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La Defensoría del Pueblo emitió este jueves, 30 de abril, una alerta temprana de inminencia en la que advierte a la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, sobre los hechos de violencia cometidos en el país en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus. De acuerdo con la entidad, entre el 23 de marzo y el 27 de abril del 2020 se presentaron 72 hechos bélicos, de los cuales 42 fueron "desencandenantes de expresiones de violencia, justificadas en el marco de la emergencia sanitaria y ambiental", señala el documento.
A pesar de que la propagación del virus ha tenido mayor impacto en las ciudades, el 57,5 % de estos hechos de violencia se presentaron en zonas rurales del país. Por ejemplo, sobre las disidencias de las Farc-ep, la Defensoría asegura que ha habido un fortalecimiento y consolidación de este grupo armado, sobre todo en regiones como la Orinoquía y la Amazonía, zonas en las que "ejercen control hegemónico o coexisten con otros actores armados en el territorio como el Ejército de Liberación Nacional (Eln)". En otras zonas como el Andén del Pacífico, el noroccidente, norte y nororiente del país, las disidencias se encuentran en disputa con otros actores armados, como las autodenominadas "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (Agc), explican.
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Sobre la cuarentena nacional, la entidad aseguró que los grupos armados ilegales, bajo el "argumento de prevenir la propagación del contagio", han emitido amenazas de homicidio, agresión o desplazamiento forzado contra la población civil a través de panfletos y comunicados con los que buscan imponer el aislamiento preventivo obligatorio con medidas y normas de conducta. Por el presunto incumplimiento de estas medidas, la Defensoría documento diez homicidios: tres, cometidos en Buenos Aires (Cauca) por disidencias de las Farc; dos, cometidos por este mismo grupo armado en Toribío (Cauca); uno, presuntamente cometido por el Eln en Bolívar (Cauca); uno, cometido en Fortul (Arauca) por el Eln y un ataque a una misión médica donde fueron asesinadas dos personas en Tumaco (Nariño).
Como "castigo por el incumplimiento" a la cuarentena nacional, cuatro vehículos fueron incinerados y fueron reportadas dos retenciones arbitrarias por desacato a las normas de los grupos armados ilegales. También, se han presentado desplazamientos forzados y amenazas a poblaciones indígenas en Arauca, según la Defensoría del Pueblo.
"A su vez, se han identificado casos de estigmatización a presuntos portadores del virus ocasionando situaciones de desplazamiento forzado a población migrante proveniente de Venezuela, casos de racismo a población indígena, declaración como objetivo de mal denominadas acciones de 'limpieza social' a contagiados y un posible distanciamiento social, por parte de las comunidades de Fonseca (La Guajira), a las personas en proceso de reincorporación del ETCR de Pondores, tras haber sido señalados como infectados", señala la alerta.
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Algunas de las problemáticas que expone el documento de la Defensoría, que podrían ser detonantes de la violencia en los territorios son los conflictos ambientales irresueltos, las prospectivas para la implementación de megaproyectos económicos extractivos, la violencia infringida contra líderes/as sociales, personas defensoras de Derechos Humanos y personas en proceso de reincorporación de las Farc-ep, el incremento o incentivos para la siembra de cultivos de uso ilícito y la erradicación manual de estos cultivos.
¿Dónde operan los grupos armados ilegales?
Según la investigación, las disidencias de las Farc-ep ha cometido el 34 % de las acciones armadas entre el 1 de enero del 2019 y el 24 de abril de este año. Por otra parte, según el informe, el Eln continúa ganando control sobre territorios que antiguamente eran ocupados por las Farc-ep, sobre todo en el Nororiente del país y la Orinoquía. "Este actor ha fortalecido su accionar, sirviéndose de las dinámicas de frontera porosa con Venezuela, donde existen brechas de presencia institucional por parte de los gobiernos de ambos países".Sobre los grupos sucesores del paramilitarismo como las autodenominadas "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (Agc), el Sistema de Alertas Tempranas explicó que continúan expandiéndose y consolidando control en algunos sectores del Andén del Pacífico, Caribe y el Nororiente. "En estos sectores, también han emprendido disputas por el control del territorio con el Eln y facciones disidentes de las Farc-ep. Otros grupos como los Rastrojos, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (‘Caparros’), los Puntilleros-Bloque Meta / Libertadores del Vichada, Cordillera, entre otros con adscripción focalizada regionalmente, se aprecia también la continuidad de su accionar violento por medio de amenazas; homicidios selectivos y múltiples; desapariciones forzadas; control de rentas ilegales provenientes del control de los eslabones del narcotráfico, los préstamos gota a gota, la minería ilegal, contrabando, trata de personas, prostitución forzada, etc.. También continúan obstaculizando los procesos de reclamación de tierras y reparación de víctimas, así como los reclamos y reivindicaciones de líderes/as sociales y personas defensoras de DD.HH. e imponen normas de conducta y sanciones a la población", añade la Defensoría.
Esta alerta temprana comparte algunos hallazgos y preocupaciones revelados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz la semana pasada, en un documento sobre las dinámicas de grupos armados durante la cuarentena nacional: los enfrentamientos que han protagonizado los actores armados, la violencia contra líderes sociales, métodos de control social y homicidios de desmovilizados de la guerrilla de las Farc.
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El primer hallazgo que resalta ese informe es que, mientras los enfrentamientos y actos terroristas del Eln disminuyeron, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc aumentaron “sus confrontaciones bélicas con la Fuerza Pública y otros actores ilegales”. También mencionaron que un líder social fue ejecutado cada 64 horas en el país entre el 25 de marzo y el 9 de abril de este año. El tercer hallazgo coincide con la alerta emitida por la Defensoría, en las que se expone las amenazas y métodos de control social impuestos por los actores armados para obligar al cumplimiento de la cuarentena. Por último, la UIA señaló que, en promedio, cada 120 horas fue asesinado un excombatiente de las Farc.