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La Jurisdicción Especial para la Paz decidió hoy cerrar la etapa de práctica de pruebas y seguir adelante con el estudio de la garantía de no extradición del exjefe de las Farc Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, tras recibir una carta de las autoridades de Estados Unidos en la que afirman que no enviarán las pruebas que lo comprometen en un presunto envío de cocaína a ese país.
A partir de este martes 5 de marzo, las partes (Procuraduría, Santrich y su abogado) tendrán cinco días hábiles para presentar los alegatos, es decir, sus argumentos para defender sus posiciones. Una vez surtido ese término, es decir, el próximo martes 12 de marzo, la Sección de Revisión empezará el estudio para decidir si le concede o no la garantía de no extradición al exjefe guerrillero. Se prevé que esta decisión se conozca la próxima semana, aunque la norma no estipula un plazo específico para hacerlo.
El pasado viernes se conoció la comunicación que envió la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que declina la petición que le hizo la Jurisdicción Especial para la Paz para el envío de las pruebas que sustentan la solicitud de extradición del exjefe guerrillero.
"Debemos declinar la petición, pues lo solicitado (9 grabaciones entre el 10 de julio de 2017 y febrero 13 de 2018) es contrario a nuestra práctica del tratado y pide una evidencia innecesaria para el requerimiento de extradición", decía el gobierno de Estados Unidos en su comunicación.
La JEP había hecho esta solicitud de pruebas afirmando que eran necesarias para cumplir lo señalado por la Constitución en el caso de la aplicación de la garantía de no extradición y que consiste en evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de la presunta comisión del delito. Santrich es señalado por Estados Unidos de conspirar para el envío de 10 mil kilos de cocaína.
Esta decisión se conoce en medio de la tormenta política causada por la captura del fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, en momentos en los que, según la Fiscalía General de la Nación, recibía 500 mil dólares para “incidir en el trámite extradición” de Seuxis Paucias Hernández.
Cabe recordar que la garantía de no extradición está prevista para exguerrilleros de las Farc que hayan dejado las armas, que estén en proceso de reincorporación y que hayan cometidos delitos antes de la firma del Acuerdo de Paz (1° de diciembre de 2016). En caso de que sea concedida, eso no significa impunidad, pues los hechos deberán ser investigados en Colombia.
Santrich fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol por petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de haber pactado un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína. El exjefe guerrillero está preso a la espera de que le resuelvan su situación de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.
excombatiente fue visto por última vez el pasado lunes, 21 de enero, en la cárcel La Picota. Ese día, una comisión del Consejo de Estado llegó al centro penitenciario para realizar la audiencia pública de pérdida de investidura. Nicolás Yepes, representante de la Procuraduría, le pidió al alto tribunal que no decrete la pérdida de investidura “en conformidad con las consideraciones precedentes, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y los derechos fundamentales”.
En su intervención, de más de nueve puntos, el exlíder guerrillero reafirmó que nada tiene que ver en el proceso que abrió Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz. Agregó que considera que la Fiscalía no tiene pruebas contundentes en su contra y que se le han violado sus derechos políticos y humanos al no permitirle que se posesionara en la curul de la Cámara de Representantes que ganó en las elecciones de mayo de 2018.
“No he pensado mover un gramo de cocaína a ninguna parte. No soy un narcotraficante. Soy un gestor de paz”, agregó Santrich, quien añadió ese día que a él lo han involucrado “mañosamente” en un proceso de narcotráfico y que espera que el Consejo de Estado no permita que ocurra “su asesinato político”, si eventualmente llegara a decretar su pérdida de investidura.