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En septiembre de 2007, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a pesar de la fortaleza de su política de seguridad democrática, como medida extrema fue necesario trasladar al detenido Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, a un buque de la Armada. Era tal su poder que no había cárcel donde no pudiera mover sus tentáculos y era preferible mantenerlo aislado en alta mar. Ese mismo narcoparamilitar, que finalmente fue extraditado a Estados Unidos meses después, desde el pasado 19 de julio está de nuevo en Colombia en la cárcel de La Picota. Acaba de tocar a las puertas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pero lo devolvieron por capo. Seguramente buscaba su libertad por esta vía, pero más allá de la falta de competencia jurídica para saber de sus andanzas, cualquier entendido del conflicto armado sabe que lo que conoce Macaco no es de poca monta.
Cuando lo deportaron de Miami después de purgar 11 años y dos meses de prisión, de los 33 años que inicialmente le impuso la justicia norteamericana, lo esperaban en el aeropuerto El Dorado varios agentes del CTI de la Fiscalía que le recordaron que en Colombia tiene cuentas pendientes por un sin número de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores, desplazamiento y violencia de género, entre otros delitos. Quizás por esta evidencia es que Macaco no solo quiere llegar a la JEP, sino que ha tratado de acceder también a varias organizaciones de derechos humanos de Medellín y Bogotá, para venderles su propuesta de paz. En sus palabras, estabilizar el Bajo Cauca -hoy sometido al fuego cruzado de las bandas del narcotráfico- con acciones y programas para resarcir los daños causados por él y sus hombres en esa región del país.
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Nacido en febrero de 1966, unos dicen que en Marsella (Risaralda) y otros que en Envigado (Antioquia), casi desde sus orígenes es tan difusa su actividad ilegal, que eso en parte explica por qué duró tanto tiempo por fuera del radar de las autoridades. Sin embargo, hay pistas claras sobre su evolución criminal. Era hijo de un carnicero muy conocido en Dosquebradas, vecino de Pereira y, como se lee en el libro “Balas por encargo” del periodista Juan Miguel Álvarez, con información precisa sobre los albores de las oficinas de cobro del cartel del Norte del Valle, “desde finales de los años 80 se dedicó a negociar la pasta de coca producida en las cocinas del departamento del Putumayo con los narcotraficantes del cartel del Norte del Valle”. El mismo autor resalta que como a él nadie lo conocía, creció como narcotraficante hasta hacerse multimillonario.
En su relato oficial, Macaco ha dicho que siendo muy joven se fue a vivir a Puerto Asís (Putumayo), donde se dedicó a la venta de combustible y montó un estadero. Lo cierto es que, más allá de los negocios legales, siempre sostuvo bajo la mesa fluidas relaciones con Wilber Varela, alias Jabón; y con Rasguño, con quien siempre tuvo una amistad muy cercana. Además, en el ir y venir entre el Eje Cafetero y el norte del Valle al Putumayo, conoció a Rosa Edelmira Luna Córdoba, propietaria de la finca Animalandia que había heredado de su esposo, y con ella decidió hacer pareja. Ella sufrió un secuestro y un atentado a manos del Eln, y su declinar en su convicción de confrontar a las guerrillas, se trasladaron primero a Curillo (Caquetá) para manejar un local comercial, y después a la región del Bajo Cauca antioqueño para explotar una mina.
Corría el año de 1994, acababa de caer abatido en el tejado de una casa de Medellín el capo de capos, Pablo Escobar Gaviria, y cuando llegó al Bajo Cauca encontró con que en la zona mandaba Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, un experimentado hombre del bajo mundo, que había empezado sus andanzas con las autodefensas del Magdalena Medio y el Cartel de Medellín, después fue Pepe para enfrentar a Escobar, y luego de apoyar a las Convivir, terminó convertido en el jefe del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Macaco entró como anillo al dedo a la región, y desde sus fincas Villa Yomara y La Esmeralda, en área rural de Cáceres (Antioquia), fortaleció la acción paramilitar contra el Eln. A finales de 1996, esta guerrilla atentó contra su vida. Entonces constituyó su primer grupo armado personal que fue conocido como Los Caparrapos.
Era la misma época en la que Carlos y Vicente Castaño, tras la muerte de su hermano Fidel, pusieron en marcha el proyecto para aglutinar todos los grupos de autodefensas del país en una sola estructura, con mandos definidos y estrategias comunes, a la usanza de las guerrillas de las Farc y el Eln. Lo que inicialmente eran las autodefensas de Córdoba y Urabá, del Magdalena Medio o del Bajo Cauca, entre otras, en 1997 quedaron bajo el mismo sello: Autodefensas Unidas de Colombia. Inicialmente, Macaco entró a apoyar la estrategia de guerra con sus Caparrapos, pero poco a poco, tras sus éxitos en la zona hasta el nordeste antioqueño, convenció a los Castaño de sumarse a la guerra por lo alto. Con clara inyección financiera del narcotráfico, y proyección a ocho departamentos, constituyó el poderoso Bloque Central Bolívar, columna vertebral de la ofensiva militar.
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Macaco quedó al frente de una máquina de guerra de cerca de siete mil hombres, compartiendo el mando con Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, eterno asesor político de las autodefensas. En poco tiempo, sus escuadrones de la muerte empezaron a multiplicarse en Antioquia, Bolívar, Vichada, Caquetá, Arauca, Caldas, Risaralda y Putumayo. En esta última región, siempre en conexión con el narcotráfico, lo hizo con el apoyo de Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, hermano de Julián Bolívar, después extraditado a Estados Unidos. Para finales del siglo XX, el poder de Macaco ya tenía tanta jerarquía como el de los Castaño, y después de integrar las autodefensas de Santander y el sur del Cesar, desplegaron un operativo de largo aliento que en poco tiempo les permitió entrar a Barrancabermeja.
Todavía los habitantes del puerto petrolero recuerdan aquella jornada terrorífica del 16 de mayo de 1998, cuando las autodefensas entraron matando a diestra y siniestra y ese mismo día desaparecieron a más de 20 personas. En adelante, el Bloque Central Bolívar plantó sus campamentos de ataque desde San Blas en el sur del Bolívar hasta la zona de Rionegro en Santander, mientras desarrollaba estrategias junto a varios políticos de diversos municipios de la región, para cooptar las arcas del Estado o garantizar el control de los órganos legislativos. En un momento crucial de la administración Pastrana, cuando el Eln reclamaba una zona de distensión en el sur de Bolívar, a imagen y semejanza de la creada para las Farc en la región del Caguán, siempre con el apoyo de algunos políticos, el Bloque Central Bolívar de Macaco sacó a la gente a las calles para impedirlo.
Luego vino la campaña presidencial de 2002, donde la orden fue votar por Álvaro Uribe, como quedó documentado en varios testimonios de Justicia y Paz o en los expedientes de la parapolítica, y enseguida el accidentado proceso de paz de Santa Fe de Ralito, cuando el paramilitarismo entró en la encrucijada de desistir o no del narcotráfico. En este contexto, la estrategia de Macaco fue desmovilizarse el 12 de diciembre de 2005 en la vereda San Cristóbal del corregimiento de Santa Isabel, municipio de Remedios (Antioquia). Casi dos mil hombres bajo su mando hicieron lo propio. Sin embargo, tanto para él como para los demás jefes paramilitares involucrados en el narcotráfico, comenzó la encrucijada de cómo romper cobijas, sortear de paso el acoso judicial de los Estados Unidos, y de la noche a la mañana convertirse en un líder de paz.
De manera simultánea, en su región de origen, Macaco entró a barajar también sus poderes. Cuando Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, cayó detenido en Cuba en 2005, se quedó con toda la banda. Los sicarios, los pilotos, los testaferros y las conexiones. Y como cuenta Juan Miguel Álvarez en su obra referida, armó un grupo aparte llamado Héroes y Mártires de Guática, y emprendió la toma del área metropolitana de Pereira. En poco tiempo, la gente de Macaco acabó con los líderes de las oficinas de cobro y se quedó con sus expendios. Lo hizo junto a Héctor Duque Ceballos, alias Monoteto, hombre de confianza en el Bajo Cauca. Y por esta misma vía, recobró el dominio de los embarques de droga que empezaron a tener un nuevo sello: la marca Cordillera.
Estas y otras evidencias de narcotráfico y rearme surgidas de distintos jefes paramilitares fueron rebozando la copa del gobierno Uribe, y fue cuando a finales de 2006, fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y entre ellos estaba Macaco. En este momento, ya la Corte Constitucional había dejado la Ley de Justicia y Paz en sus justas proporciones, pero los jefes de las autodefensas lo consideraron parte del engaño del Estado a su negociación política. Fue el tiempo crítico en el que Macaco tuvo que ser trasladado a un barco de la Armada para neutralizar su enorme poder. Al final, como otros 13 jefes del paramilitarismo, terminó extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008. Al poco tiempo, el Tribunal Superior de Bogotá lo expulsó de Justicia y Paz. En cuanto a su socio Monoteto, dos meses después fue asesinado en el parqueadero de Unicenter en Buenos Aires.
Durante los 11 años y dos meses que pasó preso en Estados Unidos, muchas cosas pasaron en Colombia. La parapolítica causó un desfile de políticos colaboradores de las autodefensas a la cárcel, y después de la era Uribe se abrió un camino de paz entre el gobierno Santos y las Farc que terminó en 2016. Como parte de los acuerdos, nació la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) con la misión de investigar y juzgar los hechos cometidos durante la guerra. Mientras todo esto sucedía, Macaco se declaró culpable en el distrito de Columbia de los delitos de conspiración para manufacturar y distribuir cocaína y exportarla a Estados Unidos, con lo cual empezó a descontar condena. Y cuando la justicia colombiana lo requirió, también decidió colaborarle. La prueba fue su testimonio contra los exjefes de seguridad de Uribe, los generales (r) de la Policía Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo.
El 19 de julio de 2019, tras saldar sus cuentas judiciales en Estados Unidos, lo regresaron a Colombia. Ahora sus víctimas están pendientes de sus nuevos testimonios para aclarar muchas verdades. Solo que ahora parece situado en una especie de limbo jurídico para un personaje de sus dimensiones en la historia de la guerra reciente de Colombia. Expulsado de Justicia y Paz, con portazo de la JEP porque lo suyo es ser investigado por narcotráfico, y en manos de la justicia ordinaria y sus eternos trámites. Cuando aceptó su rendición en 2005, Macaco ofreció dos helicópteros, una urbanización en Cáceres (Antioquia), cuatro fincas con 2.600 cabezas de ganado y una gruesa suma de dinero. Sus víctimas dicen que no han visto un peso de esos aportes para la reparación. Pero ahora Macaco insiste en convertirse en gestor de paz, en especial en la región donde impuso su terror.
Convencido de que aún tiene mucho que revelar sobre sus días en la guerra, y que también puede aportar fórmulas para evitar el reciclaje de nuevas organizaciones criminales en los territorios, Macaco quiere que la JEP lo escuche. Pero ese organismo sostiene que lo suyo debe ser evaluado desde su perspectiva de capo. Según los entendidos del sistema, seguramente el exjefe paramilitar terminará acudiendo en calidad de tercero civil en el conflicto. Es decir, aquellas personas que se involucraron en la guerra apoyando a alguno de los contendientes desde el financiamiento. Entre tanto, contando con el rigor de la justicia, por ahora está lejos de lograr su libertad definitiva, si se tiene en cuenta que se le imputan innumerables delitos, y que desde ocho departamentos del país hay decenas de víctimas que siguen esperando que Macaco les diga la verdad.
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