El oficial (r) de la Policía que puso a la JEP en su primer choque interno de competencias

El coronel en retiro de la Policía Manuel Antonio González Henríquez, quien trabajó en el extinto DAS. / Colprensa

Hace una semana se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le aceptó a un oficial retirado de la Policía desistir a someterse a este tribunal de justicia transicional. Se trata de Manuel Antonio González Henríquez, la mano derecha en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del general en retiro de la Policía Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión en la justicia ordinaria por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, precisamente cuando era exdirector de esta extinta y cuestionada entidad de inteligencia del Estado.

Lo que no se sabía es que esta decisión abrió el primer choque de competencias en el interior de esta Jurisdicción, porque el magistrado Gustavo Salazar, en representación de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, radicó un auto en las salas de justicia pidiendo que no se permitiera que González renunciara a su sometimiento, menos sin consultar a las víctimas de la Unión Patriótica, representadas en el macrocaso 6 que indaga la JEP, el partido político que surgió en 1985 como producto del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la entonces guerrilla de las Farc, y cuyos militantes fueron sistemáticamente asesinados.

El hecho marca un precedente, porque pone de presente que se deben tener en cuenta a las víctimas antes de permitirle a cualquier tercero civil o agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública desistir en su contribución voluntaria con este tribunal de paz.

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La audiencia que no fue

El 13 de abril estaba programada en la JEP la versión voluntaria de este coronel en retiro de la Policía, vinculado por la información que puede aportar sobre la alianza criminal que se habría dado entre los esquemas de seguridad del DAS y los asesinos de varios políticos de la Unión Patriótica, entre los años 1987 y 1990.

González, quien cumple 76 años y fue compañero de estudios de Maza Márquez en su natal Santa Marta, fue el jefe de la Oficina de la División de Orden Público del DAS en la época en que sucedió el asesinato de Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha, el 18 de agosto de 1989. Y estuvo encargado, entre los años 1989 y 1990, de coordinar los esquemas de seguridad de varios políticos, como José Antequera (dirigente nacional de la Unión Patriótica, asesinado el 3 de marzo de 1989) y los excandidatos presidenciales asesinados, además de Galán, como Carlos Pizarro (del M-19) y Bernardo Jaramillo Ossa (de la Unión Patriótica).

Casos en los cuales la justicia ordinaria, aunque ha avanzado poco, ha demostrado que hubo complicidad en los asesinatos de escoltas asignados del DAS, como Jacobo Torregrosa, jefe de seguridad de Galán. De hecho, uno de los agentes que estuvieron en el esquema que no pudo proteger a Bernardo Jaramillo fue asignado después al de Carlos Pizarro, asesinado en pleno vuelo entre Bogotá y Barranquilla en abril de 1990.

Pero no serían los únicos, en la JEP también se indaga la complicidad de altos oficiales del DAS en los asesinatos del dirigente nacional del Partido Comunista, Teófilo Forero (su asesinato, en medio de una masacre el 27 de febrero de 1989, fue el primero contra un dirigente nacional de la Unión Patriótica en Bogotá), el diputado de la Unión Patriótica, Gabriel Santamaria (el 27 de octubre de 1989) y la alcaldesa de Apartadó por la UP, Diana Cardona (El 26 de febrero de 1990).

De hecho, en junio de 2017, González fue condenado en primera instancia a 22 años de prisión por el crimen de Luis Carlos Galán, entre otras, por nombrar como jefe de seguridad de Galán a Torregrosa y mantenerlo en su cargo a pesar de las protestas de otros miembros del esquema. Lo que habría permitido debilitar el esquema de seguridad del político liberal y hacerlo presa fácil de los sicarios que acabaron con su vida. El fallo de primera sentencia señaló que González era el principal interlocutor de Torregrosa en el DAS.

Por eso, con la entrada en vigencia de la JEP, González pidió someterse a este tribunal de paz, el 22 de febrero de 2019, argumentando que en esta Jurisdicción tendría “mejores garantías para demostrar su inocencia”. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP asumió el conocimiento de esta solicitud el 19 de julio de 2019.

Pero en junio 12 de 2020, el Tribunal Superior de Cundinamarca echó para atrás la condena que le pusieron en la justicia ordinaria a González por considerar que la Fiscalía no logró demostrar su responsabilidad en el crimen de Galán y ordenó su libertad inmediata. González salió libre, aunque el fallo está siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia, por petición de la familia Galán. Y una semana después, el 25 de junio de 2020, el oficial desistió de su sometimiento en la JEP, argumentando que su objetivo de demostrar su inocencia ya había sido conseguido.

Cinco meses atrás, en enero de 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que lleva el macro caso sobre la Unión Patriótica, le había cerrado la puerta al general Maza Márquez y a Alberto Santofimio por la muerte de Luis Carlos Galán, pero se la abrió a Maza Márquez si se comprometía a esclarecer el alcance de su participación y conocimiento en los crímenes y asesinatos contra los integrantes de la Unión Patriótica.

Y a finales de ese año 2020, la Sala de Reconocimiento de la JEP decidió llamar también al coronel González para que, en versión voluntaria, aportara información en el macrocaso de la UP, luego de ver su nombre relacionado en el informe que presentó la Fiscalía a la JEP llamado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica por agentes del Estado”.

Informe que, junto con otros, como el de la Corporación Reiniciar y el del Centro Nacional de Memoria Histórica, daba cuenta para la JEP de “la articulación y connivencia que las fuerzas armadas, agentes del DAS, terceros civiles y paramilitares adelantaron para la ejecución de los ataques dirigidos contra miembros de la UP”.

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Sin embargo, la versión de González, reagendada por la pandemia para el 13 de abril de 2021, no se pudo hacer, entre otras, porque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del Tribunal aceptó su petición de desistimiento, el 25 de enero de este año. Lo que nadie esperaba era que, el 9 de abril de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP radicara un auto en esta Sala para oponerse a esta decisión, argumentando que no se puede aceptar un desestimiento de este tipo y menos sin consultar a las víctimas.

Más teniendo en cuenta que González “se desempeñaba como alto directivo del DAS durante los años en que tuvieron lugar múltiples crímenes contra altas personalidades de la UP y otras organizaciones, que contaban con esquemas de protección del DAS y en cuyos crímenes se ha comprobado o se investiga la participación de miembros de dicha institución y en los que se ha señalado la participación de altos directivos de tal organización”, dice el auto de la Sala de Reconocimiento, conocido por Colombia 2020.

Consultado por este diario, Jose Antequera, hijo del dirigente Antequera asesinado, y director del Centro Distrital Memoria Paz y Reconciliación señala que “el problema de fondo es que no se puede utilizar la JEP a conveniencia” y que en el caso de González su compromiso debe ser con la verdad plena. “Es inadmisible e inconveniente que la JEP admita el argumento del coronel de desistir a esta justicia cuando se adelantan investigaciones donde su sometimiento y contribución pueden ser muy relevantes”.

Para Aída Avella, senadora de la Unión Patriótica y sobreviviente a un atentado contra su vida en 1996 cuando era concejal por este partido, “(González) debe continuar en la JEP porque hizo parte de las directivas del DAS en los años más duros del genocidio contra la Unión Patriótica, debe saber mucha información valiosa. Fue una de las épocas más duras de los magnicidios. No puede haber justicia a la carta”.

Por lo pronto, este choque de competencias, que deberá ser dirimido al interior de la JEP, marcará un hito sobre cómo se entiende el sometimiento de los comparecientes en este tribunal, que busca esclarecer los casos más duros de los años más intensos del conflicto armado del país.