Unidad de Búsqueda protegió 416 cuerpos en Puerto Berrío (Antioquia)

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se han registrado 7.360 personas desaparecidas en Magdalena Medio y específicamente en Puerto Berrío, 851.

Foto: UBPD

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que realizó una acción humanitaria sin precedentes: en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), protegió 416 cuerpos que se encontraban en bolsas y en baldes, dentro de dos celdas de custodia del cementerio La Dolorosa, en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia). Entre las estructuras óseas que fueron protegidas y reubicadas, según la entidad, se encontrarían víctimas de desaparición en el conflicto armado.

La entidad habla de protección porque hasta el momento solo se trasladaron a otro lugar del camposanto, donde estarían salvaguardados de peligros, como el deterioro o una posible mezcla con otros cuerpos. Ahora están dispuestos de una manera adecuada para que se preserven y a futuro evitar complicaciones con su identificación. Se espera que en una próxima acción humanitaria, cuya fecha está por definirse, se empiece con la etapa de recuperación, para posteriormente ser enviados a Medicina Legal.

“Por primera vez el Estado, desde el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en cabeza de la Unidad de Búsqueda, realizó acciones tendientes a la protección de cuerpos de personas que en algún momento fueron inhumadas en este campo santo. Nuestra investigación humanitaria indica que entre los cuerpos que fueron reubicados al menos 104 presentan lesiones que pueden corresponder a muerte violenta y potencialmente ser personas que fueron desaparecidas”, explicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.

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Además de los 416 cuerpos, la Unidad aseguró que hay otros más dispuestos en osarios y enterramientos individuales en dicho cementerio, que podrían corresponder a personas desaparecidas.

La Unidad de Búsqueda, señaló Monzón, “realizó 250 diálogos de orientación con personas de la región, recibió 51 solicitudes de búsqueda de personas que no tienen información acerca del paradero de sus seres queridos y realizaron 10 entrevistas con aportantes de información que podrían tener datos relevantes para dar con el paradero de personas que fueron desaparecidas por causa del conflicto armado”.

La acción se realizó en el marco de la solicitud de medidas cautelares que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le hizo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en 2018, y que hoy adelanta la Sección de Ausencia de Reconocimiento. En este proceso se pidió la protección de, al menos, 17 lugares donde habrían personas dadas por desaparecidas.

A través del Auto 023 de 2020, el Tribunal de Paz decretó una medida cautelar en relación con los lugares identificados en el cementerio La Dolorosa de Puerto Berrío por el término de seis meses. Tanto el administrador del camposanto como el alcalde de Puerto Berrío tienen prohibido permitir las inhumaciones de víctimas del Covid– 19 o de cualquier otro tipo de causa de muerte.

En esa misma decisión, el Movice relató las denuncias de los pobladores de Puerto Berrío y los problemas para proteger los cuerpos: “Se conoce que cuando los cuerpos aparecían flotando en el río, los habitantes de la zona los sacaban y los enterraban posteriormente en el cementerio, sin identificar, como forma de significación de su memoria, en otros casos les daban nombres para adoptarlos. Sin embargo, esta práctica solidaria de dar humanidad a las víctimas se ha convertido en un obstáculo para su identificación. El instituto Nacional de Medicina Legal ha informado que tiene cerca de 160 registros de personas no identificadas que podrían corresponder a víctimas de personas desaparecidas forzadamente o dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto. No obstante, el proceso de exhumación e identificación ha sido demasiado lento y el conflicto armado sigue azotando a esta región”.

La JEP también le preguntó a la Alcaldía de Puerto Berrío por estas denuncias, quien expresó que “se sabe de manera informal que existen bóvedas con cuerpos no identificados y que han sido adoptados por la comunidad que les colocan nombres, lo que dificulta la obtención de la información”. Aunque los cuerpos están ahí, hasta ahora no se había coordinado con jueces o con la Fiscalía su protección y posterior identificación.

Por ese motivo, la JEP le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) hacer una visita al cementerio, con la que se identificaron los 365 puntos de interés donde estarían los cuerpos en riesgo y se dieron cuenta de que las autoridades locales no estaban cumpliendo con la orden de no inhumar cuerpos no identificados sin orden judicial.

“El asunto es tan grave que en las llamadas “celdas de custodia” el mismo párroco contestó a un requerimiento de la SAR que allí se encontraban 52 cuerpos no identificados y ante la inspección judicial realizada por el GATEF se adujo que solamente eran 42, revueltos con una cantidad no determinada de otros cuerpos y en un estado lamentable para su seguridad y conservación, lo que es absolutamente inaceptable. Diez cuerpos no pueden desaparecer entre la respuesta del sacerdote en enero de 2020 y la visita del GATEF cuando no habían transcurrido dos (2) meses, ni podría equivocarse el sacerdote en contabilizar los cuerpos que exhumó sin orden judicial alguna, como lo admitió”, señaló la JEP en el auto.

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Con este panorama, la JEP armó una mesa técnica en la que se acordó que que la UIA debía realizar una inspección judicial a las celdas de custodia ubicadas en el cementerio La Dolorosa con el fin de realizar la identificación de los cuerpos que se encuentran allí y la Unidad de Búsqueda dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas.

“Esta acción humanitaria hace parte del trabajo que adelanta la UBPD en todo el país para avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas en los cementerios muchos de ellos provenientes de ríos del país. En el marco de los Planes Regionales de Búsqueda hemos encontrado que en algunos los cementerios de los municipios ribereños pueden estar los cuerpos de víctimas de desaparición que fueron arrojados en distintos ríos del país. Como ocurrió en el presente caso, en donde según la información recolectada, varios cuerpos fueron arrojados al río Magdalena y posteriormente recogidos e inhumados en el cementerio de Puerto Berrio, Antioquia”, explicó la funcionaria.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Búsqueda, proporcionadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se han registrado 7.360 personas desaparecidas en Magdalena Medio y específicamente en Puerto Berrío 851.