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Martín Leonel Pérez Castro, alias Richard, fue comandante del frente 30 de las Farc, el mismo al que se le atribuye el secuestro de los exdiputados del Valle del Cauca. Capturado en julio de 2014 y solicitado en extradición por Estados Unidos, en mayo pasado fue beneficiado con la amnistía de iure por el Juzgado 24 de Ejecución de Penas, que ordenó además su traslado a una de las zonas veredales transitorias donde se concentra la guerrilla.
Medida que, sin embargo, no se ha hecho efectiva y por la que el exjefe subversivo presentó una acción de tutela en contra del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que vincula también al director del Inpec y al director de la cárcel La Picota.
La tutela, interpuesta ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, solicita que se le ordene al Inpec su inmediato traslado a una zona veredal y, además, que el fiscal expida la resolución de suspensión definitiva de la orden de captura con fines de extradición que pesa sobre Pérez Castro.
“Han transcurrido más de 40 días y a la fecha no se ha acatado lo decidido por el Juzgado 24 de Ejecución de Penas (...) con lo cual se incumple el compromiso del Gobierno de respetar lo acordado en la mesa de La Habana con las Farc y vulnera los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, y amenaza el derecho a la vida e integridad personal de mi defendido”, señaló el abogado defensor, Segundo Gabriel Parra.
El caso de Pérez Castro, esta vez con tutela a bordo en contra del fiscal Martínez, es un capítulo más en torno a las dificultades de la Ley de Amnistía, aprobada hace siete meses, pero que, según las mismas Farc, sigue sin implementarse a cabalidad. Incluso, en el escrito de la tutela en mención se incluye el reciente pronunciamiento que hicieran las Naciones Unidas en relación con la demora en el cumplimiento de los traslados a las zonas veredales de los excombatientes de las Farc presos en las cárceles del país. Según el organismo internacional, el no cumplimiento de ello “socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz”.
El Gobierno, por su parte, en voz de Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, ha dicho que la situación de los guerrilleros en las cárceles debe resolverse antes del 1° de agosto. “Así lo acordaron el Gobierno y las Farc, y está en leyes expedidas por el Congreso. Unos recibirán amnistía mientras que otros tendrán suspendidas sus órdenes de captura y así esperar la entrada en funcionamiento del Tribunal Especial para la Paz”, señaló.
Sobre la solicitud de extradición que pesa sobre Pérez Castro, el abogado Parra le dice al Tribunal Superior que, si la Fiscalía General tenía reparos en este asunto, “ha debido haber interpuesto los recursos de ley y no pretender de manera extemporánea impedir el acatamiento de la orden de un juez de la República”, desatendiendo lo ya manifestado por la Corte Suprema de Justicia con el aval del presidente Santos, en el sentido de que ese tipo de trámites se encuentran suspendidos.