Unidad de Búsqueda inicia plan de trabajo para proteger desaparecidos de El Copey

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Junto a Fiscalía, JEP y Medicina Legal iniciaron el plan de trabajo para proteger el cementerio alterno de El Copey donde hay cuerpos no identificados, algunos, de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Tras un encuentro virtual entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Fiscalía y Medicina Legal se acordó establecer un plan de trabajo encaminado a la protección del terreno colindante al cementerio municipal de El Copey (César), que según organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas ha funcionado como cementerio alterno desde hace varias décadas, y donde han sido enterrados víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

La decisión se toma luego de conocerse que el alcalde, Francisco Meza, había ordenado a hacer excavaciones para enterrar muertos por COVID-19 sin las debidas precauciones. Allí se encontraron restos óseos de personas que además quedaron desprotegidos a campo abierto.

Mientras se desarrollaba la reunión, dos equipos de la UBPD estuvieron en la mañana de este viernes en la zona para verificar el estado de las excavaciones, los restos y que sea protegido el lugar.

Durante el encuentro, la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, llamó la atención sobre la importancia de emprender un trabajo articulado para garantizar la protección del lugar y de las estructuras óseas halladas en ese terreno de seis hectáreas. De esta manera, aseguró, será posible garantizar los derechos de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos.

En su intervención, el Fiscal 219 delegado ante los jueces penales del circuito del Grube, Juan Carlos Herrera, aseguró que este terreno ha sido intervenido desde 2016. Además, indicó que la Fiscalía conoce cuántos cuerpos han sido recuperados desde entonces, en qué laboratorio están y las coordenadas de su recuperación.

Esta acción se une a las medidas de protección que ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz, que además de ordenar la detención de cualquier tipo de intervención también le exigió a la alcaldía municipal disponer de un lugar, en un plazo máximo de 15 días, donde se garantice la preservación de los restos expuestos.

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