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El pasado miércoles se dio a conocer la orden de captura por parte de la Fiscalía contra el contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña; el exgerente del hospital La María, William Marulanda; su hermana Yurani Marulanda; y el exsubgerente de la entidad, Diego Ceballos, por delitos de prevaricato por omisión y peculado por apropiación. Los funcionarios son procesados debido a que se realizaron cirugías estéticas en el centro médico, al parecer, sin cancelar en su totalidad los servicios.
Este viernes, después de efectuadas las capturas, la Fiscalía les imputó los cargos y presentó pruebas como entrevistas de auditores y facturadores implicados en el hecho.
El concejal de Medellín Bernardo Guerra fue quien, en compañía del diputado de Antioquia Jorge Gómez Gallego, presentó la denuncia sobre este caso ante las autoridades. En conversación con El Espectador habló sobre la investigación que reveló el desfalco al hospital La María, que dio a conocer la Superintendencia de Salud el año pasado y que hoy tiene en aprietos al contralor de Medellín. En ese momento, el ente de control identificó 35 supuestos hechos de corrupción.
¿Cómo llegó a conocer las irregularidades de contratación de servicios quirúrgicos en La María?
En julio de 2016 varios profesionales de la salud me buscaron para informarme sobre una estructura criminal que estaba tomándose los hospitales públicos en Antioquia, comprando concursos de los exámenes que se hacían en las universidades (oscilaban entre los $30 y 1.000 millones, según el presupuesto y la categoría del hospital). Entre estos estaba La María.
Comenzamos el 10 de octubre un debate en el Concejo de Medellín para denunciar dicha situación, que se ha tomado más de 30 centros médicos públicos antioqueños. Cuando revisamos el hospital de La María nos llegó una información que decía que hacía cinco meses no les pagaban a los especialistas. Los mismos empleados comenzaron a enviar información a mi despacho, donde reportaban procedimientos quirúrgicos del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, y de familiares del gerente, quienes eran tratados como “pacientes especiales”.
¿Cuáles son las características que definen que son ‘pacientes especiales?
Son procedimientos que se hacen entre semana, con una ubicación especial. A ellos les tenían destinadas las habitaciones 201 y 101, no se les cobraban el 100%, muchas de las facturas estaban adulteradas, y algunos de ellos pagaron los servicios irrisorios después del escándalo que surgió en el Concejo.
Además no pagaron el monto total del procedimiento sino que pagaban al especialista por aparte. Los insumos, como las prótesis mamarias, las llevaban al hospital. Algo ilógico porque en una contabilidad seria hacen proceso de caja única, que no se veía en el hospital La María y quedó referenciado en una auditoría forense que hizo la Superintendencia de Salud.
Los acusados presentaron facturas, ¿por qué se afirma que fueron adulteradas?
La Fiscalía tiene acervo probatorio de que las facturas fueron adulteradas. Algunos pagaron después del escándalo, y no pagaron los valores justos por los procedimientos. Una de las cajeras informó cómo a través del sistema de facturación, el director financiero, Roberto Suescún, y su esposa (la jefe de sistemas) alteraban la facturación y el consecutivo de facturas para hacer parecer que estaban pagadas.
¿Cómo cree que se puede combatir la corrupción entre funcionarios públicos?
El problema es cuando los organismos de control son permeados, como el caso del contralor. Él se sometió a un servicio de cirugía plástica pagando $1 millón, cuando ese procedimiento puede estar valiendo $10 millones. Él es el auditor de esta entidad. Lo que estaba buscando era el silencio, que no se auditara a este hospital y a la estructura criminal que se ha robado la salud en el departamento.
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Laura Marulanda, exauditora general, dijo en entrevista con Blu Radio que a usted “le gusta hacer show”. ¿Qué le responde?
Los corruptos generalmente dicen que esto es un show, el principal problema del país es la corrupción. No puede estar equivocado el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, cuando le pidió la renuncia a su hermano como gerente del hospital y a ella como directora de Cultura. No puede estar equivocada la Superintendencia de Salud, que encuentran 36 formas de cómo se robaron el hospital. No puede estar equivocada la Fiscalía, que tiene suficiente acervo probatorio, fotografías, audios y videos de cómo se robaron el hospital.
La Fiscalía ha hecho parte solo de las cirugías plásticas, pero esperamos que ahonde en la situación del desfalco a la entidad. Inicialmente no aparecen $5.000 mil millones y hay manejo irregular de $78 millones, como lo muestra el informe.
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¿Qué otros detalles sobre este caso, vale la pena rescatar?
El contralor general de Antioquia, que gana alrededor de $15 millones mensuales, ha terminado pagándole un procedimiento estético a un hospital para pacientes con tuberculosis y con enfermedades pulmonares. Esto con el fin de ahorrarse unos pesos, no pagarle al sistema, y engañar al mismo con un pago de $6 millones a través de una cooperativa. Hizo pasar el procedimiento estético como una lipodistrofia.
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