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Este jueves Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, mayor retirado del Ejército, rendirá versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el caso 003 de “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate” (falsos positivos) y por el caso 004 “Situación territorial en el Urabá”. La JEP lo llama específicamente para que esclarezca el caso de dos hombres que fueron presentados como “guerrilleros dados de baja en combate” el 19 de mayo de 2002 en zona rural de Dabeiba (Antioquia), y que cuyos cuerpos ya fueron recuperados por la JEP en diciembre de 2019. Uno de ellos es Edison Lexander Lezcano Hurtado, el primer “falso positivo” que identificó y entregó este tribunal transicional en febrero de 2020.
La historia de Lezcano le dio la vuelta al país ese mismo mes cuando la Jurisdicción hizo público el acto de entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares en este municipio. Según las declaraciones de los familiares en la Fiscalía y ante esta justicia, un grupo de militares y paramilitares lo sacaron de manera forzosa de su casa, lo golpearon y se lo llevaron hasta una escuela vecina de la vereda Alto Bonito. Su esposa, Rubiela Manco, contó que desde el momento en que lo sacaron de su casa lo tildaron de guerrillero, a pesar de las súplicas de la comunidad que explicaban que esa acusación era falsa. Ese día ocurrió lo mismo con otro hombre que también apareció en los reportes del Ejército como “baja” en el mismo combate.
Un año después de los hechos, la Fiscalía archivó el caso y ocho años después el ente investigador reabrió el proceso en el marco de la Ley de Justicia y Paz con la que se juzgó a los paramilitares. De hecho, en 2010 el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró a la Nación y al Ministerio de Defensa como responsables por la muerte de Lezcano en Dabeiba (Antioquia), luego de comprobar que “(...) la muerte del señor Edison Lezcano Hurtado fue causada por miembros del Ejército, sin que tal individuo hubiese ejecutado una actuación constitutiva de una amenaza seria y grave de bienes jurídicos cuya protección se asignó a tal institución”.
En segunda instancia, el Consejo de Estado concluyó, el 16 de agosto de 2012, que la muerte de Lezcano Hurtado es un típico caso de los denominados “falsos positivos” y resaltó que “en el proceso no se acredita que fuera parte de las Farc, ni que hubiere accionado arma alguna en contra de los militares”. Con esto se ordenó la indemnización del Ministerio de Defensa a las víctimas por un valor de $138 millones que recibieron Rubiela y sus hijos.
Aunque los militares en su reporte hablaron de un enfrentamiento, en la autopsia revelada por El Espectador se concluyó que el disparo que acabó con su vida estaba alojados debajo de su oreja, como si lo hubieran atacado por la espalda, lo que desmentía el supuesto combate y dejaba ver un estado de indefensión.
Sobre este caso, la Fiscalía ya había llamado a declarar al capitán Hermes Mauricio Alvarado, quien aseguró en su momento que esas dos muertes sucedieron en medio de un combate de una “operación relámpago” por la Brigada XVII a su cargo: “Durante el combate, que duró muy poco, no tuve personal herido ni muertos en la tropa. Los subversivos se encontraban cerca a unas viviendas ante lo cual las tropas diferenciaron los objetivos militares, separando al personal civil en la casa más cercana y protegiendo la vida de ellos y la de sus bienes... no tenía documentos, eran guerrilleros de fila rasos”.
Sin embargo, la evidencia de la Fiscalía demostró que el Batallón Nº 26 de Contraguerrillas Arhuacos sí tuvo bajo su poder dos cuerpos, según ellos, “de subversivos de las ONT-Farc que cayeron en enfrentamientos con el Ejército al oponer resistencia armada”. Un informe firmado por el entonces capitán Alvarado Sáchica, en esa zona resalta que “habían hecho presencia delincuentes la ONT-Farc para efectuar retención arbitraria de vehículos, extorsión y cobro de peaje ilegal a transportadores”. Sin embargo, ese día Edison Lexander se había quedado en la vereda trabajando con su padre en unas plantaciones de yuca y, según todas las evidencias judiciales, nunca hizo parte de la guerrilla de las Farc.
De acuerdo con el portal Verdad Abierta, el mayor Edie Pinzón Turcios, quien para entonces era el comandante del Batallón Contraguerrilla No. 26 Arhuacos aseguró en la Justicia Penal Militar que el 18 de mayo de 2002, al mediodía, “recibió comunicación del capitán Alvarado Sáchica sobre los hechos: ‘Me reporta que entra en contacto armado con los bandidos de las Farc en el área general de la vereda Golondrinas, municipio de Dabeiba, unos diez minutos más tarde me reporta que en el registro efectuado se encontró con la baja de dos bandidos, incautándoles el siguiente material: un fusil AK 47, tres morrales de hule, ropa camuflada que se encontraba extendida, dos minas no convencionales en PVC (sic), toda vez que estos bandidos al parecer se encontraban en actividades de lavado y secado de prendas’”.
De hecho, en la necropsia sí se detalla que los cuerpos fueron encontrados con ese armamento, pero el Instituto de Medicina Legal aclaró que “los anteriores elementos no fueron entregados a ese despacho”.
El cuerpo de Edison Lexander fue inhumado como N.N. desde entonces y fue hasta diciembre de 2019 que la JEP, a través del equipo técnico-forense de la Unidad de Investigación y Acusación, logró recuperarlo junto con otros 16 cuerpos que también habrían sido víctimas de “falsos positivos”. Entre diciembre 2019 y enero de 2020 se logró su plena identificación gracias al cotejo de muestras genéticas a cargo de Medicina Legal, y en febrero de ese mismo año la JEP entregó dignamente el cuerpo a sus familiares para que tuviera cristiana sepultura.
Por lo anterior, la JEP en su auto de citación a versión voluntaria deja en claro que “se observa que el señor Alvarado Sáchica fue el Comandante de la Compañía, perteneciente al Batallón de Contraguerrillas No. 26 “Arhuacos”, al mando del MY. Pinzón Turcio Edie, que reportó la muerte de dos personas no identificadas, uno de los cuales fue recuperado y exhumado por la JEP en intervención al cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, posteriormente, fue plenamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como Edison Lexander Lezcano Hurtado, y entregado dignamente a sus familiares en acto púbico realizado en Dabeiba en febrero de 2020″.
También, dejan claro que hay otros casos por los que también será interrogado en la diligencia judicial de hoy y que tienen que ver con los casos 003 y 004 que investiga la JEP: “El señor Hermes Mauricio Alvarado Sáchica se halla comprometido en este informe incorporado al expediente de Urabá, por hechos cometidos con el grado de capitán y que también comprometen a otros siete individuos de los que se conoce nombre y grado en el Ejército Nacional, pero se requieren mayores precisiones en términos de participación y responsabilidad presunta”.
La Sala de Reconocimiento, por el caso de las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos”, ha llevado a cabo 332 versiones voluntarias a exmilitares que rinden cuentas ante esta justicia por ese delito. Sobre el caso de Dabeiba específicamente se han llevado a cabo 26 diligencias judiciales con 15 exmiembros de la Fuerza Pública que, entre otras cosas, han sido claves para esclarecer lo ocurrido en este municipio y para lograr las 71 exhumaciones que lleva la Jurisdicción en las tres visitas que ha realizado al municipio.
Esta diligencia se da después de que la JEP diera a conocer su estrategia de priorización para este caso, en la que se reveló que entre 2002 y 2008 se presentaron, por lo menos, 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales en todo el país. De hecho, la región con mayor número de víctimas en ese período es precisamente, Antioquia, departamento en el que se presentaron el 25 % de las ejecuciones extrajudiciales de todo el país.
La unidad militar que opera en Antioquia es la Séptima División del Ejército, específicamente la Cuarta Brigada, con sede principal en Medellín, y la Décimo Séptima Brigada, ubicada en el municipio de Carepa. La primera, según el Tribunal de Paz, tuvo en promedio el 73 % de la participación total de las muertes identificadas en este departamento. Para el periodo de 2001 a 2003, la comandancia de la Cuarta Brigada estuvo a cargo del general Mario Montoya Uribe, actual compareciente de la JEP. Hasta 2016, la Fiscalía lo investigó por este delito y estuvo a punto de ser juzgado por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, pero la audiencia no se realizó. Según la investigación, el militar (r) no solo no habría tomado medidas para evitar que se cometieran los “falsos positivos”, sino que también habría ayudado a promover esta práctica en otras divisiones del país.
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