Los cuerpos hallados por la JEP en Dabeiba sí eran víctimas de “falsos positivos”

En las tres jornadas de exhumación que lleva la JEP en Dabeiba se han hecho 71 hallazgos forenses que podrían ser de más falsos positivos.

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

“Dabeiba es una caja de Pandora”. Con esa frase, el magistrado Alejandro Ramelli, quien está en la búsqueda de víctimas de los mal llamados “falsos positivos” en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), deja claro que los 71 hallazgos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha exhumado hasta ahora son solo un trecho de este largo camino que él y otros togados buscan abrir para entender el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales.

En el marco del caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, y el caso 04, sobre la Situación territorial de Urabá, la JEP ha visitado tres veces este camposanto, después de entrevistar a 14 militares que revelaron haber participado en estos asesinatos.

En dos de estas visitas ha entregado cinco cuerpos de personas que en su momento fueron reportadas como desaparecidas por acción de miembros de la Fuerza Pública: Édison Lezcano (23 años), Yulieth Andrea Tuberquia (12 años), Nelson Goez Manco (23 años), Albeiro Úsuga Uribe (19 años) y Eliécer de Jesús Manco Úsuga (13 años), la mayoría eran campesinos de la región y no milicianos, como lo señalan algunas versiones.

Dicha versión no sólo la rechaza Ramelli, para quien estas afirmaciones son revictimizantes con quienes han sufrido las secuelas de la guerra y no han obtenido una verdad del Estado, sino también para los familiares de las víctimas que durante décadas han buscado justicia y reparación. Insisten en que es falso, pues todos eran campesinos de la vereda Llanogrande de Chimiadó, de la zona rural de Dabeiba.

Según el magistrado, gracias a las versiones de los militares, las entrevistas a testigos y funcionarios públicos, además de la revisión de los procesos en la justicia ordinaria, pudieron dar con el paradero de estas personas dadas por desaparecidas que, a pesar de no haber sido asesinadas en la temporalidad que en un principio buscaba el togado (2005-2008), también fueron víctimas de los uniformados.

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“En el cementerio de Dabeiba confluyen diferentes temporalidades y unidades militares. El caso va creciendo. Uno pensaría que es un caso chiquito, pero cuando se hala la pita, sale más y más”. De hecho, cuenta que tienen “el reporte de otros lugares en otros municipios de la zona” donde habría más “falsos positivos”.

Y es que hay verdades que son muy escabrosas y que, él cree, por eso levantan tantas ampollas en la opinión pública. No deja de conmoverse cuando narra cuando los forenses se fueron encontrando con fosas de hasta siete personas. Por eso desmiente con firmeza que no se trate de desaparecidos o las afirmaciones de que son excombatientes de Farc. Y si así lo fueran, para el magistrado, esos cuerpos también deben ser entregados a sus familias.

“En la mayoría de casos los cuerpos se encuentran en bolsas negras, amarrados. Eso no corresponde a un enterramiento legal. No hay ataúdes, no hay puntillas. Por unas primeras aproximaciones de campo, porque finalmente Medicina Legal es quien hace el estudio, los forenses determinaron que los cráneos presentaban orificios en la cabeza, unos estaban fragmentados, otros no; algunos tienen prendas militares o rastros de estas, y finalmente todos estaban en sitios que no tenían cruz o señal que indicara que se trataba de un enterramiento legal”.

Y agrega: “Estaban regados por todo el cementerio, sobre todo en zonas donde se perdía visibilidad del barrio de arriba. Por ejemplo, cerca de los muros, debajo de las matas”. De los siete puntos que concertaron con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que haría las prospecciones, seis tenían entre dos y siete personas enterradas de manera irregular.

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La historia de Dabeiba apenas se está desenterrando. Los militares que hoy comparecen ante la JEP siguen yendo al camposanto a determinar más puntos de búsqueda. Antes de que los medios de comunicación llegaran a esta tercera visita, otro militar fue al cementerio y dio, al menos, 20 puntos más donde habrían más víctimas de “falsos positivos” inhumadas. Por eso, esta justicia transicional sigue con la toma de muestras de los habitantes del municipio que en la década de los noventa y primeros años del siglo XXI se vio afectada por la guerra entre la guerrilla y la alianza entre los militares y los paramilitares. Ya van 150 muestras, dentro de las cuales están tomas de indígenas que por primera vez se acercan al Estado a denunciar la desaparición de sus familiares.

“No son milicianos de las Farc”

Este diario pudo acceder al expediente judicial que adelanta la JEP, en el que un testigo habría contado en dos ocasiones, una en 2008 ante la Fiscalía y otra en 2020 ante la JEP, cómo el 14 de noviembre del 1997 Albeiro Úsuga Uribe y sus vecinos (Wilson Jairo Manco Úsuga, Jorge Eliécer Manco Úsuga y Félix Manco Durango) fueron sacados de su vivienda de manera forzosa por miembros del Ejército. “Todos eran del Ejército. Yo me entré, cerré la puerta y me quedé viendo por las rendijas (….) cuando vi que bajaron a donde Félix, bajaron al niño con la cabeza agachada y las manos hacia atrás (Jorge Eliécer); bajaron al otro hijo de don Félix y también todos con la cabeza agachada y amarrados”, señaló.

Jorge Eliécer, Wilson y Félix eran familia. El primero de estos tenía apenas 13 años cuando ocurrieron los hechos y era el hermano menor de Wilson. Félix Manco era el padre de ambos. Si bien Albeiro Úsuga Uribe no era pariente de ninguno, se habían criado juntos en la vereda y se los llevaron el mismo día, bajo las mismas circunstancias.

La versión del testigo protegido coincide con la de Efrén Úsuga, un hermano mayor de Albeiro que le contó a El Espectador que su mayor lucha en estos 23 años ha sido cargar con la estigmatización de quienes no conocieron a su hermano. “Yo quiero limpiar el nombre de Albeiro, porque él no era ningún guerrillero ni colaborador de las Farc. Nosotros éramos campesinos y de hecho nos tuvimos que desplazar varias veces huyendo de la misma guerrilla”.

Efrén es un campesino que se dedica a cultivar y vender café en el Urabá. Esa labor la heredó de sus padres y, sin titubear, asegura que ha sido el sustento con la que se ha levantado toda su familia, incluido Albeiro. El día de la desaparición de su hermano, cuenta que él no estaba en casa porque había salido a trabajar; sin embargo, guarda el relato de su madre y de otro testigo, que coinciden en los hechos. “Eran como las 3 a.m. cuando hombres armados y con el rostro tapado entraron a la vivienda a la fuerza y se lo llevaron. Estaba muy oscuro y por eso no se alcanzó a identificar a nadie. También se llevaron a los compadres (la familia Manco) que vivían al lado nuestro. No sé cuántos hombres fueron pero dicen que eran muchos, como unos 100″.

Efrén cuenta que desde ese día comenzaron a preguntar en los parques, las calles y las casas de Dabeiba, hasta que una mujer, que vivía en la zona alta del municipio, le contó detalles sobre lo que vio aquella madrugada. “Esa señora fue un ángel de la guarda. Ella me dijo que había visto soldados del Ejército con varios hombres atados; ese día sospechamos que eran ellos”.

Sin embargo, apenas una semana después de que comenzaran a indagar por su cuenta sobre el paradero de Albeiro, las amenazas llegaron a la familia. “A nosotros nos dijeron que nos teníamos que ir por estar de ‘preguntones’ y ese mismo año, en el 97, nos fuimos a vivir a Medellín”. El relato de su vida en la capital antioqueña se podría resumir en una palabra: incertidumbre. “No sabíamos ni cómo coger un bus ni llegar a ningún lado, por el miedo a lo que había pasado, jamás denunciamos la desaparición de Albeiro porque el que preguntara algo sobre ellos, lo mataban”.

Lo que Efrén no supo sino hasta este año, es que al día siguiente de los hechos, las autoridades encontraron un cuerpo en Dabeiba que identificaron como Albeiro Úsuga. De hecho, la Fiscalía abrió una investigación previa que luego remitió a la justicia penal militar el 21 de noviembre de 1997, tras encontrarlo junto con: “dos escopetas calibre 20, un revólver calibre 38, cinco cartuchos quemados, dos granadas N26, una mina hechiza, un tarro con metralla, un tarro con pólvora, 120 cartuchos de fusil AK47, una riata con cartuchera, dos equipos de compañas hechizos, tres carpas, una soga y un radio de comunicaciones”. Nunca avisaron a la familia.

Su familia nunca tuvo más pistas de él hasta que la JEP llegó a Dabeiba. Cuando se habló por primera vez de las presuntas víctimas de “falsos positivos” en el cementerio, Efrén quiso acercarse, pues presentía que su hermano podría estar allí. Sólo hasta la segunda visita de la Jurisdicción, en febrero de 2020, decidió ir al puesto de Medicina Legal para que le hicieran una toma de ADN. Con esto, las entidades pudieron cotejar y así fue que se identificó a Albeiro.

Lo que se no se explican sus familiares es cómo el cuerpo de Albeiro apareció 23 años después en esa fosa descubierta por la JEP, con las dos escopetas calibre 20 que se reportaron en 1997 cuando hallaron su cuerpo.

El caso de la familia Manco Úsuga ha sido más complicado. Primero porque la denuncia tardó 11 años en hacerse. En ella, Esther Marina Úsuga de Manco, esposa de Félix y madre de Jorge y Wilson, le dijo a la Fiscalía que ellos eran agricultores y que fueron desaparecidos por los paramilitares. “Lo que había en la casa todo se perdió, a mi casa por ellos fueron como 50 hombres, yo me volé de milagro y me salvé porque me tiré al rastrojo y ellos no me vieron porque me iban a matar”, declaró. Cuando le preguntaron si habían recibido amenazas, la mujer respondió: “Ellos no tenían enemigos ni problemas de ninguna clase, la gente decía que el que estaba matando a la gente era ‘Escalera’”, quien era un paramilitar de la región.

A pesar de esta denuncia, la Fiscalía 50 delegada decidió dictar un auto inhibitorio el 23 de junio del 2008, en el que ordenó archivar la investigación porque consideró que “no se logró identificar e individualizar al presunto autor o responsable”. La madre murió esperando una respuesta.

Luego la JEP constató que, desde entonces, los casos han reposado en los juzgados 36 y 114 de la Justicia Penal Militar, como investigaciones de “bajas en combate”. Eliécer de Jesús, de 13 años, ha sido el único identificado gracias a las muestras. Su cuerpo fue encontrado con un tiro en la cabeza. Mario Manco, hermano de la víctima, dice que están a la espera de los demás cotejos para dar con el paradero de su otro hermano, Wilson. “A nosotros nos han dicho que él puede estar en la misma fosa común que encontraron a mi otro hermano, pero de mi papá no tenemos esperanza porque todos los testigos nos han dicho que cuando lo mataron, el cuerpo lo tiraron al río”.

“Sí era un desaparecido”

En medio de la tercera visita de la JEP a Dabeiba también empezó otro rumor: que Édinson Lezcano, un campesino de 23 años y quien fue identificado por la JEP en febrero de este año, nunca estuvo desaparecido y que también se trataba de un miliciano de las Farc. En su momento, este diario relató cómo el joven fue sacado de su casa por miembros del Ejército el 18 de mayo de 2002. Tan solo un año después la Fiscalía General de la Nación decidió archivar su caso, con el argumento de que no pudieron encontrar a los responsables.

Ocho años después, la misma Fiscalía decidió reabrir la investigación, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, con la que se juzgó a los paramilitares. Fue en ese momento que la esposa de Édinson, Rubiela Manco, contó la historia de cómo lo golpearon, lo mataron y luego lo llevaron a la morgue, en una entrevista que le hizo Policía Judicial en 2010. En esta narró cuando el domingo siguiente de la muerte de Edinson la familia fue al pueblo de Dabeiba a buscar su cuerpo. Llegaron a donde los militares del Batallón Contraguerrilla Nº26, quienes le respondieron: “¿Cuál guerrillero van a reclamar?”. Rubiela les dijo que su madre les respondió que no era guerrillero y que vestía un pantalón blanco. Les pidieron que fueran al hospital, porque allá estaba el cuerpo, pero era mentira.

Rubiela también señaló en la entrevista que fue un testigo de los hechos quien les comentó que “ya se los habían llevado para El Jague, una finca ubicada en el cementerio de Dabeiba, donde funcionaba la base militar del Batallón N° 26” y que después, en la noche y sin que nadie se diera cuenta, los enterraron en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Esa persona lo sabía porque fue quien les entregó las llaves a los uniformados para ingresar. Eso mismo confesó ante la JEP, cuando fue contactado 18 años después, y por eso pudieron rescatar el cuerpo.

Desde esa declaración Rubiela aclaró que Edinson “nunca estuvo detenido, no tuvo problemas con nadie, ni conoció cárcel. Nunca perteneció a ningún grupo armado”.

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Su relato tiene sentido a la luz de lo que registran archivos del Estado. Documentos de la Fiscalía, con fecha 19 de mayo de 2002, justo el día después del asesinato de Édinson, demuestran que el Batallón Nº 26 de Contraguerrillas Arhuacos sí tenía dos cuerpos, según ellos, “de subversivos de las ONT-Farc que cayeron en enfrentamientos con el Ejército al oponer resistencia armada”. También describieron que los hechos ocurrieron en la vereda de Las Golondrinas, área rural del municipio: “Área general del cañón de La Llorona, vereda Golondrinas, donde en últimos días han hecho presencia delincuentes de ONT- FARC para efectuar retención arbitraria de vehículos, extorsión y cobro de peaje ilegal a transportadores”, reza el reporte firmado por el capitán Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, comandante de la compañía.

El inspector de Policía Luis Eduardo Rueda decidió enviar un médico legista para que realizara las autopsias de los supuestos guerrilleros que estaban en la morgue municipal. Dentro del documento que la JEP recuperó estaban los datos morfológicos, que concordaban con las características de Edinson: “Hombre de aproximadamente 23 años de edad, piel trigueña, rostro ovalado, ojos negros, dentadura natural en regular estado, cejas pobladas un poco juntas, cabello negro lacio recortado, bozo escaso, oídos regulares separados, estatura aproximadamente 1.65 metros, labios regulares, nariz recta y mentón recto”.

En la necropsia, el Instituto de Medicina Legal señaló que lo encontraron con “pantalón de tela bluyin café, interior granate, medias azules”. También se mencionó que dentro de las pertenencias encontradas había un “fusil AK47, 41 cartuchos, 4 proveedores, 3 minas explosivas, un tarro con pólvora, un rollo de cable, tres equipos y uniformes camuflados”, sin embargo, en la reseña se dejó claro que “los anteriores elementos no fueron entregados a ese despacho”.

Aunque los militares en su reporte hablaron de un enfrentamiento, en la autopsia se concluyó que el disparo que acabó con su vida estaba alojados debajo de su oreja, como si lo hubieran atacado por la espalda, lo que desmentía el supuesto combate y dejaba ver un estado de indefensión.

La Fiscalía llamó a declarar al capitán Hermes Mauricio Alvarado, quien reiteró que las muertes sucedieron en medio de una operación relámpago por la Brigada XVII: “Durante el combate, que duró muy poco, no tuve personal herido ni muertos en la tropa... Los subversivos se encontraban cerca a unas viviendas ante lo cual las tropas diferenciaron los objetivos militares, separando al personal civil en la casa más cercana y protegiendo la vida de ellos y la de sus bienes... no tenía documentos, eran guerrilleros de fila rasos”.

Sin respuestas, en 2015, Rubiela volvió a la Fiscalía para pedir que le ayudaran a recuperar el cuerpo de su esposo: “Le digo que nunca lo entregaron, el testigo nos dijo que ahí estaba enterrado en el cementerio como NN”. Nosotros vinimos a reclamarlo, pero no quisieron entregarlo, no sabían dónde estaba enterrado, pero está acá en el cementerio de Dabeiba”. Aunque la Fiscalía tenía esa información, jamás intervino el camposanto.

Desde que el Ejército se lo llevó en 2002 hasta que la JEP lo encontró en 2020, las autoridades lo reseñaron como un NN. Aunque nunca hallaron su cuerpo, la justicia colombiana determinó que Edinson era falso positivo. La familia Lezcano decidió demandar al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por los daños causados por los uniformados.

En una primera instancia, según contó el portal Verdad Abierta, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en 2010, falló a favor de la familia Lezcano al determinar “[…] que la muerte del señor Edison Lezcano Hurtado fue causada por miembros del ejército, sin que tal individuo hubiese ejecutado una actuación constitutiva de una amenaza seria y grave de bienes jurídicos cuya protección se asignó a tal institución”.

En segunda instancia, el Consejo de Estado concluyó, el 16 de agosto de 2012, que la muerte “del señor Lezcano Hurtado es un típico caso de los denominados falsos positivos” y resaltó que “en el proceso no se acredita que fuera parte de las Farc, ni que hubiere accionado arma alguna en contra de los militares”. Con esto aprobó la conciliación entre los afectados y el Ministerio de Defensa, que resultó en la consignación de $138 millones que, según le cuenta Rubiela a este diario, recibió.

“A mí no me dieron 700 millones, como dicen, a mí me dieron 183 millones para mis dos hijas y para mí. Es falso lo que dijeron que, además, en abril de este año me dieron 300 millones de pesos más. Yo no he recibido plata”, agrega Rubiela.

Pero más allá del proceso administrativo, para la familia Lezcano, lo importante era encontrar a Edinson: “Después de 18 años pudimos reconocer el cadáver de mi padre. Gracias a Dios que pudimos darle cristiana sepultura, pero es muy doloroso saber que después de tanto tiempo, de tantos años, vengan a revictimizarnos y contradecir que estamos mintiendo sobre los hechos, cuando los falsos son quienes dicen que era guerrillero. Es tan indignante para nosotros que llevamos 18 años sufriendo y llegan personas que desconocen nuestro dolor a hacer campaña con esto”, dice Argenis Lezcano, hija de Edinson.

El magistrado Alejandro Ramelli agrega que este tipo de hechos no se puede resolver únicamente con una reparación monetaria, pues el Estado debe cumplirles a las víctimas con la identificación de los responsables del crimen y la entrega digna del cuerpo, y eso no lo hizo la Fiscalía, a pesar de que la familia insistió en varias ocasiones que podría estar en el cementerio y mencionó a presuntos responsables: “De acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, una persona deja de ser un desaparecido cuando aparece con vida o cuando aparece su cuerpo. En este caso jamás apareció su cuerpo, no fue identificado, sus familiares no sabían dónde estaba exactamente”.

Por eso el togado insiste en que “decir que no es un desaparecido o tildar a estas personas de milicianas de las Farc cuando fueron víctimas de “falsos positivos” es una revictimización a quienes han sufrido el conflicto armado en Colombia. Ellas tienen derecho a una entrega digna y a que unos funcionarios cumplan muy tardíamente con sus deberes”.