JEP le pide a la Fiscalía que investigue a excomandantes de las Farc rearmados

La justicia transicional le dejó claro al ente acusador que este hecho es de su competencia, pues ocurrió después de la firma de paz y agregó que sus avances serán definitivos para su pérdida de beneficios, como la expulsión del sistema.

Magistrados esperan las pruebas para el proceso de expulsión en contra de los excomandantes de las Farc rearmados. Cortesía JEP

Después de afirmar que ya comenzó con el proceso para expulsar a los excomandantes de las Farc que en un video expresaron su decisión de rearmarse, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le envió un oficio a la Fiscalía General de la Nación para que avance con las investigaciones penales de este hecho que es de su competencia, pues ocurrió después de la firma del acuerdo de paz.

La JEP explicó que el ente acusador “mantiene el ejercicio de la acción penal para los hechos cometidos con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, de acuerdo con los artículos 250 y 251 de la Constitución Política”. En esa medida, “en el marco de sus funciones constitucionales y legales su competencia como ente acusador y avance en las investigaciones penales pertinentes respecto de los hechos dados a conocer hoy a la opinión pública con posterioridad a la firma del acuerdo de paz”, dice el oficio.

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Además, le solicitó a la Fiscalía que informe a la Sala de Reconocimiento “sobre las investigaciones o noticias criminales, adelantadas por denuncia o de oficio, por hechos cometidos con posterior al 1 de diciembre 2016 en contra de los 31 antiguos miembros del Estado Mayor de las Farc, llamados por la Sala dentro del Caso 001, especialmente los seis comparecientes que aparecen en el video".

Se trata de Iván Luciano Márquez Marín, Hernán Darío Velásquez, Seuxis Pausias Hernánde, Henry Castellanos, José Manuel Sierra Sabogal y José Vicente Lesmes, conocidos en la guerra como Iván Márquez, el Paisa, Jesús Santrich, Romaña, Zarco Aldinever​ y Walter Mendoza, quienes aparecen en el video.

Según la Sala de Reconocimiento, los avances servirán como pruebas de los procesos de verificación de incumplimiento que adelanta la JEP y que analiza la pérdida de beneficios de los exjefes guerrilleros que han sido llamados por el caso de retenciones ilegales.

 “La Sala de Reconocimiento es competente para solicitar esta información con la que cuentan las diversas entidades del Estado, de acuerdo con sus mandatos constitucionales y legales, así como sus competencias diversas respecto de cada uno de los componentes del mencionado régimen de condicionalidad”, expresa la carta.

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La carta se envió después de que Patricia Linares, presidenta de la JEP, aseguró que los magistrados de las secciones de Revisión y Apelación están reunidos para tomar decisiones rápidamente. Aunque se esperaba una expulsión inmediata, Linares explicó que todos "los procesos judiciales se atienen a la normativa vigente", que tiene unos tiempos y unos procesos que los togados deben cumplir.

La magistrada Linares aceptó que se vienen momentos difíciles para seguir cumpliendo con su función. A pesar de esto dijo que "la decisión equivocada de un grupo de personas, que traicionaron sus compromisos con la paz, con Colombia y con el mundo, no puede ser suficiente para truncar un anhelo en el que confluyen las voluntades de todos los colombianos".

 

 

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