La paz en tiempos del coronavirus

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Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), hace un análisis sobre por qué el manejo de la crisis por el coronavirus no debe ser tratado dándole la espalda de la paz. Todo lo contrario, para él, la lucha contra el coronavirus y la lucha por la paz son dos caras de la misma moneda.

En estos días sólo existe un tema: ¡el coronavirus! Todos los días recibimos muchas noticias terribles sobre el avance del virus y demasiadas pocas luces de esperanzas. Lo que es particularmente preocupante, es que nos encontramos sólo al principio. El 2020 es un año fatídico. El coronavirus seguirá siendo el tema principal en las próximas semanas y meses. Sin embargo, en este momento corremos el riesgo de descuidar u olvidar otros temas centrales para el futuro del país.

Esto es particularmente preocupante en vista del proceso de paz. La paz en Colombia sigue siendo una planta delicada y corre el riesgo de ser arrastrada por la tormenta del coronavirus. Las consecuencias serían dramáticas: para las víctimas, para la sociedad y para las regiones más afectadas por el conflicto armado, pero también para la economía y el posicionamiento del país en el escenario político internacional. Por lo tanto, sólo puede haber un lema: el manejo de la crisis por el coronavirus no debe ser tratado dándole la espalda de la paz. Todo lo contrario, la lucha contra el coronavirus y la lucha por la paz son dos caras de la misma moneda. La consigna hoy es: ¡apoyar la vida y apoyar la paz!

 

Un frágil proceso de paz

 

Ya antes de la crisis por el coronavirus, el proceso de paz colombiano estaba en una encrucijada. A pesar de todas las críticas, hay que señalar que en el proceso de paz ha habido mejoras significativas. Bajó el número de las víctimas, el desminado mostró resultados importantes, la mayoría de los y las excombatientes de las FARC entregaron sus armas y se han integrado a la vida civil. Además, las instituciones de justicia transicional han comenzado su labor, han logrado importantes avances y se consideran, con razón, ejemplares a nivel internacional. Y aun así: el balance del proceso de paz se pinta más bien en un gris oscuro. La Reforma Rural Integral avanza a paso de tortuga y muchos de los proyectos productivos de los exguerrilleros siguen siendo precario. A su vez, junto a la expansión de la económica basada en la producción y tráfico ilegal de drogas, se ve un aumento de la violencia en muchos territorios del país, especialmente en aquellas zonas antes ocupadas por las FARC, muchos de las cuales están bajo control de diversos actores armados no estatales. Nuevamente las fumigaciones están en la mesa, mientras que no se habla del problema de la demanda – especialmente, aunque no exclusivamente de los países del Norte Global. Además, las amenazas y los asesinatos de activistas sociales y excombatientes de las FARC han adquirido proporciones alarmantes y deben calificarse de sistemáticos. Los mecanismos de protección del Estado a menudo llegan demasiado tarde o no funcionan. Como resultado, este fracaso de la política cobra un triste y alto precio de vidas humanas.

 

La crisis del coronavirus amenaza la paz

 

Actualmente, el panorama se oscurece aún más. El coronavirus se cierne como una espada de Damocles sobre los progresos alcanzados hasta el momento y amenazan con debilitar el proceso de paz.

En primer lugar, la situación de seguridad de los líderes y lideresas sociales, pero también de los excombatientes está empeorando aún más, especialmente en las zonas rurales. Mientras los asesinos ignoran la cuarentena y el confinamiento, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional hacen más difícil proteger a las personas vulnerables. Algunas de las medidas de protección ya no son fáciles de aplicar y la atención de los medios de comunicación se centra en la pandemia. Los líderes sociales son abandonados a su suerte y a menudo no pueden ser llevados a lugares seguros, incluso ante el peligro inminente. Los sicarios y los autores intelectuales de estos ataques toman ventaja de esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

En segundo lugar, la crisis del coronavirus relentiza el trabajo de las instituciones de la justicia transicional, es decir, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Estas instituciones trabajan en estrecha colaboración con las asociaciones de víctimas y tienen como objetivo explícito – a través de enfoques diferenciales – favorecer la participación de los grupos sociales históricamente marginados. Sin embargo, es precisamente este trabajo con las víctimas y especialmente en los lugares remotos del país, el que ahora sufre las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus. La escucha de los testimonios de las víctimas requiere la cercanía humana, así como lazos de confianza y empatía.  Estos lazos difícilmente se pueden generar a través de una videoconferencia. A su vez el acceso a la tecnología no es igual para todas las víctimas ya que, de hecho, muchas de ellas no tienen acceso estable a Internet.

En tercer lugar, la crisis del coronavirus conduce a una fuerte crisis social. Incluso antes del brote de la pandemia, Colombia era un país de fuertes contrastes sociales y se encontraba entre los países con los niveles más altos de desigualdad en el mundo. A finales del 2019 ya empezó a estallar el potencial de conflicto que tienen los temas sociales. Frente a las protestas masivas, el presidente Iván Duque se salvó por la campana como un boxeador agotado, con la llegada de las vacaciones de Navidad. No obstante, la mejora social seguía siendo letra muerta y con el coronavirus la situación se empeorará fuertemente. Mientras que las desigualdades sociales extremas siempre han sido una pesada carga para el proceso de paz, la crisis del coronavirus está poniendo el hacha en la ya frágil cohesión social.

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La situación social es especialmente preocupante en las regiones más afectadas por el conflicto. El coronavirus se encuentra aquí con altas tasas de pobreza, un sistema de salud pública débil, una atención sanitaria precaria y la falta de seguridad social. Al empeorar aún más la situación socio-económica, el virus amenaza no sólo con conducir a una catástrofe humanitaria, sino también con llevar a zonas enteras del país a los brazos de viejos y nuevos grupos armados. La crisis del coronavirus también golpeará a los barrios de pobreza urbana. Los programas de emergencia social todavía pueden amortiguar las dificultades sociales y quitar la presión de la caldera. Pero una cosa ya está clara: cada día la crisis sanitaria trae más necesidades, desesperación e ira. No se puede descartar que haya disturbios y saqueos. En este contexto, los debates sobre la militarización de las ciudades hacen temer escenarios de un caracazo colombiano.

Por último y en cuarto lugar, la paz no se consigue de forma gratuita. Y sin embargo: a mediano y largo plazo, no puede haber mejor inversión que apoyar la paz. Quien quiere prosperidad económica, desarrollo social y profundización de la democracia no tiene otra alternativa que la paz. Pero la actual crisis del coronavirus desembocará en fuertes conflictos sobre la distribución de los escasos recursos. Y los números no suelen mentir: El presupuesto es el indicador más transparente para medir las prioridades políticas. Tanto las mejoras en el sistema de salud, como las medidas para amortiguar la crisis social, requieren la rápida provisión de generosos recursos presupuestarios. Sin embargo, esto no debe ser a expensas del proceso de paz. El Gobierno de Colombia debe actuar con decisión y proporcionar los recursos necesarios para la implementación de políticas sociales efectivas como así también para la promoción de la paz como condición sine qua non para un futuro mejor.

 

La Paz: ¡Ahora más que nunca!

 

La crisis del coronavirus potencia los desafíos ya existentes del proceso de paz y requiere una acción decisiva. Existen soluciones, pero deben ser tomadas valientemente por los políticos. Primero, el Gobierno debe proveer medidas de protección efectiva a los activistas sociales y los excombatientes de las FARC amenazaos. Para esto no es suficiente aumentar los esfuerzos en los caminos ya conocidos de los mecanismos de protección. Al contrario: los problemas también radican en el diseño de dichas medidas. Lo que se necesita, ante todo, es una mayor participación de las víctimas de las amenazas y de la violencia, así como una aplicación inmediata y efectiva de las medidas. Segundo, la crisis del coronavirus no debe complicar aún más la labor de las instituciones de la justicia transicional. La solución es simple: sobre todo, se requiere más tiempo. La pandemia era imprevisible y ha interrumpido muchos procesos. Por consiguiente, debe ampliarse el tiempo que las instituciones tienen para su labor, especialmente los plazos de la presentación de informes por parte de las organizaciones de víctimas. Esta extensión de los plazos debe ir acompañada por un incremento de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo dichas tareas en los tiempos estipulados: Porque una cosa debe ser clara: la sociedad pide que se aborde el pasado de manera integral y no que la justicia y la verdad se adapten pragmáticamente a las circunstancias de la crisis del coronavirus.

Tercero, la crisis del coronavirus es un recordatorio mundial de las consecuencias mortales de una política social precaria. Desde ya debemos aprender las lecciones. Después del coronavirus, ya no podemos seguir haciendo lo mismo que siempre. Debemos comprender que una sociedad próspera, una democracia que funcione y una paz sostenible y duradera sólo son posibles teniendo condiciones sociales adecuadas. Eso también, y sobre todo, significa combatir la pobreza. Pero va más allá y poniéndolo en términos ni Colombia ni otros países deberían permitirse en el futuro la obscenidad de la coexistencia de aviones privados al lado de personas viviendo en la pobreza extrema. ¿Qué tiene que ver estas desigualdades con la paz? ¡Mucho! Pues, se trata de crear las precondiciones para una sociedad que viva en paz. Es claro que las extremas desigualdades sociales hacen imposible crear cohesión social, utilizar el espacio público como núcleo de la democracia e impulsar el desarrollo económico.

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Esto nos lleva a la cuestión final de cómo financiar las medidas previamente mencionadas en medio de esta crisis. Hay que atreverse a dar nuevos pasos: los que tienen más deben hacer una mayor contribución financiera y así también renunciar a algunos de sus privilegios históricos. Es decir, hay que gravar los grandes patrimonios e ingresos de las élites. Pero por muy importantes que sean los cambios a nivel nacional, Colombia seguramente no podrá resolver la crisis sola. Cuando hoy en día se elaboran importantes paquetes económicos de ayuda económica y social en Alemania y Europa, esto no debe hacerse a expensas del apoyo a los procesos de paz y la cooperación al desarrollo en el Sur Global. La actual situación de crisis es también el verdugo de la sinceridad del compromiso de la comunidad internacional: La paz de Colombia ya no está en el foco de las cámaras ni en los titulares de los diarios internacionales. Es por esto que ahora más que nunca, se requiere el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional, que con razón se pide una y otra vez.

* Director Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ (Deutsch-Kolumbianisches Friedensinstitut) Traducción: Marta Kovacsics M.

 

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