Unidad de Búsqueda, JEP y Comisión de la Verdad buscarán a los desaparecidos de Buenaventura

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Es la primera vez que un sistema de justicia transicional en Colombia se comprometa a buscar a los desaparecidos por el conflicto armado. Hoy firmaron un pacto por la búsqueda en Buenaventura junto a víctimas, organizaciones y otras entidades gubernamentales.

Este martes 13 de abril en Buenaventura, organizaciones de víctimas de desaparición forzada, autoridades locales y las tres cabezas del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación se comprometieron a construir una ruta para la búsqueda de las personas desaparecidas por el conflicto en el distrito portuario de Buenaventura (Valle del Cauca).

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De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 841 personas fueron desaparecidas en circunstancias relacionadas con el conflicto armado. De ellas, 779 fueron por desaparición forzada, 40 reclutadas, 3 secuestradas y 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos.

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“Este pacto puede abrirnos las puertas para que desde nuestros territorios busquemos soluciones no solo para encontrar a los desaparecidos, sino para prevenir que esto siga ocurriendo. Todos los días estamos viendo que siguen desapareciendo a nuestros muchachos”, aseguró una lideresa de la Casa Social y Cultural de la Memoria de Buenaventura, una de las distintas organizaciones sociales presentes en el evento, que por razones de seguridad pidió no ser identificada con su nombre.

Agregó que este pacto por la búsqueda debe tener como principio la espiritualidad y prácticas de los pueblos del Pacífico, quienes tienen una relación muy significativa con la muerte expresada en sus rituales mortuorios.

La idea de este pacto, según explicó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), es movilizar a las instituciones estatales, organizaciones y otros sectores sociales para reconocer la importancia de buscarlos y optimizar los esfuerzos entre todos para agilizar estos procesos.

“Es indispensable que además de escuchar y generar constancia de lo que sucede en Buenaventura”, añadió, “ejerzamos a plenitud nuestras competencias instituciones para rechazar de manera efectiva la violencia”.

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En el evento también estuvieron presentes la vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alexandra Sandoval; el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux junto al comisionado Leyner Palacios; Víctor Hugo Vidal, alcalde de Buenaventura; Orlando Riascos, secretario de paz de la Gobernación de Valle del Cauca y organizaciones sociales y de víctimas.

“Ser víctima de desaparición forzada es matar en vida a un ser humano. La dignidad humana no se puede perder”, sostuvo una de las mujeres buscadoras. Otra representante de las organizaciones además pidió que a nivel local se establezca una política pública para que los osarios sean usados a perpetuidad y que las familias tengan donde enterrar a sus parientes de manera digna.

La búsqueda de desaparecidos en el estero de San Antonio, sobre el cual hay una solicitud de medidas cautelaras a la JEP por parte de las organizaciones, fue una de las exigencias dentro de la firma del pacto. Para las familias y víctimas es necesario que no se reinicie el proyecto de dragado hasta tanto no se haga una exploración para sacar los cuerpos que estarían allí.

La UBPD estableció que el estero ha sido utilizado como lugar de disposición de cuerpos desde mediados del 2000 hasta el 2015 por diversos grupos armados. Este medio confirmó que las medidas cautelares para proteger ese lugar saldrían pronto.

La magistrada de la JEP Alexandra Sandoval insistió en que se implemente de manera integral el Acuerdo de Paz firmado con las Farc para evitar la repetición del conflicto y que espera que Buenaventura, a partir de esta articulación de entidades, pueda convertirse en un piloto de territorio de paz.

El pacto por Buenaventura tiene seis compromisos, entre los que están realizar acciones para el país comprenda el impacto de la desaparición en las familias y la connotación que tiene este delito para las comunidades étnicas del Pacífico, realizar alianzas con otras entidades, como la Fiscalía, y construir estrategias conjuntas para encontrar a las personas desaparecidas.

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“Cómo podemos hablar de respeto en un país donde hay más de 120.000 personas desaparecidas. La gran verdad cuando me ha tocado recorrer el dolor de este país es el inmenso irrespeto al ser humano. Quisiera invitar a que comencemos aquí, que transformemos lo que pasa en Buenaventura. Vamos con las víctimas y la comunidad en este camino por la dignidad”, señaló el padre Francisco de Roux.

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