Villavicencio inundado y las soluciones siempre pospuestas

El Meta y Villavicencio sufren hoy las consecuencias de un país que empuja violenta y permanentemente a los campesinos hacia los bordes de caños y ríos, para robar sus tierras, mientras que, en contraposición, los ríos reclaman su espacio geográfico en cada invierno. (La noticia: vea los efectos del desbordamiento del río Guatiquía).

No es casual que los afectados por las enormes crecientes sean esos asentamientos subnormales formados por miles de desplazados, aunque tampoco es extraño que ahora resulten también perjudicados aquellos que se autoadjudicaron terrenos en los espacios ribereños de los ríos desde los años 60.

Vale decir que el centralismo aprueba los proyectos de mitigación de riesgos y, además, retiene el dinero de las regalías para realizarlos con el amaño de sus contratistas, por lo cual las soluciones son tardías, como es el caso del río Guatiquía que ahora nos atañe y cuyo proyecto, formulado por la Alcaldía y ya aprobado por las instancias centrales, aún no ha recibido asignación de recursos del Gobierno Nacional, pese al cacareo que se presenta cuando vienen sus despistados agentes de altísimo nivel burocrático.

La comunidad, que es conocedora de los flujos acuáticos y de la fuerte colmatación de los meandros causada por el material de arrastre, suele quedarse marginada de las soluciones por la suplantación de los representantes cívicos, lo cual reduce su presencia organizativa y participativa, minimizando así la función constitucional que posee la dirigencia del tejido social, por esta ruda violencia institucional dueña del poder y de sus canonjías. Por ello, se suele medrar frente a la prepotencia de mandatarios que manipulan las urgencias comunitarias que sí sopesan a diario las juntas comunales, aunque a estas las intervienen para condicionarlas en la época electoral.

Sabemos también que el costoso dique que construyó Cormacarena no serviría para contener el reclamo del territorio del Guatiquía. Es que, por otra parte, vale preguntarse que, si se hubiera aprobado y construido el anhelado “Distrito de Riego del Ariari”, proyecto engavetado desde hace 40 o más años, que reivindicaría a este emporio productivo de alimentos y potente despensa colombiana, ¿cuántas inundaciones, pérdidas de cultivos y numerosos damnificados se habrían evitado?

El complejo asunto de ordenar al territorio en función de su estabilidad pertinente semeja una utopía, porque el interés particular en esta República Señorial se yuxtapone al interés común donde los señores feudales han mandado durante más de dos siglos para perpetuar la era colonial.

Y tres asuntos más que nos atañen e inquietan: uno, la apertura nocturna de la exclusa de Chingaza (Embalse de Chuza), sobre lo cual hay serias versiones y muchos interrogantes respecto al probable “bombazo” reciente; dos, los programas de mitigación de la deforestación de la cuenca, con innumerables estudios que jamás se ha realizado y, tres, Chingaza II, que amenaza con seguir delinquiendo al violar el régimen de aguas sucesivas y su código internacional por desviar los torrentes de la vertiente orinocense hacia la vertiente magdalenense.

Y, además, ¿por qué no pensar en el “Distrito de Riego del Piedemonte” para controlar el desastroso suceso estacional causado por el reclamo territorial de los ríos Guayuriba, Guatiquía, Salinas, Upín y Guacavía, entre otros, con su formidable red de afluentes? Este sí que sería el eje esencial de un auténtico Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de esta subregión metense.

El Meta y Villavicencio sufren hoy las consecuencias de un país que empuja violenta y permanentemente a los campesinos hacia los bordes de caños y ríos, para robar sus tierras, mientras que, en contraposición, los ríos reclaman su espacio geográfico en cada invierno. (La noticia: vea los efectos del desbordamiento del río Guatiquía).

No es casual que los afectados por las enormes crecientes sean esos asentamientos subnormales formados por miles de desplazados, aunque tampoco es extraño que ahora resulten también perjudicados aquellos que se autoadjudicaron terrenos en los espacios ribereños de los ríos desde los años 60.

Vale decir que el centralismo aprueba los proyectos de mitigación de riesgos y, además, retiene el dinero de las regalías para realizarlos con el amaño de sus contratistas, por lo cual las soluciones son tardías, como es el caso del río Guatiquía que ahora nos atañe y cuyo proyecto, formulado por la Alcaldía y ya aprobado por las instancias centrales, aún no ha recibido asignación de recursos del Gobierno Nacional, pese al cacareo que se presenta cuando vienen sus despistados agentes de altísimo nivel burocrático.

La comunidad, que es conocedora de los flujos acuáticos y de la fuerte colmatación de los meandros causada por el material de arrastre, suele quedarse marginada de las soluciones por la suplantación de los representantes cívicos, lo cual reduce su presencia organizativa y participativa, minimizando así la función constitucional que posee la dirigencia del tejido social, por esta ruda violencia institucional dueña del poder y de sus canonjías. Por ello, se suele medrar frente a la prepotencia de mandatarios que manipulan las urgencias comunitarias que sí sopesan a diario las juntas comunales, aunque a estas las intervienen para condicionarlas en la época electoral.

Sabemos también que el costoso dique que construyó Cormacarena no serviría para contener el reclamo del territorio del Guatiquía. Es que, por otra parte, vale preguntarse que, si se hubiera aprobado y construido el anhelado “Distrito de Riego del Ariari”, proyecto engavetado desde hace 40 o más años, que reivindicaría a este emporio productivo de alimentos y potente despensa colombiana, ¿cuántas inundaciones, pérdidas de cultivos y numerosos damnificados se habrían evitado?

El complejo asunto de ordenar al territorio en función de su estabilidad pertinente semeja una utopía, porque el interés particular en esta República Señorial se yuxtapone al interés común donde los señores feudales han mandado durante más de dos siglos para perpetuar la era colonial.

Y tres asuntos más que nos atañen e inquietan: uno, la apertura nocturna de la exclusa de Chingaza (Embalse de Chuza), sobre lo cual hay serias versiones y muchos interrogantes respecto al probable “bombazo” reciente; dos, los programas de mitigación de la deforestación de la cuenca, con innumerables estudios que jamás se ha realizado y, tres, Chingaza II, que amenaza con seguir delinquiendo al violar el régimen de aguas sucesivas y su código internacional por desviar los torrentes de la vertiente orinocense hacia la vertiente magdalenense.

Y, además, ¿por qué no pensar en el “Distrito de Riego del Piedemonte” para controlar el desastroso suceso estacional causado por el reclamo territorial de los ríos Guayuriba, Guatiquía, Salinas, Upín y Guacavía, entre otros, con su formidable red de afluentes? Este sí que sería el eje esencial de un auténtico Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de esta subregión metense.