10 Sep 2020 - 12:00 a. m.

No cesa el desplazamiento forzado en las zonas rurales del sur de Córdoba y Antioquia

Desde el 27 de julio se presentó un desplazamiento masivo de cerca de 100 familias que salieron de la vereda La Cabaña, municipio de San José de Uré, Córdoba. Esto luego de un triple homicidio que ocurrió en la zona. La alcaldía reporta casos de desplazamientos individuales hasta la primera semana de septiembre.

Las familias campesinas de la vereda La Cabaña, corregimiento de Versalles, municipio de San José de Uré, sur de Córdoba, tienen miedo de que otro hecho violento pueda cobrar la vida de los miembros de su comunidad. Esto luego de un triple homicidio que ocurrió el 27 de julio en esa vereda: personas armadas llegaron a la zona y mataron a miembros de una misma familia.

De acuerdo con la denuncia hecha por la Fundación Social Corberxia, además de los asesinatos, "Los Caparros” –un grupo de origen paramilitar que opera en esta región y en el Bajo Cauca– habrían amenazado a la comunidad. Ese día, luego del homicidio, se desplazaron 97 familias (casi 300 personas) de la vereda, según datos de la Alcaldía de San José de Uré.

“Cuando se presentó el desplazamiento, las personas manifestaron que no estaban seguras de retornar. Con el Ejército en la zona, se estaba analizando esa posibilidad. Sin embargo, la semana pasada ocurrieron más hechos violentos en La Esperanza, una vereda cercana a La Cabaña que pertenece a Antioquia. Eso llenó de mucho temor a las familias”, dijo Rubén Oyola, miembro del Enlace de Víctimas de la alcaldía municipal a este diario.

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El 31 de agosto se desplazaron 54 personas de La Esperanza hasta el municipio antioqueño de Tarazá. “Ese desplazamiento fue el más reciente. La mayoría llegó a Tarazá pero también varias personas llegaron a San José de Uré”, dijo Sonia Marchena, secretaria de Gobierno de San José de Uré. Agregó que al parecer grupos armados están amenazando a las familias del sector.

“Las personas desplazadas dicen que unos grupos les dieron un tiempo estipulado para que desalojaran la zona. Al principio los campesinos siguieron en su comunidad porque no querían dejar sus animales y cultivos. Sin embargo, el miedo llega; más aún cuando luego de una advertencia ocurrieron acontecimientos como los del 27 de julio”, dijo Marchena.

¿Qué pasó en Tarazá (Antioquia)?

El 4 de septiembre Deyvinson Montero Arroyo, secretario de Gobierno de Tarazá, informó que La Esperanza se quedó sin habitantes. “La comunidad abandonó la zona en tres desplazamientos, en un primer momento salieron 23 núcleos familiares, después cuatro familias más, incluyendo al presidente de la Junta de Acción Comunal, así fueron llegando las familias al casco urbano. Ya la comunidad quedó sin habitantes, quedó sola totalmente”, dijo Montero Arroyo a RCN Radio. Al parecer las personas huyeron por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

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Uno de los hechos violentos más recientes que golpeó a los habitantes del municipio, fue el asesinato de Wilmer Andrés y Edil Alfonso Ramírez. Los hermanos gemelos de 17 años desaparecieron desde el jueves 27 de agosto en Tarazá. Los cuerpos de ambos jóvenes fueron hallados degollados y con signos de tortura.

El 30 de agosto, en el sector conocido como El 90, se encontró sin vida a la lideresa Mabel Sandra Banda Meneses, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso, corregimiento de La Caucana de Tarazá.

El conflicto armado en el sur de Córdoba

Oyola agregó que los desplazamientos forzados en San José de Uré se agudizaron desde hace tres años. “En 2018 tuvimos cinco desplazamientos; en 2019 tuvimos tres. Además, en enero de este año lanzaron un artefacto explosivo en el casco urbano. Se aumentó el pie de fuerza, sin embargo, se siguen presentando hechos en el municipio”, comentó.

A finales de agosto de este año, Rafael Guarín, consejero para la Seguridad Nacional, viajó a las regiones del Catatumbo, Bajo Cauca, Tumaco, Arauca, Córdoba y Chocó con el propósito de entregarle al presidente Duque varias recomendaciones sobre cómo reforzar la seguridad en esas zonas.

“Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional trabajan para proteger a la población en el Bajo Cauca y sur de Córdoba. Desarticular las estructuras del Clan del Golfo, los Caparros, el Eln y las disidencias de Farc es prioridad para proteger a las comunidades y los líderes sociales en la región”, informó la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional el 1º de septiembre.

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El sur de Córdoba es una región estratégica para los grupos armados ilegales. Esto debido a dos corredores estratégicos de movilidad: “El primero une la frontera de Venezuela con las costas de Córdoba, Urabá y Chocó. El segundo, conduce del Bajo Cauca antioqueño hasta las costas de Córdoba, Sucre y Urabá, empleados para el tránsito de armas, drogas, precursores químicos y combatientes”, se lee en la Alerta Temprana 54 de 2019 emitida por la Defensoría del Pueblo.

En el documento, la entidad advirtió que los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, al sur del departamento estaban en riesgo. Abarca también centros poblados intermedios y las vías que los conectan con los principales cascos urbanos de la subregión del San Jorge, conformada por los municipios La Apartada, Ayapel, Buenavista, Pueblo Nuevo y Planeta Rica.

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Además de las rutas estratégicas, la Defensoría explicó que en esas zonas confluyen intereses de diversos actores armados legales e ilegales “atraídos por la fertilidad de los valles del Sinú y el San Jorge, la riqueza hídrica y los recursos del subsuelo que han dado origen a la creación del Distrito Minero Montelíbano en la subregión del San Jorge, cuyos principales recursos minerales están representados en ferroníquel, carbón, oro, plata y cobre”.

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