Madres de Soacha en la JEP: "Los militares no están diciendo la verdad"

Ante la Sala de Reconocimiento, presentaron sus observaciones a las 31 versiones voluntarias que han rendido 22 militares acogidos a la JEP. / Cortesía.

“No nos convencen las versiones que han dado los militares”, eso fue lo que manifestaron las mujeres que integran el colectivo Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá durante la audiencia que se desarrolló este jueves en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante todo el día, las mujeres tuvieron la posibilidad de hablar públicamente ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento, sin que tuvieran enfrente a los militares implicados en los crímenes que el país conoció bajo el nombre de “falsos positivos”. Fue el espacio en el que controvirtieron las 31 versiones voluntarias que han rendido 22 militares acogidos a la JEP de la Brigada No. 15 y el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Santander”, versiones que ellas tuvieron la posibilidad de revisar junto a sus abogados.

Todas afirmaron que no ha habido verdad o que ha sido dada a medias. Que en las versiones los militares están repitiendo lo que ya habían dicho en la justicia ordinaria; que se contradicen o que siguen negando su conocimiento de los crímenes a pesar de estar condenados. Así lo manifestó Soraida Muñoz, madre de Jhony Duvian Soto. Él prestó servicio militar en el Ejército por dos años y aun así fue presentado como guerrillero muerto en combate el 12 de septiembre de 2008.

“El señor Sandro Pérez (suboficial de inteligencia del Batallón de infantería Santander para esa época) dijo en su versión que él no sabía qué significaba la palabra legalizar, cuando esa palabra es el pan de cada día en el Ejército. Mi hijo me decía que significaba el trámite de los muertos en combate. ¿Por qué viene ese señor a decir que desconocía esa palabra?”, exclamó Soraida cuando fue su turno de hablar.

(Para conocer cómo fue este proceso puede leer: "Que devuelvan lo que les dieron por asesinar a nuestros hijos")

Los mismos argumentos dieron otras mujeres. Beatriz Méndez, madre de Weimar Castro y tía de Edward Rincón, ambos asesinados el 21 de junio de 2004, le preguntó a los magistrados por qué en las versiones que hasta ahora han dado los militares solo se refieren a cuatro o cincos jóvenes de Soacha y no del resto, si muchos terminaron en la misma fosa común en Ocaña. Según ella, “tiene que haber otros batallones, más militares implicados que digan la verdad completa”.

Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo, asesinado el 3 de marzo del mismo año, también aseguró que hubo falsedades o huecos en la versión que dio el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos en julio de este año en la JEP. Dijo: “Él se considera culpable de solo tres casos, pero contó que felicitó a los soldados cuando le comentaron que habían “dado de baja” a un joven que estaba extorsionando ganaderos. Era supuestamente mi hijo. Pero cuando revisó y se dio cuenta dónde murió mi hijo, en esa zona ni siquiera había presencia de ganaderos. Según dijo, ahí empezó a notar que algo andaba mal con su batallón, pero no avisó, no dijo nada”.

Y agregó: “Por el contrario, en las versiones de los soldados de rangos inferiores, dicen que todas las órdenes de las ejecuciones vinieron por parte de él. ¿Por qué se acogió si no va a decir la verdad? Solo uno de los militares que vimos sí afirmó que la orden de matar venía de arriba, del presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos”.

Que solo uno de ellos ha dado información nueva y está aceptando su responsabilidad, aseguró por su parte Anderson Rodríguez, hermano de Jaime Sanabria, asesinado a los 16 años. Que ninguno de los militares ha podido explicar qué relación tenían sus hijos, hermanos, esposos o sobrinos con el conflicto armado, porque ninguno de ellos era guerrillero, dijo Cecilia Arenas, hermana de Alexander, quien trabajaba como carpintero a sus 32 años cuando fue asesinado el 21 de febrero de 2008.

“Es como si hubieran tomado una lección para decir las mismas cosas”, manifestó Luz Marina Bernal. “Que Tamayo y los otros militares nos digan cómo era el sistema de munición dentro de los combates y de dónde sacaron el armamento que le pusieron a estos muchachos”. Su hijo Fair Leonardo Porras, fue asesinado el 12 de enero y señalado de ser comandante guerrillero, cuando en realidad sufría de un grado de discapacidad mental, en su brazo y pierna derecha. “Así cómo iba a empuñar un arma”, contó Luz Marina.

Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Peña, asesinado el 12 de agosto de 2008 en Ocaña (Norte de Santander) aseguró que “no hay coherencia en las cinco versiones de los militares implicados en la muerte de Jaime. ¿Cómo es posible que el juez penal militar no haya intuido las mentiras cuando entre todos se contradecían? Lo mismo pasa con el CTI, ¿cómo es posible que hayan hecho levantamientos de cuerpos con botas nuevas o con uniformes nuevos, sin agujeros de balas?”.

Bajo esta pregunta, ella hizo la primera solicitud a los magistrados de la Sala de Reconocimiento: que llamen a los funcionarios del CTI y Medicina Legal que hicieron los levantamientos de los cuerpos en ese momento.

Las peticiones y denuncias que salieron en la audiencia

Luz Marina Bernal fue una de las que insistió en que el trabajo forense se hizo muy mal. Aseguró que no hay completa claridad después de once años, de que los restos que le entregaron, que además no están completos, sean los de su hijo Fair.

“Pido una investigación a jueces, fiscales y abogados de la defensa de los militares”, aseguró. Para las mujeres, los cómplices y la manipulación de la información permanecen en la sombra todavía. Anderson, fue mucho más específico. Pidió que se investigara a la asesora jurídica del Batallón N° 13 en ese momento, que de acuerdo con él, aparece nombrada en una de las versiones. “La JEP debería llamarla. Ella los asesoró sobre cómo presentarse y qué decir”.

Beatriz Méndez, por su parte, hizo una grave denuncia: “Mi cuñado, al llegar a Medicina Legal, le hacen saber que como eran supuestos guerrilleros eso les daba el aval de mutilar sus cuerpos. Eso no estaba aprobado en ese tiempo. A mi hijo le arrancaron una oreja”.

También trajo a colación las deudas que tienen con los cementerios donde están enterrados sus hijos, uno de los temas que más le preocupan a las Madres de Soacha y por eso, de manera explícita, le pidieron a la JEP que les ayudara con ese tema. Según Beatriz, la Fiscalía ha retenido los cuerpos de Weimar y Edward durante 15 años porque la investigación está en curso, pero es a ella a la que le llegan las cuentas del cementerio. “La deuda es de $13 millones y la Fiscalía dice que no van a responder por eso, pero tampoco los han exhumado para hacer análisis”, agregó. Así están varias de ellas. Día tras día, las llaman para pedirles una suma de dinero que no pueden pagar.

Además de esto, el maltrato por parte de los funcionarios judiciales hacia ellas fue una de las quejas más recurrentes. Que esperaran 72 horas para denunciar la desaparición de sus hijos, que no "chillaran" porque su hijo se había ido de viaje con la novia, que la audiencia se había aplazado porque el militar no había ido con abogado, que su hijo era el cabecilla de un grupo armado, en fin. El cansancio hacia un sistema judicial lento, revictimizante y burocrático fue notorio en ellas. A los magistrados de la JEP les dijeron de frente y con seriedad, que en ellos estaba depositada de nuevo su esperanza por verdad y justicia.

Otra importante petición fue que la JEP llame a los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y al general Fredy Padilla de León, por los cargos que tenían al momento de los crímenes. Quieren escuchar en boca de ellos por qué sucedieron los falsos positivos, no solo en Soacha, sino en todo el territorio nacional, y por qué dieron las órdenes.

Le pidieron también que cite al menos a otros 52 civiles y militares implicados en sus casos que han sido mencionados en las versiones voluntarias de los militares. Kelly Johana Ruiz, esposa de Daniel Pesca, asesinado el 27 de febrero por militares en Cimitarra (Santander) les solicitó a los magistrados que llamen a los militares que tenían jurisdicción en esa zona. “Tenemos muchas dudas, nada ha sido aclarado en el caso de mi esposo. Nunca supimos quién fue el reclutador ni cómo lo engañaron para llevárselo”, afirmó. Cecilia Arenas pidió que se investigara a la Brigada N° 5 “Mercedes Ábrego” de Floridablanca (Santander). “De allá condenaron a cuatro soldados rasos, pero no se sabe quién dio las órdenes”.

Todas estuvieron de acuerdo en exigirle a la JEP que se limpie el nombre de todos sus familiares. De acuerdo con ellas, en la mayoría de las versiones que vieron, sobre todo las de mandos medios, los militares se siguen refiriendo a los jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales como “vuelteros, delincuentes o violadores”. Todas aseguraron que sus hijos, esposos, hermanos o sobrinos eran personas humildes, trabajadoras, con errores, pero que nunca cometieron actos indebidos. Al contrario, muchos eran el sostén de sus familias, tenían el sueño de entrar a la universidad, de ser veterinarios, arquitectos o sencillamente de tener un trabajo estable para que su mamá dejara de trabajar.

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Luz Edilia Palacios, madre de Jader Palacios, exigió que puedan encarar en algún momento a los reclutadores, como Alexander Carretero, quien pidió cupo en la JEP a comienzos de septiembre. Soraida, quien recordó que su hijo estuvo en el Ejército, fue enfática en que las apoyen en la exención del servicio militar obligatorio para sus otros hijos, el derecho que tienen por ser víctimas del conflicto armado. Además, porque fue el Ejército mismo quien asesinó a sus familiares. El problema, como aseguró Soraida, es que la Unidad de Víctimas no las ha reconocido a algunas de ellas como tal.

“Así como hicieron vaca para atraer y matar a nuestros hijos, que busquen recursos para reparar a todas estas familias”, exclamó Blanca Monroy. Y ella, a nombre de Doris Tejada, quien no pudo asistir a la diligencia, reclamó el cuerpo de Oscar Alexander Morales, el hijo de Doris y el único al que no han podido hacerle una digna sepultura porque no se sabe dónde fue enterrado. Esa fue otra solicitud para la JEP.

Las amenazas de muerte a las que se han visto expuestas ellas y sus familias por buscar la verdad también fue una preocupación manifiesta. Denunciaron los momentos en los que tuvieron que desplazarse de Soacha o de Bogotá por temor, separarse de sus familias para no involucrarlas o cómo algunas de las mamás han tenido que irse al exilio. 

En ellas hubo una sensación de alivio y agradecimiento al salir de la audiencia. Alivio, porque por fin pudieron soltar lo que por años han callado, o que han dicho a gritos sin que nadie las escuche. Agradecimiento, porque el espacio para hablar les fue tan significativo que las anima a seguir en la lucha por la verdad. A pesar de once años de olvido e impunidad, confían en la JEP. 

El proceso apenas comienza 

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Dentro del caso 003 que abrió la JEP para investigar las ejecuciones extrajudiciales se priorizaron, en esta primera etapa del proceso, seis departamentos: Huilar, Cesar, Meta, Antioquia, Casanare y la región del Catatumbo, donde está Norte de Santander. Hasta el momento, la Sala ha escuchado 162 versiones dadas por 131 uniformados, desde soldados hasta generales. 

En el caso de los jóvenes de Soacha, que fueron encontrados en fosas comunes en Ocaña (Norte de Santander), la magistrada aseguró al término de la audiencia que lo que sigue es un arduo proceso de contrastación entre las versiones de los militares, las observaciones del grupo de mujeres y sus abogados, los archivos en la justicia ordinaria y los 17 informes que recibieron sobre este fenómeno. 

"Hemos tomado atenta nota sobre sus solicitudes de verdad y sus expectativas de conocer por qué ocurrió esto", les aseguró la magistrada Díaz. Explicó que el beneficio de libertad condicionada que recibieron los militaras al acogerse a la JEP está condicionado al detalle de verdad que aporten y al grado de reconocimiento. 

El magistrado Oscar Parra, manifestó por su parte que las observaciones que hizo el grupo de mujeres serán transmitidas a los militares acogidos para que ellos se pronuncien al respecto. Con respecto al deseo de las Madres de Soacha de ver en la JEP a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el magistrado aclaró que la JEP no tiene competencia para juzgar a expresidentes de la República. Sin embargo, afirmó que las solicitudes serán valoradas por el pleno de la sala.

De acuerdo con el abogado representante de las víctimas, Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo, si bien la JEP no puede obligarlos a hablar en la JEP, sí puede hacerles un llamado para que de manera voluntaria ellos den su testimonio sobre estos hechos. 

Con respecto a las amenazas y las deudas en los cementerios, la magistrada Díaz explicó que la JEP tiene un procedimiento para tramitar las solicitudes de protección que ellas pueden activar para que sea evaluada su situación y que examinarán cuál puede ser la respuesta de la Sala frente al tema de las deudas.