Excombatientes rechazan declaraciones de la canciller Claudia Blum

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En el Consejo de Seguridad de la ONU, la canciller aseguró que las Farc no han dado información sobre rutas del narcotráfico ni de la localización de personas desaparecidas. El Comité de Búsqueda de la exguerrilla le recordó que han entregado más de 350 casos de personas desaparecidas.

Luego de la presentación en Nueva York del informe de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz, la canciller Claudia Blum le pidió a este organismo que le exija el cumplimiento del acuerdo de paz a la exguerrilla de las Farc.

Específicamente argumentó que los principales retrasos están en la información de rutas de narcotráfico, la entrega de bienes y el trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Ante esta afirmación, a través de un comunicado, el Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas conformado por excombatientes de las Farc, le respondió que rechazaban sus declaraciones y que desde 2016 están trabajando de manera articulada con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), a la cual ya le han entregado más de 350 casos entre militares, civiles y excombatientes desaparecidos en medio del conflicto.

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“Mientras tanto, seguimos esperando que el Estado colombiano entregue información que permita el cumplimiento de dicha Unidad. Las desafortunadas palabras de la ministra Blum se articulan con la estrategia de sabotaje contra el proceso de paz orquestado por distintos sectores, entre ellos, el partido de Gobierno”, aseveraron.

Mencionaron además, que los firmantes del acuerdo de paz no tienen garantías de protección, “situación que hasta hoy suma 218 excombatientes de las Farc asesinados y toda una colectividad en Ituango en procesos de reincorporación desplazada ante la ausencia de garantías”.

Durante la sesión de la ONU, desarrollada este 14 de julio, la canciller también sostuvo que el país seguirá trabajando con las Naciones Unidas, “en las políticas de prevención de riesgos y amenazas que afectan a los defensores; así como en medidas de protección cada vez más eficaces y en el fortalecimiento de las autoridades judiciales para seguir reduciendo la impunidad”.

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