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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió estudiar la solicitud de protección para los representantes de víctimas acreditados en el caso 03, llamado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” y conocido como el de “falsos positivos”.
La decisión se tomó después de que un numeroso grupo de abogadas y abogados representantes de víctimas y defensores de derechos humanos presentaran “un memorial dando cuenta de diversos incidentes que califican como riesgos desproporcionados contra su integridad personal, seguridad e intimidad, en el contexto de su ejercicio como intervinientes especiales en el caso 03”, señala la JEP.
Los defensores de derechos humanos alegaron ser víctimas de presuntas actividades ilegales de inteligencia, como perfilación, vigilancia, seguimientos, hostigamientos y revisión de información pública en redes sociales. Actualmente, estas personas trabajan activamente en la construcción y entrega de informes, y en el acompañamiento de las versiones voluntarias de miembros de la Fuerza Pública, y temen que se trate de represalias.
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En la solicitud expusieron varios ejemplos de estos posibles seguimientos. Uno de ellos fue contra la Corporación Jurídica Libertad (CJL), organización que denunció que el pasado 18 de febrero que tres hombres de civil llegaron a su sede, tomaron fotografías e interrogaron al vigilante para obtener información de los abogados de derechos humanos. Afirman que constataron que la moto de placas OUT 28B en la que se movilizaban dos de los tres hombres era de propiedad del Ministerio de Defensa (Ejército Nacional), información a partir de la cual concluyen que los tres hombres pertenecen a la Fuerza Pública.
Además, resaltaron que el pasado 2 de mayo la revista Semana publicara "Las carpetas secretas", un artículo en el que se evidenció que, por lo menos, 130 personas han sido espiadas ilegalmente, mediante herramientas informáticas, por la inteligencia del Ejército Nacional, entre ellas periodistas, políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos y abogados que hoy trabajan en procesos ante la JEP.
Según los juristas, estos hechos se repiten constantemente y, por eso, le pidieron a esta justicia emitir un pronunciamiento publico rechazando los seguimientos y perfilamientos de los sujetos procesales e intervinientes ante la JEP, teniendo en cuenta los riesgos que esto representa para el avance del caso y la participacion de las víctimas.
El estudio de la medida cautelar de protección es para los siguientes abogados y defensores de derechos humanos: Reinaldo Villalba Vargas, Soraya Gutiérrez Argüello, Sebastián Felipe Escobar Uribe, Franklin Castañeda Villacob, Daniela Stefania Rodríguez, Blanca Irene López Garzón, Óscar Pardo León y Olga Silva López, César Santoyo Santos, Liliana Castillo Hernández, Sergio Arboleda, Alberto Yepes, Juan Carlos Niño Camargo y Manuel Alejandro García, integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ), Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB), Asociación MINGA, Corporación Jurídica Libertad (CJL), Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Intereclesial.
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La JEP solicitó a la UIA adelantar los respectivos análisis de riesgo en relación con los peticionarios y le ordenó “la realización de un análisis de contexto sobre las dinámicas y situación de vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos, en su calidad de abogados representantes de víctimas en el caso 03”. También le pidió a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación rendir informes respecto a las investigaciones relacionadas con actividades ilegales de “perfilamiento”, seguimiento y/o vigilancia, que incidan en la seguridad de los representantes de víctimas acreditados en el caso 03.
La seguridad de las víctimas, sus representantes legales y quienes se someten a este tribunal, insistió la sección, es una condición esencial para que pueda cumplir con su mandato de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables por la comisión de los crímenes más graves y representativos cometidos en el conflicto armado.