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La Procuraduría formuló pliego de cargos contra cuatro exediles de la comuna 90, Santa Elena, en Medellín, por presuntas irregularidades en la expedición de certificados de residencia a personas que no vivían en el corregimiento. Los investigados son Sandra Marisa Patiño Soto, Víctor Julio Hernández, Carolina Mejía Sierra y Parménides Erazo Bahos, quienes desempeñaron sus cargos entre 2020 y 2023.
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Según la investigación, los exediles aprobaron el Acuerdo Local 002 del 30 de noviembre de 2021, que permitió a habitantes de Bello, Copacabana, Guarne, Rionegro, El Retiro y Envigado obtener certificados de residencia en Santa Elena. Con este documento, los beneficiarios accedieron a recursos del Presupuesto Participativo de Medellín destinados a programas educativos, requisito que exigía haber finalizado el bachillerato en instituciones del corregimiento.
La Procuraduría señaló que los exediles se adjudicaron funciones que no les correspondían al dar visto bueno a los certificados emitidos por las Juntas de Acción Comunal (JAC) y la Inspección de Policía, organismos responsables de esa tarea. Para el Ministerio Público, esta decisión configuró una presunta extralimitación de funciones.
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La entidad calificó provisionalmente la conducta como grave a título de dolo, argumentando que los implicados tenían conocimiento de la irregularidad y sus posibles consecuencias. “Los cuatro exediles, por medio del acuerdo local, habrían otorgado a la JAL competencias que no le correspondían para validar certificados de residencia”, indicó la Procuraduría.
Este caso se suma a denuncias previas sobre el manejo de los recursos del Presupuesto Participativo de Medellín, que representa el 5% del presupuesto de inversión del Plan de Desarrollo. En la administración pasada, se registraron varias denuncias por irregularidades en la asignación de recursos, especialmente en educación. Debido a esto, veedores y líderes comunitarios han insistido en un mayor control sobre la ejecución y distribución de estos fondos.