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Uno de los puntos más importantes del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP. Su papel, en resumen, es investigar y juzgar los delitos más graves cometidos por exmiembros de esta guerrilla e integrantes de la fuerza pública durante el conflicto armado.
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La JEP comenzó a funcionar hace un año. Sin embargo, desde que se ideó hasta ahora que está en marcha, esta jurisdicción ha tropezado, en varias ocasiones, con enormes obstáculos, que no sólo han truncado su funcionamiento, sino que también han afectado su imagen y legitimidad, a pesar de que hasta ahora no haya tomado decisiones trascendentales. Y es que no tiene una labor fácil. Hasta el momento, en Colombia no se había adelantado una justicia de este tipo: restaurativa, enfocada a la reparación de las víctimas y al esclarecimiento de la verdad.
Cambios en el Congreso
Los principales problemas los enfrentó en su consolidación. Para que lo pactado en La Habana (Cuba) se materializara, el Gobierno Nacional de entonces, a cargo del expresidente Juan Manuel Santos, primero debía presentar ante el Congreso el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, es decir, su columna vertebral. En pocas palabras, dicha ley establece su reglamentación para que este mecanismo transicional ponga un cierre al conflicto, conociendo y sancionando las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en 50 años de guerra.Y así se hizo. Sin embargo, en medio de esos debates parlamentarios, la JEP sufrió varias modificaciones y fue víctima de debates que iban en contra a lo estipulado en el acuerdo. Desde entonces, advierte Juan Carlos Ospina, Coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, esta justicia enfrentó las primeras piedras en el camino. “La jurisdicción que estaba incorporada en el Acuerdo Final, luego de la implementación normativa, cambió. Ahora es otra muy diferente. Se le intentaron meter varios micos para favorecer a ciertos sectores”, afirma Ospina.
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Uno de ellos, por ejemplo, fue el debate sobre la extradición. Ospina explica que en su momento se incorporó dentro sus reglas de procedimiento que la JEP no podía solicitar pruebas, así que su participación se limitaba a ser un testigo del trámite. “La JEP era un simple notario, cuando lo cierto es que la jurisdicción debe verificar si existió la conducta, si los hechos ocurrieron antes o después de la firma del acuerdo, o si la persona pertenece a un grupo armado, y en esa medida establecer si existe o no las condiciones de la garantía de extradición para los comparecientes”.
Otro de los debates a los que se enfrentó la JEP y que, según Ospina, perjudicó su legitimidad, fue la propuesta de crear una jurisdicción paralela para los miembros de la fuerza pública. Luego esto terminó en la incorporación de un parágrafo en el artículo 11, en el que se prohibía a la jurisdicción investigar los patrones, las dinámicas, las estructuras y las motivaciones de los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública. La gravedad de este punto radicaba en que si la JEP no podía investigar, tampoco podía esclarecer la verdad de los hechos. Y si no estaba habilitada para adelantar los juzgamientos, tampoco era capaz de establecer condenas. Así, de acuerdo con el jurista, se frustra el esfuerzo de justicia.
Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Bogotá, explica que también hubo otras iniciativas, provenientes la mayoría de la bancada del Centro Democrático, que buscaban limitar las funciones de la JEP, como no permitir el acceso a la información reservada de inteligencia o no tener en cuenta los casos de violencia sexual contra menores. Incluso se discutió sobre reactivar las órdenes de captura de los excombatientes de las Farc, aunque estuvieran cumpliendo las condiciones que les pedía la jurisdicción.
Aunque todas fracasaron en el Congreso gracias a que, según Goebertus, existe una bancada amplia de coalición entre distintos partidos en defensa del Acuerdo de Paz, lo cierto es la Ley Estatutaria duró mucho más tiempo del que se tenía previsto por las innumerables controversias y debates. Desde entonces la primera lucha fue contra el reloj.
Sin terceros civiles en la JEP
Luego de pasar por el Congreso, la JEP debía enfrentarse a la revisión de la Corte Constitucional. Allí tampoco se salvó de cambios. Ospina señala que una de las modificaciones que más impactó estructuralmente a la justicia especial fue cuando eliminó la obligación de los terceros civiles de acudir a la JEP y dejó como voluntaria su comparecencia. Es decir, alcaldes, gobernadores, notarios o empresarios que hayan participado en los hechos del conflicto armado no iban a ser juzgados por la JEP, a menos que ellos quisieran. Eso, según Ospina, acabó con la expectativa que se había creado de atender todos los actores armados y delitos cometidos en la guerra.Actualmente, la JEP está a la espera de que el Gobierno Nacional sancione la Ley Estatutaria, el último paso para que entre en funcionamiento. Aunque, vale la pena aclarar, aún sin este requisito, sigue adelantando sus procesos a la espera de la firma del presidente Iván Duque Márquez.
Nóminas paralelas inexistentes
Pero dichos procesos, propios de su funcionamiento, tampoco han pasado invictos. La JEP se ha visto inmersa en escándalos, que al final se comprobaron que no eran ciertos. Ese fue el caso de una posible nómina paralela en el presupuesto de la jurisdicción. Varios congresistas del Centro Democrático denunciaron públicamente que 43.000.000 millones de los 202.000.000 millones asignados para la JEP, serían destinados para contratación de supernumerarios o funcionarios temporales de la entidad. La JEP salió a desmentir el hecho y aseguró que nunca pidió presupuesto para personal de planta y supernumerario. Más tarde, el Ministerio de Hacienda confirmó que se trató de un error.
Cortos circuitos con la Fiscalía
Otro de los grandes problemas fue con la Fiscalía. En octubre del año pasado, agentes del CTI llegaron hasta la sede de la JEP de forma intempestiva y adelantaron una inspección por el caso 001, que agrupa los casos de secuestro atribuidos a las Farc. La orden de Policía Judicial incluía una entrevista a la magistrada que adelanta ese expediente. Esto generó un enérgico rechazo por cuenta de la presidenta de esa jurisdicción Patricia Linares, quien aseguró que se trataba de una grave intromisión a su labor. De inmediato, la diligencia fue interrumpida por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien reconoció el error.Lea también: El fiscal, la JEP y los bienes de las Farc: pelea con final inesperado
Asimismo, desde finales del año pasado, la JEP y la Fiscalía han tenido diferencias por cuenta de la información que la jurisdicción viene pidiendo al ente investigador sobre la suerte y paradero de los bienes de las Farc, que podrían reparar a las víctimas de la antigua guerrilla. La JEP le pidió a este tribunal especial tomar medidas de protección de estos bienes que estarían en riesgo de perderse, como alertó hace seis meses el dirigente del partido Farc, Pastor Alape. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se puso al tanto del tema y pidió información detallada a la Fiscalía. El ente investigador se negó a entregarla, reiteradamente, aludiendo un conflicto de competencias.
Sin embargo, a principio de este año, la Fiscalía entregó por fin el informe sobre los bienes. Aunque todo parecía estar bien, en una comunicación del 17 de enero, dirigida a la Sala Plena de la Corte Constitucional, la JEP informó sobre las inconsistencias que encontró en la documentación. Para la Jurisdicción, era contradictorio que la Fiscalía haya dicho antes que “no hay forma de establecer cuáles son los bienes no inventariados que actualmente son objeto de la acción de extinción de dominio”, y que en el informe entregado señale que “con corte a octubre de 2018, la Fiscalía ha extinguido el dominio de las Farc no inventariados por un valor de 2.3 billones”.
Ahora el asunto lo debe resolver pronto la Corte Constitucional, a quienes los magistrados de la JEP le piden que reafirme su competencia para proteger los bienes que deberán reparar a los cientos de víctimas de la antigua guerrilla.
La carta que no llegó
Finalmente, el último episodio que puso en aprietos a los magistrados de la JEP fue la ‘embolatada’ de la carta que el Gobierno Nacional debía entregarles a las autoridades norteamericanas, por petición de la jurisdicción, en la que se le solicitaban las pruebas que comprobaría la supuesta participación de Seuxis Paucias Hernández, conocido como 'Jesús Santrich', en un envío de cocaína a ese país.La oposición aseguró en su momento que se trataba de una farsa y que la JEP ya tenía en sus manos el material rogatorio. Además, insinuó que este hecho hacía parte de una campaña de apoyo al exjefe guerrillero. Sin embargo, esta afirmación se quedó sin piso, después de que la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, reconociera que la carta no llegó a su destino en el plazo de 40 días establecido por la Sección de Revisión, que se venció el pasado 28 de enero.
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A pesar de la aceptación del error, a los pocos días hubo una campaña de desprestigio contra la JEP en las redes sociales. Las etiquetas #JEPMiente, #JEPCómplicesDeFarc, #JepEsImpunidad, las tres promovidas en Twitter por los congresistas y seguidores del Centro Democrático, como Alfredo Ramos y Carlos Felipe Mejía, se convirtieron en tendencia y avivaron el debate político.
Con estos antecedentes, Ospina cree que a la JEP, desafortunadamente, le ha tocado hacerle frente a las críticas de un debate político, cuando esta no es su labor. “Ahora no sólo debe atender los cambios que le pidió el Congreso y luego la Corte, sino también atender los ataques políticos de la oposición. La jurisdicción está para atender los derechos de las víctimas, y esa misión se ve afectada cuando sale a defenderse todo el tiempo”, añade el jurista.
Para Diana Guiza, investigadora de DeJusticia, sin duda, lo que más impacta el funcionamiento jurídico de la JEP es su imagen política, sobre todo cuando es afectada por afirmaciones falsas. “Siempre critican las falencias o posibles deficiencias de la jurisdicción, pero cuando se comprueban que no son así, nunca salen a rectificar. Y en cambio el mensaje inicial queda en la sociedad”, manifiesta Guiza.
Por eso, concuerda con Ospina que los más afectados por estos hechos son las víctimas. Entre más dificultad tenga la JEP para recolectar evidencia, convocar a comparecientes y agilizar los procesos penales, más tarde van a recibir respuestas de justicia, y en últimas fueron ellas quienes más le apostaron al proceso de paz, pensando que tendrían una respuesta a la impunidad a la que sean enfrentado durante décadas en la justicia ordinaria.
Guiza insiste en que la única salida para esquivar estos obstáculos y consolidar su legitimidad es dar una respuesta pronta a los casos emblemáticos. Aunque reconoce que hay una lucha contra el tiempo, pues no se pueden tomar decisiones por presión, también sugiere una mayor visibilidad de sus avances. Lo cierto es que la JEP sigue trabajando, pese a los obstáculos, para sancionar los casos emblemáticos de un conflicto armado que duró más de cincuenta años.