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Úrsula Holzapfel sabe que jamás olvidará aquel mes de mayo de 2002. Ella, una misionera laica de origen alemán estaba en la diócesis de Quibdó el primero de mayo cuando allí recibieron una llamada por teléfono satelital desde Vigía del Fuerte con el anuncio de que arreciaba la arremetida brutal de la guerrilla de las Farc para desalojar a los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, quienes se habían instalado en el río Atrato un par de años antes.
“Esa fecha no se me va a borrar de la mente, nos llegó la noticia que había un ataque de la guerrilla contra los paramilitares que estaban ubicados en Bellavista y la gente se había refugiado en la iglesia y en la casa de las misioneras” recuerda Úrsula. “Estábamos avisados que algo podía pasar, pero eso tan tremendo no nos lo habíamos imaginado. Fue una tragedia anunciada desde el 21 de abril de 2002, cuando supimos que los paramilitares habían vuelto a la zona y estaban buscando cómo sacar a la guerrilla”.
El dos de mayo consiguieron comunicarse de nuevo con los sacerdotes de Vigía del Fuerte. Algo había ocurrido en Bellavista, había treinta muertos como mínimo, les dijeron.
Úrsula hizo parte de la comisión humanitaria liderada por la iglesia que intentó llegar hasta Bellavista (el casco urbano del municipio de Bojayá) desde que supieron sobre los primeros enfrentamientos. La comisión sólo pudo ingresar al cuarto día navegando por el Atrato, después de cruzar retenes de la guerrilla y los paramilitares en el río.
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Lo que encontraron es lo mismo que luego vio el país y el mundo entero en las fotografías de Jesús Abad Colorado, quién también iba en ese bote: una iglesia en ruinas repleta de escombros y restos humanos, un pueblo con las casas destruidas, caravanas de hombres, mujeres y niños que escapaban en chalupas remando con sus propias manos porque no tenían remos. Los enterradores llevaban tres días cavando fosas comunes y recogiendo cadáveres. En ese entonces se habló de más de cien, hoy se sabe con certeza que fueron 79 víctimas directas por la pipeta que las Farc lanzaron y que cayó en la iglesia, donde se refugiaban alrededor de quinientos civiles.
Después, la comunidad insistió y logró parcialmente que se reconocieran como víctimas de la masacre a los niños no nacidos que estaban en el vientre de algunas madres muertas y a sobrevivientes que murieron posteriormente por cáncer y otras enfermedades asociadas al trauma de aquellos días. La cifra de víctimas fatales asciende hoy a 98 personas.
“Más que el hecho mismo, recordamos y vive en nosotros la resistencia de esa comunidad, cómo trabajan, cómo viven en el río y el nuevo Bellavista” asegura Úrsula Holzapfel. “Para mí esa es la memoria: todo lo que se ha vivido en estos 18 años”. Lo que se ha vivido en los últimos 18 años es una lucha por la dignidad apostándole a la paz que es ejemplo para el resto del país. Y un largo camino buscando la reparación de aquellos hechos terribles.
El proceso de reparación institucional a las víctimas de la masacre ha sido lento, lleno de equívocos y tropiezos. Tan sólo en noviembre del año pasado Bojayá pudo sepultar finalmente a sus muertos según los usos y costumbres ancestrales del pueblo negro del Atrato, luego de la identificación de la mayoría de cuerpos. Liliana María Foronda, la fiscal al frente de dicho proceso, explicó en noviembre pasado ante la comunidad que los restos ubicados en fosas comunes y diferentes cementerios de la región se cotejaron con muestras genéticas de los familiares, la Fiscalía entregó a los familiares 72 cuerpos plenamente identificados para su sepultura, que ya fue realizada.
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“Se logró identificar y enterrar a la mayoría de cuerpos como corresponde, pero otros permanecen desaparecidos” explica José de la Cruz Valencia, un líder del Comité de Víctimas que perdió varios de sus parientes en los hechos del 2002. “Cuatro cuerpos que estaban en el cementerio de Riosucio fueron exhumados por la Fiscalía y ahora no aparecen”.
Según el Comité de Víctimas de Bojayá las medidas de reparación colectiva que fueron pactadas con el Estado no se han terminado de concretar. Y uno de los asuntos más espinosos radica en que el Estado colombiano reconozca de manera voluntaria y sin presiones de una orden judicial o una sentencia internacional que también tuvo que ver con esos hechos. “Hemos estado abiertos a que el Estado colombiano se acerque y reconozca sus responsabilidades, para hablar francamente” insiste José de la Cruz Valencia, “los acercamientos deben ser voluntarios, un acto de reconocimiento obligado por una sanción judicial no tiene el valor que nosotros esperamos. Que sea un ejercicio real de reconocer que afectaron a la comunidad y que quieren resarcir esos daños que causaron”.
La culpabilidad de las Farc en la masacre está ampliamente probada y documentada. Hay juicios, hay sentencias, hay responsables claros. No obstante, desde el mismo 2002 los informes de las Naciones Unidas sobre la masacre establecieron que había una responsabilidad tripartita del Estado, los paramilitares y la guerrilla para el caso de Bojayá. Múltiples denuncias y alertas tempranas fueron elevadas por la iglesia y las organizaciones sociales de la región, por lo menos desde tres años antes, informando del grave riesgo para las comunidades. La respuesta institucional nunca llegó. Esa desprotección y omisión del Estado al cumplir sus funciones como garante de la vida y seguridad de la población es lo que hoy reprochan los habitantes.
Pero hay más elementos que el país no conoce lo suficiente, como los señalamientos directos contra miembros de las Fuerzas Armadas por haber facilitado la incursión paramilitar en la zona, y las acusaciones directas que la diócesis de Quibdó hizo contra el general Mario Montoya, quien fue filmado en compañía de miembros activos de las Autodefensas cuando visitó la población destruida pocos días después de los combates.
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“Justicia y Paz adelantó algunos procesos con los paramilitares y la Fiscalía con la guerrilla, pero la responsabilidad de los militares no se ha investigado” asegura Byron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad que ha estado al tanto del caso. “Hay denuncias muy concretas que refieren los vínculos del general Mario Montoya con los paramilitares, los paramilitares entraron y el ejército los dejó pasar, nadie se interpuso Naciones Unidas estuvo en la zona y le dijo al Estado que debía investigar esos hechos, pero nunca se hizo en 18 años”.
Ahora Bojayá vuelve a sufrir los rigores de la guerra sin haber cerrado siquiera las heridas de aquel dos de mayo. Las comunidades indígenas y afrocolombianas asentadas en caseríos lejanos de ríos como Pogue, Napipí y Bojayá están sometidas a la presión de los enfrentamientos entre las "Autodefensas Gaitanistas" y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se disputan la región tras el vacío de poder que dejó la desmovilización de las Farc. “La realidad en el territorio no ha cambiado, las comunidades están con la misma realidad que se denunció hace unos meses” explica José de la Cruz Valencia, refiriéndose a las alertas tempranas y comunicados que la iglesia y las organizaciones han elevado desde el 18 de noviembre de 2019. Los pobladores dicen que es como si la historia estuviera repitiéndose.
Leyner Palacios, otro líder histórico de aquella comunidad, insiste en que hoy más que nunca “es el momento de hacer memoria, de recordar y escuchar la voz de las víctimas para que el país no permita que se repita algo tan terrible”. Leyner, quién fue amenazado por su liderazgo y ha estado al frente de la Comisión Interétnica de la Verdad, promociona el lanzamiento del documental “Bojayá entre fuegos cruzados” que será estrenado el 2 de mayo por Canal Capital como parte de la conmemoración de la masacre.
Mientras tanto, el Atrato sigue anegando por el invierno y las mujeres de Bellavista tejen bordados con sus recuerdos de la masacre. El dos de mayo los bojayaceños pondrán banderas blancas en sus casas, cantarán alabaos en el mausoleo donde reposan enterrados sus familiares y visitarán el viejo Bellavista, donde está la iglesia que vio caer la bomba, siempre en turnos de diez personas para hacer caso de las recomendaciones sanitarias en estos días de pandemia. Han corrido 18 años pero los misioneros en Quibdó vuelven a sentir miedo de que otra vez una llamada les diga que ha pasado algo en Bojayá.