La cuarentena decretada por el Gobierno Nacional para contrarrestar el contagio del COVID-19 tiene en apuro a 3.500 habitantes del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Mineros artesanales, mototaxis, taxistas, están en sus casas respetando la orden. “El único empleo formal en el municipio es el que ofrece la Alcaldía”, cuenta Sebastián Moná presidente del concejo municipal.
Una de las fuentes de ingreso es el transporte informal. Desde Cáceres al municipio de Caucasia cobran entre $12.000 y $14.000 los taxis; y los mototaxis cobran $7.000. Pero ahora, todo eso está paralizado.
“Cáceres no es un municipio autosostenible, a nosotros nos sostiene el Gobierno Nacional quien nos envía recursos de regalías y con el recaudo catastral”, explica el presidente del concejo municipal.
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El Gobierno Nacional habilitó a los alcaldes para que hicieran movimientos presupuestales, pero según Moná aún no han enviado los recursos. La única ayuda que esperan llegue a Cáceres es la de la Gobernación de Antioquia, que prometió 720 kits de mercados para los más vulnerables. A eso se le suman los 1.000 mercados que la Alcaldía municipal tiene presupuestado comprar, sin embargo, quedarían más de 1.000 personas sin recibir las ayudas humanitarias.
Además, hay siete cabildos indígenas confinados por el COVID-19, quienes están a la espera de apoyo de mercados, entre los que se encuentran los Carupia y los Omagá.
El Alcalde de este municipio antioqueño, Juan Carlos Rodríguez, abrió una cuenta en el Banco de Bogotá para pedir apoyo del resto del país y así solventar las necesidades de las familias que padecen por la emergencia sanitaria del coronavirus.
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En Cáceres se han desinfectado los carros de transporte de alimentos y la Policía se encuentra vigilando que no circule ningún carro particular en el municipio.