Erradicar la pesca industrial e ilegal, la exigencia de los raizales en San Andrés

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que -entre otros puntos de la decisión- exhortó a Nicaragua y Colombia a avanzar en un acuerdo para respetar el derecho a la pesca en los bancos de pesca tradicionales en sus zonas económicas exclusivas, puso de nuevo los reflectores sobre ese departamento del país, sus raizales y pescadores.

(Lo invitamos a leer: Ser mujer trans en Antioquia: asunto de identidad y riesgo)

Al ser indagado por El Espectador para conocer su impresión sobre ese aparte de la decisión, Edgar Jay Stephens, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Cooperativa de Pescadores de Providencia, asegura que dentro de toda la tensión diplomática existente y ante las decisiones de la Corte Internacional de La Haya, los pescadores y la comunidad raizal nunca fueron consultados por el Gobierno de Colombia y se han tomado decisiones sin tenerlos en cuenta a ellos, que son los principales afectados.

“Primero que todo nosotros no hemos sido consultados. Redactaron el estatuto raizal sin consultar con la Federación de Pescadores de Providencia. Nosotros venimos hace rato exigiendo que se respeten nuestros derechos pesqueros, que se erradique la pesca industrial y que se controle la pesca por parte de pescadores ilegales, auspiciados por el mismo gobierno departamental, el gobierno colombiano y por las instituciones que deben controlar la pesca”, asegura.

Pese a que el fallo del 19 de noviembre de 2012 confirmó la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de 7 islas menores y cayos (Albuquerque, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Bolívar, Roncador y Quitasueño), la pérdida de 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial ha representado un problema para las islas.

“El derecho pesquero es de los pescadores artesanales de Providencia y de San Andrés, no se puede utilizar solamente como un argumento para una corte internacional de justicia. El derecho pesquero se debe aplicar y precisamente es el Estado colombiano el que está violando nuestros derechos cuando tienen un proyecto ilegal de construir una base militar de guardacostas justo al lado de la sede de la Cooperativa de Pescadores, que es una de las organizaciones de la Federación”, manifiesta inconforme Stephens.

Con la pérdida del territorio marítimo estos problemas se complejizaron y hoy en día representa una dificultad para la actividad pesquera ya que algunas de las zonas más importantes y con mayor riqueza marina ya no son accesibles para los isleños por ser territorio nicaragüense.

Para los isleños es una afrenta no poder acceder al mar que las anteriores generaciones sí pudieron disfrutar. Por ello, los habitantes del archipiélago piden mayor presencia del Gobierno Nacional pues este no es el único problema que afecta a la región. También es necesario solucionar lo referente a la cobertura de salud y de servicios públicos, educación y mayor presencia estat

A sus 66 años Hernán Mcgowan lleva casi cuatro décadas trabajando como pescador en la isla de San Andrés, Providencia y también en los cayos. Está cansado de estar en medio de un conflicto de poder y quiere, como muchos sanandresanos, que sus derechos sean respetados y que puedan decidir sobre lo que ocurre en su territorio.

“Como pescador y raizal de San Andrés, no me siento contento con la decisión y tampoco las decisiones que está tomando el gobierno de Colombia ni de Nicaragua. Ellos están tomando determinaciones y nosotros estamos en el medio. No hay nada a favor de los pescadores”, comenta Mcgowan.

(Lo invitamos a leer: La Piragua: en busca de las memorias del Caribe colombiano)

Otros reclamos

Los líderes comunitarios y pescadores de San Andrés cuestionan, además, el abandono y la indiferencia estatal que por años han sufrido. Por ello, pese a que el Estado colombiano tiene el control sobre el territorio y posee su soberanía, no se ha traducido en apoyo, políticas y medidas para solucionar los problemas que sufre la Isla desde hace mucho tiempo

“Llevamos 407 días demandando, movilizándonos y no han querido responder. Están violando nuestros derechos ambientales, nuestros derechos pesqueros y los derechos de consulta previa. Estamos ante un Estado y un Gobierno que son absolutamente hipócritas, que hablan de unos derechos pesqueros que no respetan”, concluye Edgar Jay, presidente de los pescadores de Providencia.

Con un acento caribeño y un tono desilusionado, Hernán asegura que no quiere ser ni colombiano ni nicaragüense. “Queremos ser nosotros mismos. Nos toca buscar nuestra propia soberanía porque si tú no tienes voz en tu casa, qué más puedes hacer que irte de ella. Colombia no está brindando autonomía, entonces nos toca encontrarla, para tener una vida más diga”.

Recordemos que San Andrés y Providencia también es constantemente azotado por huracanes como Iotoa, que el 16 de noviembre de 2020 destruyó gran parte de la infraestructura en Providencia. Precismente, este miércoles el presidente Iván Duque “entregó la nueva sede de la alcaldía y la reconstrucción del Puente de los Enamorados, que tuvieron una inversión por $27 mil millones. Sin embargo, los lugareños aún reclaman sus derechos a la salud, la educación y servicios básicos, entre otros.

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que -entre otros puntos de la decisión- exhortó a Nicaragua y Colombia a avanzar en un acuerdo para respetar el derecho a la pesca en los bancos de pesca tradicionales en sus zonas económicas exclusivas, puso de nuevo los reflectores sobre ese departamento del país, sus raizales y pescadores.

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Al ser indagado por El Espectador para conocer su impresión sobre ese aparte de la decisión, Edgar Jay Stephens, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Cooperativa de Pescadores de Providencia, asegura que dentro de toda la tensión diplomática existente y ante las decisiones de la Corte Internacional de La Haya, los pescadores y la comunidad raizal nunca fueron consultados por el Gobierno de Colombia y se han tomado decisiones sin tenerlos en cuenta a ellos, que son los principales afectados.

“Primero que todo nosotros no hemos sido consultados. Redactaron el estatuto raizal sin consultar con la Federación de Pescadores de Providencia. Nosotros venimos hace rato exigiendo que se respeten nuestros derechos pesqueros, que se erradique la pesca industrial y que se controle la pesca por parte de pescadores ilegales, auspiciados por el mismo gobierno departamental, el gobierno colombiano y por las instituciones que deben controlar la pesca”, asegura.

Pese a que el fallo del 19 de noviembre de 2012 confirmó la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de 7 islas menores y cayos (Albuquerque, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Bolívar, Roncador y Quitasueño), la pérdida de 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial ha representado un problema para las islas.

“El derecho pesquero es de los pescadores artesanales de Providencia y de San Andrés, no se puede utilizar solamente como un argumento para una corte internacional de justicia. El derecho pesquero se debe aplicar y precisamente es el Estado colombiano el que está violando nuestros derechos cuando tienen un proyecto ilegal de construir una base militar de guardacostas justo al lado de la sede de la Cooperativa de Pescadores, que es una de las organizaciones de la Federación”, manifiesta inconforme Stephens.

Con la pérdida del territorio marítimo estos problemas se complejizaron y hoy en día representa una dificultad para la actividad pesquera ya que algunas de las zonas más importantes y con mayor riqueza marina ya no son accesibles para los isleños por ser territorio nicaragüense.

Para los isleños es una afrenta no poder acceder al mar que las anteriores generaciones sí pudieron disfrutar. Por ello, los habitantes del archipiélago piden mayor presencia del Gobierno Nacional pues este no es el único problema que afecta a la región. También es necesario solucionar lo referente a la cobertura de salud y de servicios públicos, educación y mayor presencia estat

A sus 66 años Hernán Mcgowan lleva casi cuatro décadas trabajando como pescador en la isla de San Andrés, Providencia y también en los cayos. Está cansado de estar en medio de un conflicto de poder y quiere, como muchos sanandresanos, que sus derechos sean respetados y que puedan decidir sobre lo que ocurre en su territorio.

“Como pescador y raizal de San Andrés, no me siento contento con la decisión y tampoco las decisiones que está tomando el gobierno de Colombia ni de Nicaragua. Ellos están tomando determinaciones y nosotros estamos en el medio. No hay nada a favor de los pescadores”, comenta Mcgowan.

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Otros reclamos

Los líderes comunitarios y pescadores de San Andrés cuestionan, además, el abandono y la indiferencia estatal que por años han sufrido. Por ello, pese a que el Estado colombiano tiene el control sobre el territorio y posee su soberanía, no se ha traducido en apoyo, políticas y medidas para solucionar los problemas que sufre la Isla desde hace mucho tiempo

“Llevamos 407 días demandando, movilizándonos y no han querido responder. Están violando nuestros derechos ambientales, nuestros derechos pesqueros y los derechos de consulta previa. Estamos ante un Estado y un Gobierno que son absolutamente hipócritas, que hablan de unos derechos pesqueros que no respetan”, concluye Edgar Jay, presidente de los pescadores de Providencia.

Con un acento caribeño y un tono desilusionado, Hernán asegura que no quiere ser ni colombiano ni nicaragüense. “Queremos ser nosotros mismos. Nos toca buscar nuestra propia soberanía porque si tú no tienes voz en tu casa, qué más puedes hacer que irte de ella. Colombia no está brindando autonomía, entonces nos toca encontrarla, para tener una vida más diga”.

Recordemos que San Andrés y Providencia también es constantemente azotado por huracanes como Iotoa, que el 16 de noviembre de 2020 destruyó gran parte de la infraestructura en Providencia. Precismente, este miércoles el presidente Iván Duque “entregó la nueva sede de la alcaldía y la reconstrucción del Puente de los Enamorados, que tuvieron una inversión por $27 mil millones. Sin embargo, los lugareños aún reclaman sus derechos a la salud, la educación y servicios básicos, entre otros.