La comunidad estudiantil de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín convocó a una movilización en el campus motivada por una denuncia de presunto abuso sexual que involucra a un estudiante de la institución. El plantón, organizado el martes 14 de abril de 2026, surgió a raíz de los señalamientos difundidos inicialmente en redes sociales, con el fin de exigir la aplicación de protocolos de género y claridad sobre las medidas institucionales ante los hechos reportados.
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El incidente, un presunto abuso sexual, habría ocurrido dentro de las instalaciones de la institución. Según lo denunciado a través de las redes sociales del Colectivo Malva, la situación sucedió en octubre de 2025, sin embargo, la víctima inició el proceso formal de denuncia en marzo de 2026.
En ese momento se activó el Código Fucsia desde el Hospital Pablo Tobón Uribe y se notificó a la universidad a través de sus servicios de atención psicológica, con quienes la estudiante ya había tenido contacto días después del suceso. En su publicación, el colectivo declaró que la denuncia se hizo pública bajo el amparo de la Sentencia T-275 de 2021, la cual reconoce el escrache como un mecanismo legítimo de protesta social.
En respuesta a la situación, la institución emitió un comunicado informando la activación integral de la ruta interna para la atención de violencias basadas en género (VBG). Por su parte, el rector de la universidad, Carlos Mauricio Agudelo, precisó que conoció el caso mediante las redes sociales y que, tras reunirse con la denunciante, confirmó que la alumna se había acercado a funcionarios de la universidad una semana después del suceso para reportar lo ocurrido.
Durante su pronunciamiento oficial, el rector reconoció fallas en la atención inicial y ofreció una disculpa pública: “ya nos encontramos con la estudiante afectada y con algunas compañeras que la han estado apoyando en este proceso. Tuvimos un diálogo abierto y sincero con ellas”.
Agudelo, además, admitió la falta de diligencia del personal y añadió: “como rector general, quiero expresarle mi solidaridad a la estudiante y ofrecerle mis disculpas, porque faltó mayor diligencia por parte de los funcionarios que la atendieron y la escucharon”.
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Como parte de las acciones de respuesta, la universidad dispuso acompañamiento psicojurídico para brindar protección y apoyo integral a la persona afectada.
Además, la institución anunció el trabajo conjunto con las autoridades competentes para el esclarecimiento de la situación, así como una revisión exhaustiva de sus procesos internos, el refuerzo de la seguridad en el campus y la activación de programas de formación para prevenir violencias de género.