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Hace dos semanas, en el Gun Club de Bogotá, se presentó el ensayo “Las empresas en el posacuerdo”, escrito por María José Viana Cleves, con el apoyo de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, entre cuyos miembros están varios integrantes del Centro Democrático. En primera fila del auditorio estaba el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, quien ese día enfatizó: “El Gobierno, a través de diversas dependencias, incluidos nosotros, estamos discutiendo la prórroga de la Ley de Víctimas (...) Es la oportunidad para que los empresarios sean explícitamente reconocidos como víctimas en el conflicto armado y, por supuesto, sus empresas”. En el mismo recinto también estaba Gabriel Harry Hinestroza, industrial antioqueño que supera los 80 años y hoy preside la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, quien prologó el ensayo de Viana.
(Lea: En Urabá extrañan a sus reclamantes de tierra asesinados)
En el escrito, Harry criticó el Acuerdo de Paz, pero pidió a los industriales ir al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que surgió del Acuerdo, en calidad de víctimas: “El tiempo apremia y los empresarios que fuimos víctimas del conflicto armado, actuando a nombre propio o agrupados, debemos informar a la opinión pública y a las instancias competentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición sobre los hechos que nos victimizaron y sobre los crímenes de los que fueron víctimas nuestras empresas y nuestra comunidad empresarial”.
En posterior entrevista con este diario, Gabriel Harry Hinestroza relató que él fue víctima varias veces del accionar guerrillero en el Urabá. En 1995 su hijo fue secuestrado por el frente 34 de las Farc. Años antes, hacia 1980, un hermano suyo quedó mal herido tras recibir varios impactos de bala de miembros del Epl. Sus empresas también se vieron afectadas por el conflicto. En una ocasión la guerrilla le quemó las máquinas, los vehículos y los cables para transportar el banano. Otra vez, le pusieron bombas al sistema de riego de una de sus fincas. “En estas reuniones, hago ver que los empresarios fuimos víctimas de verdad. No se puede decir que ahora el malo sea el empresario y que los verdugos sean los sanos”.
Sin embargo, su condición de víctima no es la única circunstancia que vincula al empresario Harry con el conflicto armado. También aparece como el gerente de la firma bananera de Urabá Agrochigüiros SAS, incluida en el listado de empresas que fueron señaladas de financiar al Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según declaraciones a Justicia y Paz por parte del excomandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún, conocido en la guerra como Pedro Bonito. En la lista, anexada el 21 de marzo de 2012 a Justicia y Paz, se lee que, según Hasbún, Luis Alberto Sanín Correa y Jairo de Jesús Lopera Lopera le dieron aportes económicos en representación de seis fincas bananeras de la compañía Agrochigüiros.
Las “Convivir”, también conocidas como “cooperativas de seguridad rural”, fueron asociaciones a las que el decreto ley 356 de 1994 les permitió utilizar armas de guerra. En 1997, la Corte Constitucional les impuso limitaciones que llevaron a su desaparición.
Colombia2020 consultó los archivos de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada del Urabá -fundada como Convivir Papagayo-, y allí figura el nombre del empresario Harry Hinestroza. En acta fechada el 28 de mayo de 2004 aparece un cuadro titulado, “Listado de socios”. En la fila número 32 se lee: “Agrochigüiros SA, Gabriel Harry Hinestroza”. Y se enumeran algunas fincas de su propiedad: “Cantarrana, Chambacú, El Paraíso, El Reino, Indira, La Esperanza”. El documento termina con las firmas de Alberto Osorio Mejía, presidente, y María Fernanda Kerguelen, directora administrativa y financiera. Ese día, esta última fue elegida como directora general de la Convivir.
La misma acta da cuenta de que esa reunión se hizo para incluir “como asociados y no bajo la figura de afiliados, a todas las empresas que hacían sus correspondientes aportes (deducciones de tres centavos de dólar por caja de banano exportada), para proveer su propia seguridad en el ejercicio de sus actividades comerciales en todo el sector bananero de Urabá, como lo han venido desarrollando desde hace ocho años, en donde expresamente aceptaron las deducciones a través de las Comercializadoras Internacionales”. Una de esas comercializadoras, según la Fiscalía, fue Banacol y Gabriel Harry Hinestroza hizo parte de su junta directiva entre 2002 y 2004, año del acta mencionada.
La Fiscalía ha probado que las Convivir fueron utilizadas para el desarrollo del paramilitarismo. Por ejemplo, a través de la resolución 02 de agosto de 2018, aseguró que “con auspicio y beneplácito de importantes empresarios del gremio bananero, al financiar las estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, más exactamente el frente Arlex Hurtado al mando de Raúl Emilio Hasbún Mendoza concretaron un convenio que podría decirse se implementó con éxito, consistente en el pago de una suma de dinero que resultaba del descuento de tres (3) centavos de dólar por caja de banano”.
Harry Hinestroza se defiende diciendo que fueron pagos legales: “Todos los finqueros de Urabá, le repito, 325 fincas de banano entregaron tres centavos de dólar, a través de las comercializadoras, a las Convivir”. Un archivo de 2006 da cuenta que Harry Hinestroza seguía siendo socio de esta Convivir Papagayo, que además tiene una historia paralela oscura. En una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá se lee que esa cooperativa “se estructuró como organización matriz, por medio de la cual no solamente se filtraron recursos económicos hacia los grupos paramilitares, sino que también fue la plataforma logística para obtención de material de guerra, intendencia, armas o vehículos para los grupos paramilitares que operaron en Urabá”.
Según el excomandante paramilitar Hebert Velosa, conocido como “HH”, los bananeros hacían aportes a la Casa Castaño, pero decidieron crear “una empresa de seguridad” para que estos fueran legales. “Ese dinero se utilizó para comprar armas y munición, para pagar el sueldo de los muchachos, la bonificación que se les daba, para comprar comida, uniformes, material de intendencia y, desde luego, que ese dinero sirvió para matar gente en Urabá”. Por estos aportes, el fundador de la convivir Papagayo, Alberto Osorio Mejía, fue condenado, pero cuando salió de la cárcel, en septiembre de 2014, fue asesinado. El también representante legal, Arnulfo Peñuela Marín, que llegó a ser alcalde de Carepa, fue condenado a seis años de cárcel en 2010.
Al preguntarle a Gabriel Harry si conocía la destinación del dinero que su empresa entregaba a la cooperativa contestó: “como nosotros no manejábamos las Convivir, no sabíamos cómo manejaban la plata porque, simplemente, eran una cosa organizada y autorizada por el Gobierno”.
Por estos temas, Harry Hinestroza ya rindió testimonio ante una fiscalía de derechos humanos en diciembre de 2015. En dicha diligencia, el empresario precisó que “productores y comercializadoras fueron quienes invitaron a participar con una retención mensual por caja exportada”, pero negó conocer algún documento en el que se oficializara tal descuento.
(Vea: Lo que Urabá le contó a la JEP sobre el despojo de tierras)
“Existe una carta que todos los bananeros firmaron porque ya no podían ir a la región pues las Farc los tenía agotados. Agrochigüiros es una sociedad dueña de las fincas. A la sociedad fue a la que le descontaron, a Gabriel Harry no le descontaron un peso”, recalcó el empresario en diálogo con Colombia 2020. A la contrapregunta de por qué negó entonces conocer algún documento que haya oficializado esos descuentos contestó: “Es que con esas preguntas que usted me está haciendo… ¿Usted es juez de la República?”.
*Nota de la editora: Por error estaba modificada la cita de Gabriel Harry Hinestroza. Al percatarnos hicimos la corrección por las palabras literales del empresario