JEP ordena recopilar ADN de familiares de víctimas de desaparición forzada

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Este sería el primer paso para cotejar la información genética de los familiares con la de los cuerpos que fueron enterrados sin identificar, en el sector de La Escombrera (Comuna 13) en Medellín. Según la entidad judicial, serían 459 las víctimas de desaparición forzada que hubo entre 1978 y 2016.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este lunes a la alcaldía de Medellín que comience las labores para recopilar el ADN de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13. Con esta labor se busca dar el primer paso para consolidar las bases de datos de información genética con la que se pueda comenzar la identificación de cuerpos.

La decisión llega después de que la Jurisdicción le solicitara al alcalde Daniel Quintero, a la Fiscalía General de la Nación y al Dane que cumplieran con la entrega de información solicitada sobre 108 cuerpos que todavía no han sido identificados y sobre los que no se tiene mayores datos. Esta solicitud ya se había en hecho en febrero de este año, a través de los autos AT-018, y el AT-027 de 2020, pero las entidades habían incumplido los plazos planteados. La recopilación de material genético tiene como fin consolidar un listado de familiares víctimas de desaparición por el conflicto armado, para establecer un primer contacto con las personas.

Una de las dificultades que se ha tenido para avanzar en este caso es que entidades como la alcaldía y la Fiscalía no coinciden con las cifras de personas dadas por desaparecidas que podría haber en la zona de La Escombrera y que ocurrieron en el marco del conflicto armado. Por eso, aunque la JEP especificó que se presume que podrían haber 459 víctimas de las cuales ya hay información sobre 327, la Fiscalía aportó otra base de datos de 612 casos adicionales sobre los que no hay mayor información.

Según la entidad judicial, la alcaldía de Medellín deberá realizar reuniones con otras autoridades municipales y departamentales y convocar a jornadas de toma de muestras de ADN en la ciudad, con el fin de que las personas que han reportado algún familiar dado por desaparecido en el conflicto armado en la Comuna 13 puedan aportar sus muestras biológicas y luego, en el proceso de exhumación de los cuerpos, se pueda comparar el ADN y así lograr la identificación de los cadáveres.

Este trabajo deberá comenzar “tan pronto como la pandemia lo permita”, de acuerdo con el documento judicial y tendrá que estar presente algún delegado de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad encargada para los casos de conflicto armado.

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Esta decisión se suma a la emitida por esta misma entidad la semana pasada, cuando la magistratura ordenó detener y prohibir por 120 días las exhumaciones, inhumaciones y el traslado de cuerpos de las zonas 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 29, del Jardín Cementerio El Universal porque se presumía que habían cuerpos enterrados como no identificados que podrían estar relacionados con esta misma investigación. Estos lugares también debían ser sellados de manera “inmediata”, según la orden judicial. En este mismo auto, la magistratura decretó medida cautelar sobre la información que tiene la administración del cementerio de estas siete zonas, con el fin de que solamente la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tengan acceso a estos documentos mientras avanza la investigación.

Cumpliendo con esa misma orden, la alcaldía deberá “contribuir con toda la información que posea y resulte útil para consolidar los listados de víctimas, especialmente en primer grado civil o de consanguinidad, así como a sus cónyuges o compañeros permanentes, a fin de informarles sobre el proceso y garantizar sus derechos”, señala la JEP.

Las primeras recopilaciones genéticas serán sometidas a estudios forenses para compararlas, inicialmente, con 59 cuerpos recuperados no identificados que reposan en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia y que, se presume, fueron víctimas de desaparición forzada. Aunque por la situación sanitaria con la pandemia del COVID-19 no se ha avanzado en el estudio e identificación de los cuerpos que están en el lugar, se ha avanzado en el alistamiento y el ingreso de información de los casos en el Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres.

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Las labores forenses en estos lugares se dan a propósito de la solicitud que radicó el Movimiento Nacional de Crímenes del Estado (Movice) en el que se han identificado 17 lugares en todo el país donde podrían haber cuerpos no identificados de personas víctimas del conflicto armado en distintas zonas del país. La Comuna 13 es uno de los lugares sobre los que la JEP ha puesto el ojo para buscar a los desaparecidos.

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