18 de la disidencia de las Farc. “Ambas hacen acuerdos tácticos con el objetivo de fortalecer su presencia y sus recursos económicos y logísticos, y también entran en confrontación con grupos sucesores del paramilitarismo y Fuerza Pública, con impactos importantes sobre el ejercicio de los derechos humanos de la población civil”.

Por eso, la Defensoría del Pueblo solicita, entre otras cosas, proteger a las poblaciones en riesgo y “coordinar la mayor oferta posible de programas permanentes dirigidos a la generación y capacitación para el empleo, al desarrollo económico de las comunidades, al mejoramiento de las condiciones de vida y a la superación de situación de vulnerabilidad”. Además, investigar oportunamente los hechos de violencia y las economías ilícitas.

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