3 Mar 2021 - 9:06 p. m.

Enfrentamiento armado en Murindó (Antioquia) produjo el desplazamiento de 168 indígenas

Esta situación se da por combates entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo quienes buscan controlar el territorio. La Organización Indígena de Antioquia (OIA) informó que las familias no fueron al casco urbano del municipio, sino que se desplazaron hacia el interior de los resguardos como un mecanismo de resistencia ante los violentos.
El desplazamiento no se da hacia el casco urbano del municipio, sino hacia el interior del resguardo indígena.
El desplazamiento no se da hacia el casco urbano del municipio, sino hacia el interior del resguardo indígena.

La situación de violencia que se vive en Murindó (Antioquia) ha empeorado en los primeros meses de este año debido al conflicto permanente que mantienen el Eln con el Clan del Golfo en este municipio del Atrato Medio Antioqueño. Como resultado de estos combates, 168 miembros del pueblo Embera Eyábida fueron desplazadas hacia el interior de los resguardos río Murindó y río Chageradó.

En total son 48 familias que hacen parte de la comunidad indígena Turriquitadó Alto, la cual pertenece al resguardo río Chageradó, titulado desde el 18 de diciembre de 1989. El desplazamiento se dio hacia Turriquitado Llano en este mismo territorio que cuenta con 22.500 hectáreas.

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La Organización Indígena de Antioquia (OIA) aseguró que el desplazamiento de estas familias no se está dando hacia el casco urbano del municipio, sino que es hacia el interior de los resguardos. Esta decisión se da porque los aborígenes consideran que un mecanismo de resistencia ante estos casos es no abandonar los territorios.

A través del sistema de alertas temprana, la OIA estableció que por estas mismas actividades, “estarían también en riesgo de desplazamiento, hacia la comunidad Isla, las comunidades indígenas Gorrojo (105 personas), Bachidubi (193 personas) y Coredó (172 personas). Esto pone en alto riesgo a las familias indígenas, ya que las mismas están sometidas a movilizarse en medio de campos minados, instalados por el Eln, desde enero de este año”, se lee en la alerta.

El domingo 28 de febrero, un niño de 13 años murió tras pisar una de estas minas instaladas por el grupo criminal. El joven pertenecía al al pueblo Embera Eyábida, del resguardo río Murindó. Por esta razón, la comunidad está pidiendo que se agilicen “todos los trámites y la etapa de alistamiento para iniciar cuanto antes con el Plan Nacional de Desminado en territorios indígenas de Antioquia”, aseguró la OIA.

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La Defensoría también emitió una alerta temprana el 8 de abril de 2020 donde advierte “por la posible ocurrencia de homicidios selectivos, amenazas, represalias y persecuciones, debido a las actuales presiones de los grupos armados por obtener la hegemonía territorial y con ello imponer sus condiciones de vida y restricciones a la población civil”.

Antes esta situación, varias familias de la comunidad de Turriquitado Llano están recibiendo a los desplazados en sus casas. Sin embargo, esto también significa un problema para ambas partes. Según aseguró la OIA, estos hogares no cuentan con el alimento suficiente ni agua potable para atender las necesidades de muchas personas.

Tanto en las familias desplazadas como en las receptoras hay mujeres gestantes, neonatales, así como niñas, niños y jóvenes. Este hacinamiento de personas, no solo implica un problema con el alimento y el agua, también puede terminar en un brote de COVID-19 que genere una emergencia sanitaria difícil de controlar.

“La Organización Indígena de Antioquia, en cabeza de su representante legal, Amelicia Santacruz, pide ayuda urgente a las instituciones competentes para que agilicen las entregas de alimentos y para que una misión médica pueda llegar hasta el lugar donde se encuentran las familias desplazada”, se lee en el comunicado emitido por la OIA.

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En total, según asegura la OIA, son 11 las comunidades indígenas de los resguardos río Murindó y río Chageradó que están bajo peligro de desplazamiento por los enfrentamientos. Por esta razón, solicitan que llegue hasta el municipio una comisión de verificación interinstitucional de derechos humanos que evalúe la situación actual de Murindó.

“También hacemos un llamado a la Gobernación de Antioquia para que haya una mayor y más ágil respuesta de las instituciones comprometidas con las comunidades de Murindó”, finaliza el comunicado de la OIA.

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