JEP ordena proteger durante seis meses el cementerio de Dabeiba (Antioquia)

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Desde diciembre del año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha adelantado varias exhumaciones en el campo santo, donde habrían víctimas de los mal llamados “falsos positivos”. El Tribunal de Paz teme que esos cuerpos estén en riesgo por la emergencia del COVID19.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) teme que los avances que han realizado en el cementerio de Las Mercedes en Dabeiba (Antioquia), en el marco del caso 03, sobre los mal llamados “falsos positivos”, se frenen o perjudiquen por la emergencia sanitaria causada por el COVID 19. Por esta razón, el tribunal de paz ordenó durante seis meses la protección de este camposanto, donde habrían víctimas civiles presentadas como bajas en combate por uniformados de la Brigada XI.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó a la Alcaldía del municipio y a la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes que los entierros de “las personas fallecidas por cualquier causa (naturales, por COVID-19, violentas, entre otras) se realicen únicamente en bóveda y no en tierra, o se hagan en cementerios alternos, con cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud”.

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Así quedó estipulado en el auto 009 de 2020, que conoció este diario, y lo ratificó el magistrado Alejandro Ramelli en la audiencia convocada por los senadores Iván Cepeda, Roy Barreras y Gustavo Bolívar, en el Congreso, para hacer un balance de la búsqueda de desaparecidos en cinco cementerios de los Llanos Orientales.

Según Ramelli, también se le pidió a la Gobernación de Antioquia apoyar al municipio para afrontar la emergencia sanitaria, en particular, “las necesidades que tengan para el manejo de los cuerpos que lleguen a fallecer por la pandemia.

La decisión se tomó después de que la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda solicitara a la Sección “la custodia y cuidado de los cementerios y cadáveres de cuerpos no identificados y cuerpos identificados y no reclamados a nivel nacional ante la situación generada por el COVID-19, las directrices nacionales relacionadas con los cementerios municipales, en cuanto al manejo de los cuerpos contagiados y la elevación del riesgo”.

La JEP indagó en el manejo y el cuidado de este cementerio a la Gobernación y la Alcaldía del municipio. La primera aseguró que, aunque tiene competencia para manejar cadáveres o camposantos, sí precisó en su plan de acción, las sugerencias al municipio para que gestione lo pertinente “para afrontar la situación del territorio ante la pandemia y los efectos de la misma en materia de salubridad por manejo de los cuerpos”.

La Alcaldía, por su parte, señaló que en un posible incremento de fallecimientos por COVID-19, el hospital cuenta con un lugar adecuado. Si los cuerpos no llegan al centro médico, “la Policía Nacional es la encargada de la inspección técnica del cadáver más la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad”.

Además, Leyton Urrego, alcalde de Dabeiba, indicó que el cementerio Católico Las Mercedes “no tiene capacidad para atender las muertes por COVID-19, y que el municipio no cuenta con horno crematorio”. Por tanto, “llegado el caso, que en el municipio se presenten decesos por casos probables o confirmados de COVID-19, se deberá realizar la inhumación en el cementerio municipal”.

Sin embargo, para la JEP, los datos proporcionados por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía Municipal de Dabeiba y la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Dabeiba “generan alarma ante la falta de respuesta concreta, precisa y puntual del plan de acción en el municipio para el manejo de los cuerpos por fallecimiento de SARS-COV-2″ y por eso se resolvió decretar las medidas cautelares provisionales.

Para la Jurisdicción, si bien la Alcaldía reconoció que existen otros cementerios en el municipio, de los cuales sólo proporcionó explicación de uno ubicado en San Juan de Urama: “nada manifestó, de forma precisa, clara y completa, sobre el número de cementerios en el municipio, la distancia que tienen con relación a la zona urbana de Dabeiba, su capacidad y verificaciones necesarias y pertinentes para afrontar la emergencia sanitaria”.

A la JEP le llama la atención que “ante el riesgo que la pandemia representa, y ante la conocida falta de capacidad funeraria (no hay horno crematorio según manifestó la Alcaldía de Dabeiba), el municipio no informó cuál ha sido su gestión, intervención ante la entidad territorial departamental, el concejo municipal, e incluso las entidades del orden nacional, para afrontar las deficiencias presupuestales, de infraestructura, de sitios de inhumación y demás que se produzcan para el manejo de los cuerpos, con sujeción a los precisos lineamientos del Ministerio de Salud y bajo los escenarios previstos para la pandemia”.

Con este lugar, la JEP ya suma 23 sitios que han sido protegidos temporalmente para evitar su alteración en medio de la pandemia, mientras se avanza con las investigaciones judiciales. La decisión es preventiva, pues los togados temen que por la gran cantidad de muertos que puede provocar el nuevo coronavirus, los cementerios, donde estarían inhumadas personas desaparecidas forzadamente, sean removidos y, por tanto, los cuerpos del conflicto armado puedan estar en peligro.

Hace tan solo una semana, en el municipio de El Copey (Cesar) la Alcaldía habría ordenado excavar para enterrar otros cuerpos de personas fallecidas por COVID-19, pasando por alto que desde 2018 la CCJ ha advertido que en ese sitio podrían haber al menos 100 cuerpos de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. La JEP decidió decretarle medidas cautelares a este lugar.

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El cementerio de Dabeiba se ha convertido en uno de los lugares más importantes para la JEP en medio de su investigación sobre el fenómeno de los “falsos positivos”. Los magistrados dieron con este lugar después de que un grupo de militares fue hasta su cementerio, junto con magistrados, a buscar a, al menos, 45 cuerpos de civiles que habrían sido asesinados por el Ejército y presentados ilegalmente como bajas en combate.

En dos jornadas de exhumación que ordenó la magistratura, en diciembre del año pasado y febrero de este, se recuperaron 54 cuerpos, entre ellos, varios jóvenes, dos niños, una familia con prendas militares, mujeres y cuerpos vestidos con botas de caucho y con impactos de bala en sus cráneos. De hecho, uno de los cuerpos fue identificado como Édison Lexánder Lezcano Hurtado, un joven campesino de 23 años, casado y con tres hijos, que había sido asesinado y desaparecido por militares el 18 de mayo de 2002.

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