“CPI debe ver el impacto de la violencia sexual en las personas LGBT”: Colombia Diversa

María Daniela Díaz, abogada de la organización, estuvo en la sesión anual de Estados parte de la Corte Penal Internacional. El objetivo era dejar clara la impunidad que rodea los casos de violaciones de derechos humanos contra esta población.

Según María Daniela Díaz, los casos de violencia contra esta población suelen ser rápidamente archivados. / Cristian Garavito

La Corte Penal Internacional (CPI), organismo que se creó para juzgar las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH) que permanecen en la impunidad en los países que reconocen su competencia, tuvo en su sesión anual de 2019, por primera vez, a una organización LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y trans). Fue Colombia Diversa, una ONG colombiana que llegó como parte de la Coalición por la CPI, plataforma que reúne organizaciones de países como Malí, Afganistán, Irak y México.

María Daniela Díaz, coordinadora del área de paz y conflicto armado de Colombia Diversa, estuvo en la sesión de Estados parte, en la que se buscó visibilizar la impunidad que rodea los crímenes contra personas LGBT en Colombia. Estas fueron algunas de sus experiencias en esta justicia.

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¿Cómo llega a esta sesión una organización LGBT?

Colombia Diversa llega a esta asamblea de Estados parte siendo la primera organización LGBT colombiana, incluso a nivel mundial, que participa con el objetivo de mostrar cómo la justicia internacional debe empezar a enfrentar la impunidad con los crímenes que se han cometido contra personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en conflictos armados, pero también en otros contextos de violencia generalizada.

¿Cuál fue su participación?

Nuestra participación consistió en dos tipos de actividades. La primera fue como ponentes en eventos paralelos organizados por la sociedad civil, tanto colombianas como de otros países. Hablamos de por qué era importante que se mantuviera el examen preliminar de la Fiscalía de la CPI frente a Colombia, con el propósito de que acompañe el proceso de paz y su implementación, buscando que haya efectivamente justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos. Y también participamos en un conversatorio sobre la violencia sexual en Malí y sobre la deuda histórica de la justicia internacional con las víctimas de violencia sexual.

¿Qué le plantearon a la CPI?

Por un lado, que es fundamental que la justicia colombiana y la internacional reconozcan la deuda histórica que tienen frente a personas LGBT que han sido víctimas de crímenes internacionales, como crímenes de lesa humanidad o de guerra, y que en ese sentido es importante que, a propósito de lo que hace la CPI en Colombia (que es monitorear la situación de acceso a la justicia que hay en nuestro país), esté también vigilante frente a la posibilidad de que este contexto único que creó el Acuerdo de Paz permita por fin que se salde. Nuestro propósito también era visibilizar cómo se cometió el crimen de lesa humanidad de persecución contra personas LGBT en la guerra en Colombia.

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¿La CPI puede, en efecto, hacer algo contra la impunidad de la justicia colombiana en los crímenes contra personas LGBT, incluso en la justicia transicional?

La CPI es una justicia que puede operar solo en tanto los Estados son incapaces de investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos contra la población civil. En esa medida, desde 2004, la oficina de la Fiscalía de la CPI tiene abierto un examen preliminar a Colombia con el objetivo de monitorear activamente que nuestro país, que tiene ese contexto de graves y masivas violaciones a los derechos humanos por el conflicto armado, no deje dichas violaciones y a sus responsables impunes. Nuestra petición es que mantenga este examen, incluso en la JEP, y continúe teniendo este rol de vigilancia activa. Es muy importante, no solo para que siga teniendo este acompañamiento que ha sido tan importante para sortear las embestidas de las que ha sido objeto por parte del Gobierno colombiano, sino para que en su interior se organice mejor y haga un trabajo que permita superar esas condiciones de extrema impunidad en las que se encuentra Colombia.

La población LGBT ha sido sistemáticamente víctima de violencia sexual. ¿Creen que ese puede ser un punto de especial atención para la CPI en el examen preliminar que permita juzgar la impunidad?

Sin duda una de las razones por las que Colombia Diversa se vuelca a hacer este trabajo de incidencia es para que la CPI reconozca que la violencia sexual no solamente ha impactado de forma diferencial y desproporcionada a las mujeres heterosexuales y cisgénero, sino que también lo ha hecho contra personas lesbianas, gais, bisexuales y trans. En ese sentido, la apuesta de lo que queremos que empiece a visibilizarse a través de los informes anuales de la Fiscalía de la CPI respecto a Colombia es que la violencia sexual también impactó a las personas LGBT.

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¿Cuál es el estado de justicia o injusticia en el que se encuentran los crímenes contra personas LGBT?

Podría decir que es impunidad absoluta. Solo hay una sentencia del tribunal de Justicia y Paz de Bogotá que condenó a Arnubio Triana Mahecha y otros postulados de las autodefensas de Puerto Boyacá por una multiplicidad de crímenes, entre ellos por delitos que la sala nombró como motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. Sin embargo, esta sentencia no reconoce la existencia de patrones criminales de violencia en este sentido, pero sí reconoce a las cuatro víctimas y expide una orden para hacer un informe sobre lo que pasaba en el Magdalena Medio con las personas LGBT, que fue lanzado este año. De resto, lo que hemos visto en la jurisdicción ordinaria es que las investigaciones son archivadas, es decir, ni siquiera pasan las fases preliminares de la investigación. La JEP surge como una esperanza de justicia que hay que rodear y sobre la que hay que hacer una vigilancia activa y permanente.

Según usted, las expectativas en la JEP son moderadas, pero ¿eventualmente ustedes qué esperan que suceda?

Esperamos que en el marco de los macrocasos se reconozcan las victimizaciones contra personas LGBT, por ejemplo en casos de regiones como Urabá, o que se identifiquen las violencias específicas en casos como el 007 (reclutamiento), pero además queremos que haya justicia, en la lógica del Acuerdo de Paz: restaurativa, que se concentra en dignificar a las víctimas y explicar qué pasó en sus casos, que haya una sentencia que reconozca que como parte del conflicto, los actores armados cometieron un sinnúmero de violencias entre las que está la violencia por prejuicio contra personas LGBT.

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Beatriz Valdés Correa - @beatrijelena

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