:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/-yHmhH3pL8Uu2uUM-_BaPhFA3DA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/EL3BK5ZS5BG43GJXK7ZPEKEH3A.jpg)
Por primera vez, en dos años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a un partido político como víctima. La Sala de Reconocimiento decidió que, debido a las afectaciones por la persecución de sus militantes, la Unión Patriótica deberá ser reparada en el marco del caso 06, sobre victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado .
La Sala de Reconocimiento consideró que este partido sufrió diferentes agresiones contra sus prácticas, proyectos colectivos y formas de organización, “a raíz del homicidio de sus integrantes y de otras conductas violentas en contra de sus militantes”. Por las constantes agresiones y amenazas, sus miembros directivos renunciaron a sus cargos y el partido se vio forzado a buscar coaliciones electorales en vez de participar a nombre propio por falta de garantías.
(Lea también: Exterminio de la Unión Patriótica, el caso 006 de la JEP)
“Pasó de ser el partido político con la mayor votación histórica por la izquierda democrática del país a perder, transitoriamente, su personería jurídica. Esta personería fue recuperada gracias a un fallo del Consejo de Estado”, resaltó la JEP.
Según la Jurisdicción, con esta acreditación, la UP podrá participar en las versiones de quienes se acogen a esta justicia, presentar observaciones y solicitar pruebas y tener una participación en todas las etapas del proceso judicial. El partido también podrá sugerir las sanciones con las que será reparada.
La acreditación dentro del caso 06 fue solicitada el 2 de octubre de 2019 por parte de la Corporación Reiniciar, que representa a víctimas de la Unión Patriótica y que ha insistido en la prolongada persecución de los militantes de la UP no solo los afectó electoralmente, sino que “llevó al desvertebramiento de sus estructuras y redes proselitistas”.
(Puede interesarle: Maza Márquez podría entrar a la JEP a responder por asesinatos contra la UP)
Como este reconocimiento se otorga al partido político y no a sus miembros individualmente, la Sala de Reconocimiento invitó a quienes se reconocen como militantes de la Unión Patriótica o sus familiares a que se acerquen a la JEP a solicitar su acreditación individual, cumpliendo con los requisitos expuestos en el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018.
Por el momento, dentro del Caso 06 de la JEP se estudian más de 8.000 actos victimizantes, se han identificado a 108 comparecientes presuntamente vinculados en estos actos y se han acreditado a dos víctimas de manera individual. También se han recibido cinco informes de entidades del Estado y organizaciones de víctimas, incluidas algunas en el exilio, en Argentina, Canadá y Suiza. Entre ellos están “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, de la Corporación Reiniciar, y “Todo pasó frente a nuestros ojos".
La UP en otras instancias judiciales
La Unión Patriótica perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y sólo la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP. Las víctimas y la Corporación Reiniciar han insistido en expresar que la victimización de la que ha sido objeto “se denomina genocidio por razones políticas”.El estado colombiano, a través de la Unidad para la Reparación de las Víctimas, ha reconocido a la UP como sujeto colectivo de reparación. “El caso sobre las victimizaciones de los miembros de la UP cumple el criterio subjetivo de impacto relativo a la “afectación de sujetos colectivos”. De hecho, el Consejo de Estado declaró dicho daño colectivo al señalar que la persecución por razones políticas sufrida por los miembros de la UP tuvo como propósito deshacer el partido para impedir su participación política, lo que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia”, advierte el comunicado de la JEP.
Sobre este caso también se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, que ha destacado la existencia de un déficit de justicia frente a la victimización de la UP caracterizada por “una impunidad con múltiples facetas: fallas en la respuesta investigativa, impunidad delictuosa y metodologías de investigación inadecuadas para responder a los crímenes; y una relación estrecha entre impunidad y repetición de los hechos violentos”.