Los sindicalistas asesinados por los que debe responder “Jorge 40”

Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”, volvió a Colombia el pasado lunes 28 de septiembre luego de pagar una condena de 12 años en Estados Unidos por narcotráfico.

Foto: Jorge 40

El 11 de marzo de 2006, hasta un conjunto residencial de Santa Marta (Magdalena) llegaron agentes del CTI de la Fiscalía para capturar a Édgar Ignacio Fierro, conocido en las filas paramilitares como ‘Don Antonio’. Su captura, más allá de tratarse del lugarteniente del comandante del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, o Jorge 40, se convirtió en uno de los capítulos más significativos para develar la estela de sangre que esa estructura paramilitar dejó en el Caribe y especialmente en el departamento del Atlántico. Al paramilitar le fueron encontrados, entre otros elementos, dos computadores portátiles y dos memorias USB con información detallada sobre las operaciones del bloque. Pero entre los hallazgos resaltó uno: el que revelaba el ensañamiento de los paramilitares contra las organizaciones y líderes sindicales del Atlántico. Muchos de esos crímenes, hasta hoy, siguen sin esclarecerse y las víctimas esperan que “Jorge 40”, tras su llegada a Colombia esta semana, hable de su responsabilidad y la de terceros en estos hechos.

En los equipos, bautizados después como ‘los computadores de Jorge 40’, se encontraron listados de víctimas del Bloque Norte donde perfilaron a líderes sindicales como simpatizantes de la guerrilla. Uno de los nombres allí consignados fue el de Adán Alberto Pacheco, reseñado con el alias de Claudio y como integrante del PC3 (Partido Comunista Clandestino de Colombia), integrante del frente 19 de las Farc con 16 años en la organización subversiva y presidente del sindicato de Electricaribe. Este líder sindical fue asesinado el 2 de mayo de 2005, en Barranquilla. Semanas antes de su asesinato, su residencia fue allanada por miembros del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En enero de 2008, ‘Don Antonio’ fue condenado por este homicidio a 19 años de prisión. Precisamente este paramilitar, comandante en su momento del frente José Pablo Díaz, fue el encargado en la estructura de Jorge 40 de ejecutar con sus hombres los homicidios de decenas de líderes sindicales en Atlántico y de cometer otros delitos. Hechos por los que tiene 27 sentencias condenatorias.

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Otro de los casos que muestra la animadversión de la estructura de “Jorge 40” hacia los sectores sindicales es el de Ricardo Luis Orozco, vicepresidente de la Asociación Nacional Sindical de los Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Anthoc. Uno de los sindicatos más importantes de ese sector y también de los más afectados por la violencia paramilitar. Desde febrero de 2000, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) había alertado sobre el riesgo de ese dirigente sindical y pedido protección al ministerio del Interior y al DAS.

Pese a las advertencias, el 2 de abril de 2001, hacia las 8:30 a.m., Orozco Serrano fue ultimado a bala por un sicario en una calle de Barranquilla. En la sentencia que condenó por este crimen a Carlos Arturo Romero Cuartas, conocido como “Montería”, la jueza dijo que el asesinato probaba la existencia de una lista de objetivos militares “con la que se amedrentaba a un sector de la población: sindicalistas y dirigentes sindicales”. Listado que habría sido remitido directamente por el comandante del Bloque Norte, Jorge 40. En el fallo quedó consignado que Montería confesó que su jefe militar de entonces, Carlos Campo Ortiz, o Moncho, “le dijo en diciembre de 2000 que se iba a desplegar una arremetida contra los sindicalistas, profesores y los estudiantes de la Universidad del Atlántico por su vínculo con el frente 19 de las Farc, que opera en la Sierra Nevada, reiterando la existencia de una lista de personas”.

Antes de ser asesinado, Ruiz Orozco venía investigando junto con el sindicato Anthoc el desvío y la cooptación de los recursos de la salud por parte de los paramilitares. Así también quedó ratificado en la sentencia de 2013 que condenó a Jorge 40 a 19 años de prisión por ese crimen. Por este caso, en el que además hubo participación de un agente del Gaula de la Policía, próximamente será radicada ante la Fiscalía, según conoció Colombia2020, la solicitud para que este asesinato sea declarado un crimen de lesa humanidad.

El de la salud no fue el único sector donde los sindicatos se opusieron a que la estructura paramilitar tomara el control de las instituciones. Tal vez el caso más emblemático sea el de la educación pública y para el caso del Bloque Norte la Universidad del Atlántico. En esta se cometieron alrededor de 30 asesinatos contra líderes estudiantiles, profesores y trabajadores sindicalizados. Uno de ellos, el del profesor y sindicalista Jorge Freytter Romero, integrante de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (Asojua). No solo defendió allí los derechos de los pensionados de la universidad, sino que fue una voz de protesta contra la incursión paramilitar en la universidad.

Así lo consideró la Fiscalía General en enero de este año, cuando declaró este homicidio como un crimen de lesa humanidad. “Resulta evidente para este despacho que, tratándose del homicidio del profesor Freytter (…) se presentó una repetición de actos (falsas denuncias, persecución penal y homicidio) dentro de un periodo determinado (1997 a 2006) en contra de un grupo determinado, en este caso miembros de la universidad que realizaban denuncias o que en general fueron opositores de la llegada de grupos de extrema derecha al alma mater”. (…) resulta obvio el interés de acallar cualquier voz de protesta en contra de aquellos que por las armas querían obtener el poder en la ciudad".

Al profesor Freytter Romero lo abordaron hombres en una camioneta el 28 de agosto de 2001 en Barranquilla y lo condujeron a una bodega donde fue torturado. Al día siguiente, el 29 de agosto, su cuerpo fue encontrado sin vida. Por ese homicidio están condenados Carlos Arturo Romero, Montería, y el agente del Gaula de la Policía Rafael Enrique Mariano Silvera, conocido como “Mariano” o “Adriano”. “Montería” ha señalado la participación de funcionarios de la universidad en este y otros crímenes de los que participó o fue testigo.

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El caso del profesor Freytter fue llevado por sus familiares y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se suscribió un acuerdo de solución amistosa con el Estado colombiano por el que El pasado 24 de septiembre se hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado por ese crimen. Allí, Camilo Gómez Álzate, como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano reconoció y pidió perdón por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Jorge Adolfo Freytter. Perdón que la familia del profesor no aceptó. Jorge Freytter Florían, hijo del docente, le dijo a Colombia2020 que todavía hay mucho por esclarecer en el caso de su padre. “Insistimos en que Jorge 40 hable de cómo se tomaron las universidades, quiénes eran sus fichas con nombre propio dentro de los gobiernos universitarios en este caso de la Universidad del Atlántico, quiénes eran de la nómina del paramilitarismo para darles listados de docentes críticos; cómo se diseñaron y planificaron todos estos asesinatos contra el sindicalismo y de dónde venían esos recursos económicos”, expresó.

Uno de los casos más emblemáticos en este sector en el Atlántico fue el del profesor Alfredo Correa de Andreis, asesinado el 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla. Este caso, por su parte, sí tiene condenados a quienes fueron los máximos responsables: Jorge Noguera, entonces director del DAS, y “Jorge 40”, del Bloque Norte. Además, fue por este caso que quedó al descubierto la alianza criminal, entre ese departamento de seguridad estatal y los paramilitares, en la que Noguera habría puesto a disposición de los armados los servicios de inteligencia de esa entidad.

Pero hay otro caso del sector de la educación en el que se espera Jorge 40 aclare responsabilidades. El de los profesores Roque Morelli y Julio Otero, y el estudiante Hugo Maduro de la Universidad del Magdalena, asesinados entre mayo de 2000 y septiembre de 2002. Los tres fueron voces críticas contra el proyecto que en ese momento se llevaba a cabo en esa universidad, denominado la ‘Refundación’, a cargo del entonces rector Carlos Caicedo, hoy gobernador del Magdalena. Por esos tres homicidios han sido condenados algunos paramilitares e incluso un agente de la Sijín como autores inmediatos de los hechos. Sin embargo, como determinadores están vinculados a la investigación “Jorge 40” y Carlos Caicedo. En el caso de este último ha habido testimonios cruzados por parte de paramilitares que en algunos casos sostienen que estaría involucrado en los asesinatos y en otros lo niegan e incluso afirman que él, como rector de la universidad, era uno de los objetivos de los paramilitares. Los familiares de las víctimas han señalado desde entonces a Caicedo como determinador de los crímenes.

Actualmente, la dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) está por publicar un detallado informe sobre el accionar del Bloque Norte, construido a través de los testimonios de exparamilitares de esa estructura. Juan Camilo Bustos, uno de los investigadores, aseguró que una de las tesis de ese documento es que hubo una persecución sin pausa contra los sindicatos. “La figura de los sindicatos se asoció automáticamente con grupos guerrilleros, y eso para el Bloque Norte y “Jorge 40” era imperdonable. Pero, si bien hubo una persecución abierta, también había otras motivaciones y un factor financiero. Los sindicatos se volvieron una piedra en el zapato para el Bloque Norte porque hacían un activismo amplio de denuncia en contraposición a las entradas del paramilitarismo a ciertos sectores importantes de la Costa, como el de las universidades, donde hubo mucha resistencia”, puntualizó.

Allí es donde podría estar el aporte a la verdad por parte de “Jorge 40”, dice Yessica Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que lleva los casos de varias víctimas del sector sindical del Bloque Norte. “Falta por saber en esos homicidios quiénes más se beneficiaron. En algunos casos hemos visto que los paramilitares actuaron conjuntamente con organismos del Estado, pero tuvieron que haber actuado con directivos de la universidad, por ejemplo, en la del Atlántico. Tiene que decir cómo entraron a las universidades. No puede ser que en la del Magdalena echaron en su momento a varios celadores y otros trabajadores para poner paramilitares a hacer vigilancia. Eso no puede haberse organizado sin que hubiese un mínimo conocimiento de algunas personas dentro de las universidades. Hoy eso no se sabe”, dijo la abogada.

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El capítulo minero en el Cesar

No solo en el Atlántico y en el Magdalena los líderes sindicales fueron perseguidos por los hombres al mando de Jorge 40. En el corredor minero de carbón del Cesar, “Jorge 40” también tiene responsabilidades por aclarar. Principalmente, en el doble homicidio de Valmore Locarno Rodríguez y Victor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Sintramienergética, sindicato de la multinacional carbonera Drummond. El 12 de marzo de 2001, tras terminar su turno en la mina La Loma y cuando ambos líderes se desplazaban en un bus de la empresa, el vehículo fue interceptado por paramilitares del frente Juan Andrés Álvarez. A Locarno lo asesinaron allí mismo y el cadáver de Orcasita apareció después. Por ese doble crimen fue condenado en 2009 el paramilitar Jairo de Jesús Charris Castro, o “El Viejo Miguel”, y en 2013, Jaime Blanco Maya, quien para la época tenía el contrato de suministro de alimentos con la empresa.

Lo que han establecido las autoridades hasta ahora es que los dos líderes sindicales se volvieron un objetivo para Blanco Maya, pues venían presionando para que se cambiara el operador del suministro de alimentos para los trabajadores por mala calidad, lo cual le quitaría el contrato. Sin embargo, actualmente por esos homicidios son investigados seis directivos de la Drummnond que fueron llamados a indagatoria en octubre pasado: Augusto Jiménez, presidente de la carbonera en Colombia entre 1990 y 2012; José Miguel Linares, vicepresidente ejecutivo de la época y actual presidente; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad, capturado en 2015 y dejado en libertad; Jorge Garzón Hernández, director de seguridad de ferrocarril entre 1996 y 2006, y Ricardo Linero y Luis Rodríguez Victoria, coordinadores de seguridad de la mina entre 1996 y 2005.

Pero el caso de los sindicalistas asesinados sería apenas una pieza en la supuesta relación que investiga la justicia entre la carbonera y el grupo paramilitar de Jorge 40. Exintegrantes del frente Juan Andrés Álvarez han declarado que la carbonera financió durante años a esa estructura paramilitar. El propio Blanco Maya ha reconocido que a través de su empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA) se canalizaron recursos que terminaban en las arcas del frente Juan Andrés Álvarez, mediante sobrecostos en las facturas de los alimentos.

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La Drummond, a través de una respuesta enviada a Colombia2020, fue enfática en asegurar que la empresa “no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley. En cuanto a las acusaciones contra la compañía y algunos de sus ejecutivos en relación con el asesinato de líderes sindicales y otras presuntas violaciones de derechos humanos, jamás la empresa o sus directivos han tenido nada que ver con esas imputaciones y desde siempre han colaborado con las autoridades colombianas en sus investigaciones”. Además, recordó que esos señalamientos fueron desestimados en cortes de Estados Unidos, hasta donde familiares de las víctimas llevaron los casos, pues la carbonera es de origen estadounidense.

“En las últimas dos décadas, Drummond ha ganado cada uno de los casos presentados en su contra. En esas instancias se ha establecido que los testigos que declararon contra la compañía recibieron compensaciones económicas por sus testimonios, los cuales resultaron contradictorios y/o falsos. Esto llevó a un Juez federal en Estados Unidos a encontrar una causa probable de que Terrence Collingsworth, el abogado que presentó las demandas contra Drummond, participó en el soborno y perjurio de los testigos. Esto fue denunciado por Drummond ante la Unidad Quinta de Falsos Testigos de la Fiscalía General de la Nación, entregando las pruebas correspondientes”, dijo la carbonera.

Sin embargo, el capítulo entre la Drummond y otras carboneras del Cesar y su relación con los paramilitares aún no está cerrado, pues sigue siendo investigado por la Fiscalía. Por eso, lo que declare “Jorge 40” sobre este episodio es fundamental, más aún cuando antiguos paramilitares han señalado que él les ha ordenado no hablar de la relación con esa empresa. Por ejemplo, Jhon Jairo Esquivel, conocido como “El Tigre”, primer comandante del frente Juan Andrés Álvarez, dijo que “Jorge 40” fue a verlo en prisión y le habría dicho “cada quién sálvese como pueda y diga lo que tenga que decir, pero no hable de Drummond”. Este testimonio lo rindió “El Tigre” en el proceso que las cortes de Estados Unidos desestimaron, pero en Colombia la verdad aún está pendiente.