El miedo en la comuna 13 no se va

Son 350 personas las que han decidido dejar la comuna 13, en el occidente de Medellín, por la situación de seguridad en la zona. Esta cifra la reveló la Personería de la ciudad, sin embargo, líderes de la 13 dicen que son más los habitantes que han tenido que dejar sus casas por el miedo.

“Hasta la semana pasada, los reportes de la Personería eran de 350 personas, pero realmente eran como 500 porque no denunciaron y no han hecho solicitud en registro de desplazamiento. También, de lo que ha corrido de la semana se han desplazado nuevas personas, inclusive organizaciones sociales como Culturizarte. A los integrantes les tocó cerrar, no pueden ir a su sede entonces están funcionando en otro lugar”, dijo a El Espectador el líder social de la zona James Zuluaga.

Le puede interesar: Paro de transporte en Comuna 13 afecta a más de 5 mil personas.

Y respecto a las cifras de la Secretaría de Seguridad, que dicen que son 44 homicidios en lo corrido de 2018, los líderes contabilizan más. “Muchos de los asesinatos que ocurren en las líneas imaginarias entre las comunas, las autoridades los suman a las comunas 12, 16 u otra parte porque la 13 hace más escándalo. Muchos de esos muertos tienen incidencia en la 13, de los cuales nosotros hablamos de una cifra de casi 80 homicidios por conflicto generalizado”, manifiesta Zuluaga.

Frente a la situación, instituciones y habitantes de la zona, han pedido a la administración públicas y las autoridades policiales establecer puntos fijos de vigilancia en los sectores más críticos que son Independencia I, Plan del Ché, la entrada de Betania por Belencito, el sector de Monteverde, la cancha La Pradera y en la vía principal de Juan XXIII, que de acuerdo con Zuluaga se han registrado en ese último lugar unos 20 homicidios.

Por otro lado, 14 líderes y organizaciones sociales han denunciado las amenazas que han recibido por parte de los grupos criminales. “Ninguno de ellos tiene presencia policial, ni siquiera les hacen rondas. Yo pedí protección, ya he recibido visitas, me han hecho evalución, pero me dijeron que el trámite se demora entre uno y seis meses”. Y apenas solo ha pasado una semana desde que asesinaron a su sobrino Arley Stiven Zuluaga y pidió protección por el temor de que fueran tras él debido a sus constantes acusaciones.

La violencia, además del desplazamiento forzado, ha generado la desescolarización. “Muchos compañeros no han ido a clase porque les da miedo de que se produzca una balacera”, cuenta Karen Mena Córdoba, estudiante de 15 años de la Institución Educativa La Independencia.

Este miércoles, por ejemplo, Mena no asistió a clase porque estaba en el entierro de su amigo Luis Guillermo Mosquera Córdoba, una de las tres víctimas que la violencia en la comuna 13 provocó el pasado domingo.

Entre otros temas, rutas de buses, como la de Belencito o la que cubre Calazans-Estadio, se han visto obligadas a suspender servicios en ciertas horas del día por temor de amenazas.

“A muchas personas les está afectando el tema de violencia porque les ha disminuido el tránsito de la gente en algunas zonas de la comuna, en otras ha sido muy complicada la distribución de productos. La gente y las tiendas tienen toque de queda”, dice Zuluaga.

Aunque líderes como James dicen no ver eficiencia por parte de la administración, la Secretaría de Seguridad ha reportado 660 capturas durante lo corrido del año, inversión social por $530 millones y la incautación de 45 armas de fuego.

“El incremento del 100 % de los homicidios en la comuna 13 está relacionado con el enfrentamiento de bandas. (...) En la parte alta se disputan el territorio los combos La Torre y Betania, y en la parte baja hacen lo mismo las estructuras La Agonía y El Coco”, dijo a El Colombiano Andrés Tobón, secretario de esta cartera.

Más allá de las capturas, de los logros militares y de las "acciones mediáticas de impacto", como las llama Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social (Corpades), la 13 necesita un plan integral que frene la reclutación de menores de edad a estos grupos ilegales, garantice la seguridad de todas las personas y les asegure desarrollo social que incluye oportunidades de trabajo, viviendad y educación. 

Vea ¿Por qué no cesa la violencia en la Comuna 13 de Medellín?

Son 350 personas las que han decidido dejar la comuna 13, en el occidente de Medellín, por la situación de seguridad en la zona. Esta cifra la reveló la Personería de la ciudad, sin embargo, líderes de la 13 dicen que son más los habitantes que han tenido que dejar sus casas por el miedo.

“Hasta la semana pasada, los reportes de la Personería eran de 350 personas, pero realmente eran como 500 porque no denunciaron y no han hecho solicitud en registro de desplazamiento. También, de lo que ha corrido de la semana se han desplazado nuevas personas, inclusive organizaciones sociales como Culturizarte. A los integrantes les tocó cerrar, no pueden ir a su sede entonces están funcionando en otro lugar”, dijo a El Espectador el líder social de la zona James Zuluaga.

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Y respecto a las cifras de la Secretaría de Seguridad, que dicen que son 44 homicidios en lo corrido de 2018, los líderes contabilizan más. “Muchos de los asesinatos que ocurren en las líneas imaginarias entre las comunas, las autoridades los suman a las comunas 12, 16 u otra parte porque la 13 hace más escándalo. Muchos de esos muertos tienen incidencia en la 13, de los cuales nosotros hablamos de una cifra de casi 80 homicidios por conflicto generalizado”, manifiesta Zuluaga.

Frente a la situación, instituciones y habitantes de la zona, han pedido a la administración públicas y las autoridades policiales establecer puntos fijos de vigilancia en los sectores más críticos que son Independencia I, Plan del Ché, la entrada de Betania por Belencito, el sector de Monteverde, la cancha La Pradera y en la vía principal de Juan XXIII, que de acuerdo con Zuluaga se han registrado en ese último lugar unos 20 homicidios.

Por otro lado, 14 líderes y organizaciones sociales han denunciado las amenazas que han recibido por parte de los grupos criminales. “Ninguno de ellos tiene presencia policial, ni siquiera les hacen rondas. Yo pedí protección, ya he recibido visitas, me han hecho evalución, pero me dijeron que el trámite se demora entre uno y seis meses”. Y apenas solo ha pasado una semana desde que asesinaron a su sobrino Arley Stiven Zuluaga y pidió protección por el temor de que fueran tras él debido a sus constantes acusaciones.

La violencia, además del desplazamiento forzado, ha generado la desescolarización. “Muchos compañeros no han ido a clase porque les da miedo de que se produzca una balacera”, cuenta Karen Mena Córdoba, estudiante de 15 años de la Institución Educativa La Independencia.

Este miércoles, por ejemplo, Mena no asistió a clase porque estaba en el entierro de su amigo Luis Guillermo Mosquera Córdoba, una de las tres víctimas que la violencia en la comuna 13 provocó el pasado domingo.

Entre otros temas, rutas de buses, como la de Belencito o la que cubre Calazans-Estadio, se han visto obligadas a suspender servicios en ciertas horas del día por temor de amenazas.

“A muchas personas les está afectando el tema de violencia porque les ha disminuido el tránsito de la gente en algunas zonas de la comuna, en otras ha sido muy complicada la distribución de productos. La gente y las tiendas tienen toque de queda”, dice Zuluaga.

Aunque líderes como James dicen no ver eficiencia por parte de la administración, la Secretaría de Seguridad ha reportado 660 capturas durante lo corrido del año, inversión social por $530 millones y la incautación de 45 armas de fuego.

“El incremento del 100 % de los homicidios en la comuna 13 está relacionado con el enfrentamiento de bandas. (...) En la parte alta se disputan el territorio los combos La Torre y Betania, y en la parte baja hacen lo mismo las estructuras La Agonía y El Coco”, dijo a El Colombiano Andrés Tobón, secretario de esta cartera.

Más allá de las capturas, de los logros militares y de las "acciones mediáticas de impacto", como las llama Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social (Corpades), la 13 necesita un plan integral que frene la reclutación de menores de edad a estos grupos ilegales, garantice la seguridad de todas las personas y les asegure desarrollo social que incluye oportunidades de trabajo, viviendad y educación. 

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