Las 7.701 fiestas que han violado la cuarentena en cuatro ciudades
En Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, la Policía ha intervenido. La capital del Valle, donde más se han registrado celebraciones clandestinas.
En el país ya se volvieron casi costumbre las noticias semanales sobre el desmantelamiento de multitudinarias fiestas clandestinas que se realizan rompiendo las medidas de aislamiento y prevención en medio de la cuarentena que se vive por cuenta de la pandemia. En un país de ferias y fiestas, a los colombianos les sigue costando acatar las normas, a pesar de las alarmantes cifras de contagios y muertos que ha dejado el coronavirus.
En menos de cinco meses en Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena se han identificado 7.701 fiestas clandestinas violando el aislamiento, fenómeno que se convirtió en uno de los retos de las administraciones municipales y de la Policía para tratar de evitar la propagación del COVID-19.
También le puede interesar: Renunció funcionaria de la Alcaldía de Medellín que asistió a una fiesta de cumpleaños
La norma establece que si una persona viola la cuarentena, puede ser sancionada con un comparendo de $936.323 y la obligación de participar en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, como lo estipula la multa tipo 4 del Código Nacional de Policía. En esas cuatro ciudades, las autoridades han impuesto más de 118.000 comparendos, lo que se traduce en multas que sumarían aproximadamente $117.175 millones.
En Cali, por ejemplo, la Policía ha intervenido celebraciones clandestinas en moteles, casas y calles, y ni los municipios del Área Metropolitana se han salvado de eso. Solo en este último puente festivo, en la capital del Valle del Cauca se reportaron 214 fiestas y la Policía tuvo que acudir a 423 viviendas en las que se denunciaron posibles aglomeraciones. De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Cali, en lo que va del aislamiento, solo los fines de semana, han intervenido 3.450 celebraciones en vías públicas y viviendas. Asimismo se han impuesto 18.429 comparendos por fiestas, violación de toque de queda y pico y cédula, entre otras medidas. “Hemos logrado que la ciudadanía sea quien nos brinde la información sobre fiestas, aglomeraciones y actividades que atentan contra la salud pública. Todos los fines de semana se hacen operativos en toda la ciudad con grupos articulados por la Secretaría de Seguridad con apoyo de la Policía y el Ejército. Por ejemplo, los operativos en hoteles y moteles donde se han desactivado fiestas clandestinas han sido posibles gracias a la colaboración ciudadana”, detalla Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali.
También le puede interesar: Las estaciones de Policía en Bucaramanga tienen hacinamiento cercano al 400%
Con tantas celebraciones desmanteladas y miles de sanciones impuestas, surge la duda de qué pasa con el dinero que se recauda a través de los comparendos, pues se trata de grandes sumas de dinero. “La destinación de estos recursos está prevista en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 y en el Decreto 1284 de 2017, de la siguiente manera: el 45 % será para financiar programas, proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana; el 40 % se utilizará en la materialización de las medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía y el 15 % para la administración, funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas”, explica el coronel Iván Santamaría, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien agrega que las administraciones municipales son las encargadas de disponer de la estructura administrativa para el cobro y recaudo de dineros que se causen por concepto de multas.
En Medellín y su área metropolitana las celebraciones clandestinas también se convirtieron en un reto para las autoridades, a tal punto que el alcalde, Daniel Quintero, dio la orden de cortar el suministro de energía en los lugares donde se encuentren celebrando. Según los reportes generados por la línea de emergencia 123, los sectores donde más se registran fiestas no permitidas son Manrique, Santa Cruz y Castilla, en Medellín; en los demás municipios del Área Metropolitana los de mayor afectación son Bello y Copacabana. A la fecha van 607 fiestas intervenidas, que se traducen en 717 comparendos.
También le puede interesar: Muere Policía por ataque de presuntas disidencias de las Farc en Toribío, Cauca
“El llamado es a respetar a la Policía, a cuidarnos y a que seamos consecuentes con el grado de propagación del virus. Desde que inició la pandemia hemos tomado medidas acertadas”, dijo Leonardo Buitrago, subsecretario operativo de Seguridad de Medellín.
En el caso de Barranquilla, cuentan con las Patrullas Covid, un equipo interdisciplinario en el que participan varias dependencias distritales, en articulación con la Policía Metropolitana, encargadas de atender las denuncias sobre incumplimiento de medidas de bioseguridad decretadas por la Alcaldía. En la capital de Atlántico se han intervenido 1.308 fiestas en lo corrido de la cuarentena e impuesto 54.000 comparendos por violar los decretos que han regido durante el aislamiento. De acuerdo con los reportes que ha realizado la Patrulla Covid, las localidades donde se presentan este tipo de irregularidades con más frecuencia son Suroccidente, seguida por Riomar y Suroriente.
Sin embargo, las autoridades señalan que en las últimas semanas las fiestas clandestinas se han reducido. “Son menos los que aún se resisten a acatar las medidas y cada vez la comunidad es más consciente de que todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Las cifras han demostrado que un seguimiento cercano por parte de la administración es fundamental para reducir contagios y sensibilizar a las personas”, cuenta Nelson Patrón, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en Barranquilla.
El panorama en Cartagena es similar al de las otras ciudades. En el puente festivo del 7 de agosto, la Policía Metropolitana intervino más de 300 fiestas y 536 celebraciones en el puente del 15 de agosto. En lo corrido de la cuarentena se han hecho 2.336 celebraciones clandestinas en la capital de Bolívar. “Algunos eventos se organizan por redes sociales, los cuales son verificados por policías de la Seccional de Inteligencia Policial, para intervenir los eventos con las Caravanas de Seguridad”, detalló la Policía de Cartagena. Los comparendos por desacatar las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en esa ciudad ascienden a 45.319.
¿Qué pasa con las personas que no pagan los comparendos?
Son varias las consecuencias que conlleva no pagar las multas por incumplir el aislamiento preventivo obligatorio. En la Ley 1801 de 2016 se establecen unas consecuencias por el no pago de las multas dependiendo el tiempo que transcurra desde la sanción.
“El no pago de la multa dentro del primer mes dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente. Si pasan noventa días se procederá al cobro coactivo. Transcurridos seis meses la persona no podrá obtener ni renovar permiso de tenencia o porte de armas, ser nombrado o ascendido en cargo público, ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado u obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio”, explica Iván Santamaría, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
En el país ya se volvieron casi costumbre las noticias semanales sobre el desmantelamiento de multitudinarias fiestas clandestinas que se realizan rompiendo las medidas de aislamiento y prevención en medio de la cuarentena que se vive por cuenta de la pandemia. En un país de ferias y fiestas, a los colombianos les sigue costando acatar las normas, a pesar de las alarmantes cifras de contagios y muertos que ha dejado el coronavirus.
En menos de cinco meses en Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena se han identificado 7.701 fiestas clandestinas violando el aislamiento, fenómeno que se convirtió en uno de los retos de las administraciones municipales y de la Policía para tratar de evitar la propagación del COVID-19.
También le puede interesar: Renunció funcionaria de la Alcaldía de Medellín que asistió a una fiesta de cumpleaños
La norma establece que si una persona viola la cuarentena, puede ser sancionada con un comparendo de $936.323 y la obligación de participar en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, como lo estipula la multa tipo 4 del Código Nacional de Policía. En esas cuatro ciudades, las autoridades han impuesto más de 118.000 comparendos, lo que se traduce en multas que sumarían aproximadamente $117.175 millones.
En Cali, por ejemplo, la Policía ha intervenido celebraciones clandestinas en moteles, casas y calles, y ni los municipios del Área Metropolitana se han salvado de eso. Solo en este último puente festivo, en la capital del Valle del Cauca se reportaron 214 fiestas y la Policía tuvo que acudir a 423 viviendas en las que se denunciaron posibles aglomeraciones. De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Cali, en lo que va del aislamiento, solo los fines de semana, han intervenido 3.450 celebraciones en vías públicas y viviendas. Asimismo se han impuesto 18.429 comparendos por fiestas, violación de toque de queda y pico y cédula, entre otras medidas. “Hemos logrado que la ciudadanía sea quien nos brinde la información sobre fiestas, aglomeraciones y actividades que atentan contra la salud pública. Todos los fines de semana se hacen operativos en toda la ciudad con grupos articulados por la Secretaría de Seguridad con apoyo de la Policía y el Ejército. Por ejemplo, los operativos en hoteles y moteles donde se han desactivado fiestas clandestinas han sido posibles gracias a la colaboración ciudadana”, detalla Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali.
También le puede interesar: Las estaciones de Policía en Bucaramanga tienen hacinamiento cercano al 400%
Con tantas celebraciones desmanteladas y miles de sanciones impuestas, surge la duda de qué pasa con el dinero que se recauda a través de los comparendos, pues se trata de grandes sumas de dinero. “La destinación de estos recursos está prevista en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 y en el Decreto 1284 de 2017, de la siguiente manera: el 45 % será para financiar programas, proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana; el 40 % se utilizará en la materialización de las medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía y el 15 % para la administración, funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas”, explica el coronel Iván Santamaría, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien agrega que las administraciones municipales son las encargadas de disponer de la estructura administrativa para el cobro y recaudo de dineros que se causen por concepto de multas.
En Medellín y su área metropolitana las celebraciones clandestinas también se convirtieron en un reto para las autoridades, a tal punto que el alcalde, Daniel Quintero, dio la orden de cortar el suministro de energía en los lugares donde se encuentren celebrando. Según los reportes generados por la línea de emergencia 123, los sectores donde más se registran fiestas no permitidas son Manrique, Santa Cruz y Castilla, en Medellín; en los demás municipios del Área Metropolitana los de mayor afectación son Bello y Copacabana. A la fecha van 607 fiestas intervenidas, que se traducen en 717 comparendos.
También le puede interesar: Muere Policía por ataque de presuntas disidencias de las Farc en Toribío, Cauca
“El llamado es a respetar a la Policía, a cuidarnos y a que seamos consecuentes con el grado de propagación del virus. Desde que inició la pandemia hemos tomado medidas acertadas”, dijo Leonardo Buitrago, subsecretario operativo de Seguridad de Medellín.
En el caso de Barranquilla, cuentan con las Patrullas Covid, un equipo interdisciplinario en el que participan varias dependencias distritales, en articulación con la Policía Metropolitana, encargadas de atender las denuncias sobre incumplimiento de medidas de bioseguridad decretadas por la Alcaldía. En la capital de Atlántico se han intervenido 1.308 fiestas en lo corrido de la cuarentena e impuesto 54.000 comparendos por violar los decretos que han regido durante el aislamiento. De acuerdo con los reportes que ha realizado la Patrulla Covid, las localidades donde se presentan este tipo de irregularidades con más frecuencia son Suroccidente, seguida por Riomar y Suroriente.
Sin embargo, las autoridades señalan que en las últimas semanas las fiestas clandestinas se han reducido. “Son menos los que aún se resisten a acatar las medidas y cada vez la comunidad es más consciente de que todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Las cifras han demostrado que un seguimiento cercano por parte de la administración es fundamental para reducir contagios y sensibilizar a las personas”, cuenta Nelson Patrón, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en Barranquilla.
El panorama en Cartagena es similar al de las otras ciudades. En el puente festivo del 7 de agosto, la Policía Metropolitana intervino más de 300 fiestas y 536 celebraciones en el puente del 15 de agosto. En lo corrido de la cuarentena se han hecho 2.336 celebraciones clandestinas en la capital de Bolívar. “Algunos eventos se organizan por redes sociales, los cuales son verificados por policías de la Seccional de Inteligencia Policial, para intervenir los eventos con las Caravanas de Seguridad”, detalló la Policía de Cartagena. Los comparendos por desacatar las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en esa ciudad ascienden a 45.319.
¿Qué pasa con las personas que no pagan los comparendos?
Son varias las consecuencias que conlleva no pagar las multas por incumplir el aislamiento preventivo obligatorio. En la Ley 1801 de 2016 se establecen unas consecuencias por el no pago de las multas dependiendo el tiempo que transcurra desde la sanción.
“El no pago de la multa dentro del primer mes dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente. Si pasan noventa días se procederá al cobro coactivo. Transcurridos seis meses la persona no podrá obtener ni renovar permiso de tenencia o porte de armas, ser nombrado o ascendido en cargo público, ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado u obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio”, explica Iván Santamaría, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.