Una red de ocho personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos, fue desarticulada en Medellín tras una investigación conjunta entre la Fiscalía y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los capturados son señalados de explotar sexualmente a menores de edad, producir material pornográfico con ellos y comercializarlo a través de redes sociales, principalmente en territorio estadounidense.
Lea: Capturaron a tres integrantes de banda que roba carros de lujo en Medellín
La Fiscalía precisó en comunicado que los involucrados “presuntamente contactaban a niños, niñas y adolescentes en Medellín, la mayoría de su entorno familiar cercano o vecinos del sector donde vivían, y en medio de engaños los instrumentalizaban para producir material audiovisual con contenido explícito, el cual compartían a enlaces en Estados Unidos por sistemas de mensajería instantánea con fines comerciales”.
Uno de los capturados es el ciudadano mexicano Zein Quezada Ríos, alias “Carlos Hernández” o “el mexicano”, quien, según la Fiscalía, ubicaba a menores de edad en inmediaciones de colegios y los convencía de ir a su casa, donde abusaba sexualmente de ellos a cambio de pagos que oscilaban entre 80.000 pesos y un millón de pesos.
En paralelo, un segundo mexicano fue detenido cuando acudió a una oficina gubernamental a tramitar su cédula de extranjería: el sistema de alertas de Migración Colombia disparó una notificación roja al leer sus datos biométricos e indicó que era requerido por delitos como acceso carnal violento y explotación sexual comercial de menores de edad. Su identidad no ha sido revelada oficialmente, aunque las autoridades presumen que podría estar vinculado a esta red.
Lea: Bloqueo en la vía Panamericana paraliza el tránsito entre Risaralda y Chocó
Los capturados enfrentan cargos por explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores para la comisión de delitos, pornografía con menores agravada y proxenetismo con menor de edad, entre otros.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Algunos de los menores víctimas de esta red fueron identificados y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.